Una investigación presentada por el grupo ecologista WWF, histórica organización vinculada a Doñana, calcula que el número de hectáreas de cultivos ilegales que se podrán regular en el entorno de Doñana sería de hasta 1903,7 hectáreas frente a los 700 hectáreas que calcula la Junta de Andalucía.

La superficie calculada por los ecologistas sería el equivalente a 2000 campos de fútbol ubicadas en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado se beneficiarían de la controvertida ley que tramita el Gobierno de Andalucía. La superficie de 1903,7 hectáreas que se riegan ilegalmente fuera de la zona agrícola regable del Plan Especial provienen de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. En ambos casos, transformados ilegalmente entre 2004 y 2014. 

Ejemplo de transformación efectuada en el periodo 2004-2015 dentro de zonas B y C del Plan Especial.

WWF llega ha esta conclusión en una investigación realizada con imágenes de satélite que detalla los cambios y la evolución de estos regadíos desde hace más de una década. La investigación de WWF muestra que las fincas ilegales que se beneficiarían de la amnistía se pusieron en regadío después de la aprobación en 2004 del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD), es decir, con conocimiento pleno de que eran ilegales en materia de ordenación del territorio y de que no tenían derecho legal al agua. 

En rueda de prensa en Huelva, el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz, y el coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, han explicado que para obtener esa cifra se han cruzado los datos de la superficie en regadío en la zona entre 2004 y 2014 con lo recogido en la proposición de Ley.

Mapa elaborado por WWF.

 “Con esta ley el gobierno del presidente Moreno Bonilla aumentará la superficie de regadío y por tanto la presión sobre la exhausta Doñana como le ha recriminado la Comisión Europea, permitiendo a los ilegales seguir robando agua y lucrándose gracias a un acuífero sobreexplotado, mientras esperan un agua superficial que no existe. Además esta ley legalizaría definitivamente la transformación de cientos de hectáreas forestales y de secano de alto valor para la biodiversidad en cultivos bajo plástico”, explica Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. 

En este sentido Olmo ha destacado que legalización de cultivos supone "una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno".