España entró en sequía meteorológica en 2022 y aún no ha salido. Las consecuencias las estamos viendo ya, especialmente en las zonas más castigadas -Andalucía y Cataluña- pero no es nada comparado con lo que podríamos sufrir si esta situación se mantiene. Por lo pronto, en 2023 la sequía de nuestro país fue la novena catástrofe climática más grave. Y aún seguimos en esas.  

Así lo revela el I estudio de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (Facsa), del grupo Gimeno, realizado junto con la consultora de Asuntos Públicos Red2Red, que asegura que España ocupa el tercer lugar en estrés hídrico en Europa, después de Malta y Bélgica, con un aumento "importante" del volumen de aguas residuales tratadas hasta 2004, y el de las reutilizadas hasta 2006, según datos recogidos hasta 2020.

España tiene una capacidad de embalse de 56.000 hectómetros cúbicos (hm3), con un volumen de agua embalsada hasta el 13 de febrero de 2024 del 51,1 %, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y de acuerdo al documento de Facsa, el país tiene una situación de estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad del recurso) del 42 %.

"España, a pesar de ser uno de los países con mayor estrés hídrico de la Unión Europea (UE), presenta una creciente demanda de agua, sobre todo, debido a la transformación del cultivo de secano a regadío", ha asegurado en un comunicado el director general de Facsa, José Claramonte.

Una situación que contrasta con el vecino Portugal, donde el índice de estrés hídrico solo alcanza el 12%, a pesar de afrontar una situación similar en cuanto a la afectación de sequía, según Facsa, que señala que el Gobierno luso ha aprobado un plan de contingencia que va a afectar a la agricultura y al consumo doméstico en la región del Algarve.

Según Claramonte, en España existe un aumento de la superficies de cultivos, con el impacto del cambio climático, a lo que se une el incremento de población. Por este motivo, en su opinión es necesario y "urgente" invertir en infraestructuras para el ciclo integral del agua y renovar las ya existentes dotándolas de mayor eficiencia, así como invertir en aquellas que permitan incrementar la oferta del agua mediante usos no convencionales, como la reutilización o la desalación, y que "disminuyan al mismo tiempo el impacto de la escasez de agua dulce como un recurso convencional".

Según el estudio de Facsa, que aborda el modelo del agua actual a través de sus diferentes usos, el mayor porcentaje del consumo corresponde al sector agrario (80 %), seguido del doméstico que apenas llega al 15,5 %. Mientras, en el entorno urbano, el estudio detecta una disminución de la disponibilidad del agua desde el 2005.

La gestión del agua, un elemento finito, se ha convertido en un "elemento clave" para el desarrollo en España, apunta el estudio, y depende de factores como el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el surgimiento de nuevos usos, y la crisis climática.

Por ello, el grupo Facsa concluye que España necesita incorporar un ente regulador del ciclo urbano, al tiempo de homogenizar la estructura tarifaria en todo el país, para lo que propone la creación de un Fondo Nacional del Agua que permita el aumento de infraestructuras y una mayor inversión, en línea con la colaboración público-privada.

El objetivo es adecuar cuanto antes el modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro que apoye a una planificación hidrológica basada en la "solidaridad entre territorios", así como afrontar la "escasez de infraestructuras y la necesidad de renovar las existentes", mejorar su eficiencia y apostar claramente por la innovación y la digitalización.

Según el documento, aunque los niveles de gasto público vinculados a nuevas infraestructuras alcanzaron un 5,1 % interanual hasta septiembre de 2022, en el ámbito del agua, entre 2014 y 2020 España "apenas ejecutó la mitad de los compromisos presupuestarios fijados por Bruselas, un total de 27.655 millones a 30 de enero de 2023".