Sevilla, Tarrasa, Zaragoza, Vitoria o Valladolid, entre otras, son ciudades españolas con el servicio de abastecimiento del agua gestionado por entes públicos y que en los últimos meses han debatido sobre el aumento o la congelación de los precios del recibo.

En el caso de la capital andaluza, el Pleno de Sevilla aprobó una subida tarifaria en 2023 que supone el 50% de incremento a partir de este año. El motivo inicial era cubrir lo relativo al saneamiento, es decir, vertido y depuración, según el Ayuntamiento. No obstante, cientos de personas se manifestaron en protesta de esta subida y aseguraban que sus salarios “no daban para pagar el agua”.

En el caso de los consumos domésticos normales -hasta 110 litros-, la subida es de un 18% a repartir en un 9% para 2024 y mismo porcentaje en 2025. Por tanto, estos hogares pagarán 1,85 euros más al mes. Además, Emasesa, la empresa pública que gestiona el agua en Sevilla, fija un consumo alto (de más de 110 a 130 litros) y un consumo excesivo (más de 130 litros). Para los primeros, la subida en 2024 será de un 17,5% y del 9,8% en 2025; en el caso del consumo excesivo, el incremento será del 30,1% el año que viene y del 9,8% en 2025.

Una casuística que se ha extendido este año a otros municipios de España, como Tarrasa (Barcelona), donde el Ayuntamiento ha decidido para este año aumentar también el precio del agua. En este caso, la razón emitida por la empresa pública Taigua es mejorar el servicio debido a las múltiples fugas que se han reportado en los últimos meses durante la sequía que ha atravesado Cataluña.

Las tarifas han subido para algunos casos un 176%. Y es que, se ha creado un primer tramo de consumo limitado a 60 litros por persona al día, “inaccesible para la mayoría de los ciudadanos”, advierten vecinos de este municipio, que comparan esta cifra con la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijada en 100 litros por persona al día.

Zaragoza también decidió en 2023 subir el precio del recibo del agua hasta un 8,5%. El incremento obedece, según el Consistorio, al encarecimiento del coste de la energía, que obligará a pagar 2,3 millones de euros más. Para una familia de tres miembros, la variación será de unos 12,79 euros al año, pasando de un recibo de 149,30 euros a uno 162,09, sin incluir el IVA. 

Existen, no obstante, bonificaciones para las rentas más bajas por parte de la empresa pública de aguas de la capital aragonesa. Así, aquellos hogares que ingresen un máximo de 16.900 euros experimentarán una modificación de 2,82 al aplicarse una rebaja del 73%. Por su parte, los que tengan una renta de hasta 22.000 tendrán una bonificación del 50% y los que lleguen a un máximo de 24.200 € obtendrán una rebaja del 4,86%, teniendo que pagar en torno a 12 euros más por el agua.

En Valladolid, el gobierno local congeló en 2023 la tarifa del agua, que será la misma en los próximos diez años. El Consejo de Administración de Aquavall, la entidad pública que gestiona el agua, decidió prorrogar los precios ya que la estimación de los ingresos y gastos disminuyó, por lo que alegaban que no era necesario.

En la ciudad vallisoletana, desde 2017 hasta 2023 el número de sucesos relacionados con el funcionamiento de la red superó los 770, así como el de fugas, que se situó en 188, según la propia Aquavall.

La congelación tarifaria también se ha dado en Vitoria. El Partido Popular, para apoyar al candidato al presidente del Consejo de Amvisa, la empresa pública gestora, ha acordado con el PSE-PNV no subir los precios. Amvisa ha conseguido cerca de 8 millones de financiación europea para desarrollar el proyecto Smart 2025, lo que permitirá digitalizar la gestión.