La batalla de los grandes terratenientes por cazar en el Parque Nacional de Cabañeros

Las 40.856 hectáreas del Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha), además de hogar de grandes rapaces, cigüeñas negras y escenario del espectáculo de la berrea, se despiertan como un bosque del que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca "sus viejos encinares, alcornocales, y el aromático matorral mediterráneo".

El entorno que se extiende por las provincias de Toledo y Ciudad Real ejerce como cuna de una flora y fauna única, aunque el difícil aprovechamiento económico y el complicado reparto de su suelo convierte a Cabañeros, 'el Serengueti español', en un terreno de guerra total entre sus propietarios.

Un 63,1% del espacio de Cabañeros pertenece al Estado, mientras que el 36.9% restante está en manos privadas. Desde su nombramiento como Parque Nacional en 1995, el enclave de los Montes de Toledo levanta suspicacias por su reparto y función. El último episodio de la saga lleva a Cabañeros al Parlamento Europeo, institución a la que ha recurrido la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) para reclamar que se autorice la actividad cinegética ante "un crecimiento descontrolado de las poblaciones de ungulados" que habría provocado daños severos en los hábitats naturales protegidos. Esto es, los propietarios de fincas privadas quieren que se vuelva a cazar para evitar el deterioro del parque causado por la sobrepoblación.

El portazo a la caza en Cabañeros

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, institución de la que dependen los parques nacionales, niegan que las poblaciones de ungulados estén fuera de control. Recuerdan que hay en marcha un plan de reducción de ejemplares que en 2023 tenía previsto acabar con 2045 ciervos y 626 jabalíes. Unas cifras que en el caso de los ciervos se habría superado con 2010, ya que una enfermedad acabó con centenares, y en el caso de los jabalíes se ha quedado corta con 417 cabezas menos. "Son más difíciles de capturar", aseguran las fuentes.

Estas capturas se habrían hecho en los terrenos públicos del Parque Nacional, ya que en las fincas privadas no tienen permiso para acceder. Desde el Ministerio se recuerda que la prohibición de cazar en los parques nacionales está vigente hace diez años, desde el 5 de diciembre de 2014.

El enfrentamiento de los propietarios privados con el Estado es total. La AAPNC ha llevado el caso a la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo e instará a la Comisión Europea a investigar un posible incumplimiento de la normativa comunitaria en la gestión del Parque Nacional de Cabañeros, en particular de las Directivas Hábitats y Aves, que obligan a los Estados miembros a garantizar el estado de conservación favorable de los ecosistemas y especies prioritarias. Además, alega una gestión negligente porque el plan se aplica solo en la mitad del parque "y la otra se está dejando desamparada".

"Fuimos a la Comisión Europea y echó para atrás la denuncia. No es sorprendente cuando la vicepresidenta es Teresa Ribera, que es la que tiene las competencias del parque. Ribera no se va a denunciar a sí misma", indica la AAPNC en conversación con El Independiente.

Los 'vecinos' de Cabañeros defienden que, según los datos extraídos del 'Informe de valoración de daños sobre la vegetación en la finca Cabañeros como consecuencia de la prohibición de la actividad cinegética', elaborado por el ingeniero de montes Rafael Sánchez Pérez de Villaamil -socio director de Tecniagro, una empresa de gestión agroforestal y cinegética- la población de ungulados ha generado un grave impacto en el equilibrio ecológico, la pérdida de cobertura vegetal y los procesos de erosión han transformado parte del monte en terrenos desnudos de escasa fertilidad y 13 especies de flora sufren daños insostenibles.

Desde el Ministerio afirman no conocer el estudio al que hace referencia la asociación de propietarios. "Nosotros los controles lo hacemos en base a la ciencia que nos proporcionan instituciones como el CSIC y la Universidad de Castilla La Mancha. Según sus cuentas la cifra ideal es de 20 cabezas por hectárea y estiman que ahora está en 25. "Lo que no sabemos es de donde se sacan que hay 70, citan un estudio pero no lo hemos visto ni quién lo ha hecho".

Las fuentes consultadas en el Ministerio consideran que detrás de las demandas de la asociación de afectados hay una estrategia para volver a cazar en el Parque Nacional. "Esta no es una asociación de pequeños propietarios, son grandes terratenientes. Las fincas pertenecen a familias muy ricas que quieren volver a cazar en el Parque", aseguran.

Si bien las fincas de las que habla el ministerio pertenecen a familias con apellidos destacados en el mundo económico, como Alcocer, Cortina, Borbón, Aznar y Oriol, se trata de fincas cinegéticas que en la actualidad solo pueden desempeñar esa labor en los terrenos que tengan fuera de Cabañeros. En este sentido el Estado ha ido, progresivamente, adquiriendo fincas privadas del parque para aumentar la titularidad pública del mismo.

La AAPNC destaca la petición de los eurodiputados de crear una comisión de investigación para visitar el Parque y evaluar sobre el terreno los problemas medioambientales que afectan a las zonas de propiedad privada, "derivados de la falta de gestión asociada a las restricciones vigentes".