La familia de Norma Duval se enfrenta a una nueva tragedia. Juan Carlos Rojas, el hijo mayor de Carla Duval, se ha quitado la vida a los 36 años en la mañana del jueves en Boadilla del Monte, Madrid. Solo dos meses después de ser padre, una depresión se ha llevado al sobrino de Norma, que está destrozada. La familia soporta como puede este duro trance que llega tras una vida marcada por los malos recuerdos.
En el año 2010, Carla Duval falleció a causa de un cáncer, dejando a tres hijos. Juan Carlos era el mayor, nacido de su relación con el empresario mexicano Rafael Rojas. Nació en México en 1988, pero un año más tarde sus padres se separaron y la intérprete se volvió a España, a Madrid, para estar con los suyos.
Las mellizas, huérfanas de padre y madre
A pesar de ser el más desconocido de la familia, la vida de Juan Carlos Rojas también se contó en el papel cuché. Sin embargo, cuando Carla falleció ya era mayor de edad y se fue a vivir solo, en un apartamento, y la casa en la que había crecido junto a su madre y sus hermanas pequeñas se alquiló. Paula y Andrea, las dos niñas mellizas fruto de la relación de la actriz con Santiago Paredes, se fueron a vivir con su tía, Norma Duval.
Solo seis años después de la muerte de Carla Duval, el padre de las mellizas falleció de un ataque al corazón. Por lo tanto, las dos niñas se quedaron huérfanas de padre y madre, y ahora han perdido también a su hermano, la única familia de primer grado que les quedaba.
El fallecimiento de la abuela y los problemas con la ley
Pero es que la familia ha tenido pocos momentos de descanso. Un año después del fallecimiento de Carla, a su madre le diagnosticaron la enfermedad de Alzhéimer. La salud de Purificación Aguilera estuvo once años deteriorándose y Norma se centró en sus cuidados, dejando de lado incluso su relación con Matthias Kühn. Finalmente, falleció en 2021 a los 89 años, habiendo cumplido su hija la promesa de cuidarla hasta que se fuera.
Un año más tarde, Norma Duval y Matthias Kühn se casaron en secreto en Gstaad (Suiza) tras más de una década de relación en la que habían roto y vuelto un par de veces. Un tiempo en el que el empresario alemán, afincado en Mallorca, también había tenido su propia batalla con la ley. Ha estado más de una década de pleitos por una propiedad en la zona de Muleta del Puerto del Sóller.
Pero, por fin, este año el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a la institución, que debe pagarle 96 millones de euros al considerar que la actuación del Ejecutivo autonómico vulneró sus derechos. La condena establece el pago con dinero público de 63,5 millones de euros más los intereses devengados desde mayo de 2009, fecha de la primera reclamación a raíz de la inclusión de Muleta en una ley de protección de espacios naturales durante el segundo Govern de izquierdas.
"La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013", detallan los abogados.
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