Al plan del Gobierno de reformar el Poder Judicial para rebajar la mayoría de votos necesarios en el Congreso y en el Senado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empiezan a brotarle múltiples aristas. El recurso que cabe al Tribunal Constitucional -y que ya se han comprometido a presentar PP, Cs y Vox- no llegará hasta que no se apruebe la reforma de la Ley Orgánica en el Congreso y, aún así, la iniciativa estaría en vigor hasta que el citado tribunal se pronunciase, puesto que no cabe suspensión cautelar. Por ello, todos los ojos se dirigen al peso que pueda tener Bruselas para que el Gobierno dé marcha atrás, sobre todo si lo que está en juego es la recepción del fondo de recuperación, por el que a España le corresponderían 140.000 millones entre ayudas directas y préstamos a devolver.

La noticia fue recibida en los pasillos de Bruselas con "estupor", "preocupación", "consternación" y hasta "espanto", según varios altos cargos del Parlamento Europeo consultados por El Independiente. El "alarmismo" por la proposición de ley registrada el pasado martes en el Congreso por los grupos de PSOE y Unidas Podemos impregnó incluso a las filas socialistas europeas, no sólo por la "gravedad" de una cuestión que entraría a cuestionar, de facto, un principio básico como es la separación de poderes en España, sino que "puede impedirnos recibir el fondo europeo de recuperación" que, aunque pueda parecer lo contrario, aún no se ha aprobado y sigue bloqueado en el Consejo Europeo.

Los 140.000 millones del fondo "sí podrían ponerse en riesgo", suscribe el economista y vicepresidente de Renew Europe, Luis Garicano, que apunta también a la amenaza de perder la "reputación" de España en Europa y no duda en equiparar directamente la propuesta de reforma del Poder Judicial con "actuaciones como las del Gobierno polaco, ocupando la judicatura de forma partisana".

"Es una actuación muy peligrosa", afirman otras fuentes autorizadas europeas de distinto signo político que prefieren permanecer en el anonimato, y que coinciden no obstante en rebajar la euforia de Moncloa -donde siguen convencidos de que el fondo europeo no peligra por la reforma del Poder Judicial, según publica El Mundo- y en recordar que, si el Consejo Europeo acepta que respetar el Estado de Derecho sea condición sine qua non para el reparto de dinero, la Comisión Europea, 'guardiana' de los Tratados, "no aceptaría" que las ayudas llegasen a España precisamente por vulnerar la separación de poderes. "Es la peor jugada posible en el peor momento posible, que deja a España en una posición muy delicada con respecto al fondo", advierten, porque "quebrar la división de poderes implica quebrar la democracia".

El bloqueo de Polonia, Hungría... ¿y España?

Pese a lo que pueda parecer, el fondo europeo está en una situación de bloqueo que, al menos de momento, hace imposible su recepción temprana. El Parlamento Europeo exigió por consenso al Consejo el pasado mes de julio que la recepción del fondo de recuperación debía incluir la condicionalidad del respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes, un requisito para el que es necesario el aval de todos los Estados miembro. O lo que es lo mismo: un sólo país puede bloquear el desembolso de los 750.000 millones. Y Polonia y Hungría se niegan a aceptar esa cláusula.

Si bien el Consejo Europeo aprobó antes de verano el fondo de recuperación por unanimidad sin la mencionada condición, en septiembre el Parlamento reiteró su exigencia, y subió la apuesta: si el Consejo no recogía el respeto a la división de poderes como condición para repartir las ayudas, éste no aprobaría el Marco Financiero Plurianual, entendido como el aval sin el que Bruselas no puede solicitar el crédito para el fondo de recuperación y, por tanto, no habría ayudas. "El planteamiento del Parlamento es fácil de entender. ¿Que Polonia y Hungría tienen un problema con el estado de derecho? Que lo resuelvan y cobrarán", explica un alto cargo del Parlamento.

Pero la situación se enquistó aún más hace 48 horas, cuando Finlandia, Dinamarca y Holanda amenazaron justo con lo contrario a lo que exigen Polonia y Hungría: si el fondo no incluye la condición de respeto a la separación de poderes, serán ellos los que bloquearán el fondo en el Consejo.

En mitad de este escenario tan complejo ha aparecido España con una reforma legal que pone en cuestión, precisamente, la división de poderes en nuestro país, lo que la deja "en una posición de total aislamiento" respecto a la mayoría comunitaria, cuenta otra eurodiputada, y "pone al descubierto que puede haber populismo de derechas, pero también de izquierdas. Y ambos dañan el futuro de la Unión Europea. Las malas prácticas se pagan", afirma. Esta decisión "sitúa a España en la misma línea de negociación en la que están Hungría y Polonia. Será Sánchez quien exigirá que no se acepte esa condición", sostiene en este caso un dirigente del Grupo Popular, que advierte además que el paso adelante Sánchez en su intento por asaltar el Poder Judicial será utilizado por los países frugales, reacios a la aprobación del fondo, para dificultar su ratificación, lo que pondría en peligro su puesta en marcha y, por tanto, la recuperación de economías ya deprimidas como la española.

La Comisión pararía la adjudicación para España

"Sánchez no ha medido el riesgo en un momento en que el estado de derecho es el único tema aquí", escribía el propio Garicano en la red social Twitter, para denunciar el "atropello" que supone una decisión de estas características en plena negociación del cómo, cuando y a quién se reparte el fondo Covid en Europa.

Y es que si el Consejo lograse deshacer el entuerto en que se encuentra en estos momentos y se aprobase un mecanismo fuerte de defensa del estado de derecho para acceder al dinero europeo, pasaría a ser competencia de la Comisión Europea vigilar y decidir quién cumple y quién no este requisito. Y España, de aprobarse la reforma de PSOE y Unidas Podemos para que sea el Ejecutivo el que diseñe el órgano de gobierno de los jueces en nuestro país, no pasaría ese filtro, según coinciden todas las fuentes consultadas.

Se da la circunstancia nada menor de que los dos comisarios responsables de decidir qué países están en condiciones de cobrar las ayudas en función de su respeto al estado de derecho son Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia; y Didier Reynders, comisario de Justicia, ambos pertenecientes al grupo Renew Europe (Ciudadanos), y ambos "espantados" con el intento de reforma judicial del Gobierno de España, según fuentes cercanas a ambos dirigentes. No entienden, por tanto, que en Moncloa den por segura la recepción de los fondos pese a la reforma, ya que además de los dos dirigentes mencionados, los otros dos cargos con más voz en esta decisión -la presidenta, Ursula von der Leyen; y el responsable del área económica, Valdis Dombrovskis- pertenecen al Grupo Popular.

"No sería sorprendente que, si el clima político en España sigue enrareciéndose a la velocidad que lo hace, nos encontrásemos en la misma situación que Polonia y Hungría cuando llegue el momento de decidir si se nos van a adjudicar los fondos o no", explican las mismas fuentes. De hecho, el Gobierno de Polonia, de extrema derecha, ya ha dejado en evidencia la maniobra de Sánchez y ha preguntado directamente a la Unión Europea si va a intervenir España por la reforma que plantea del CGPJ como lo ha hecho con Polonia, para reclamar igualdad de condiciones a la Comisión Europea.

"Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, que hará Bruselas si España nombra el GGPJ por la mitad más uno?", escribía en Twitter el número dos de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski. No ha sido el único. También el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta, ha lamentado que "la Comisión Europea y los alemanes están creando mecanismos para poner a Polonia en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto".