La Unión Europea ha llegado este jueves a un acuerdo para crear un certificado europeo que facilite desde este verano viajar a los europeos que hayan sido vacunados contra el coronavirus, tengan anticuerpos o dispongan de una PCR negativa, después de que el Parlamento europeo cediera ante los Veintisiete y renunciara a la gratuidad que exigía para los test.
El documento, que será multilingüe, gratuito y se expedirá tanto en soporte digital como físico, se llamará finalmente "Certificado Covid digital de la UE" y será válido en toda la UE desde el 1 de julio.
El certificado no librará de manera automática al viajero de tener que cumplir restrictivas al llegar su destino, como el cumplimiento de una cuarentena o un nuevo test PCR, pero sí recoge el compromiso de los Estados de miembro de abstenerse en principio de imponerle este tipo de medidas adicionales.
"Fumata blanca: Tenemos un acuerdo sobre la propuesta para un Certificado Covid digital europeo", ha anunciado el comisario de Justicia, Didier Reynders, a través de las redes sociales tras varias horas de negociación con el Parlamento europeo y los Veintisiete.
"El Parlamento europeo no ha conseguido lo que exigíamos pero sí hemos mejorado sustancialmente las propuestas", ha asegurado el jefe negociador de la Eurocámara y eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, al asumir que las capitales no han aceptado ni la gratuidad obligatoria de las PCR ni la exención de medidas restrictivas.
López Aguilar, que ha comparecido ante la prensa tras la quinta ronda de negociaciones que ha culminado en el acuerdo, ha querido destacar que el consenso logrado supone que el Consejo acepta el principio de restaurar el derecho de libre circulación en el espacio sin fronteras Schengen para todos los europeos y también que habrá una "reducción sustancial" del coste "insufrible" de los test.
El acuerdo alcanzado entre los negociadores del Consejo y de la Eurocámara, que deberá aún ser validado por los 27 y por el pleno del PE, prevé también que las restricciones que se apliquen a los viajeros titulares de este certificado sean "proporcionadas" y se fijen en función de lo que establezca el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
Tales medidas deberán ser notificadas con al menos 48 horas de antelación por el Estado miembro a sus socios y a la Comisión, que informará a su vez al Parlamento europeo.
De este modo, el texto señala que los gobiernos nacionales deberán abstenerse de imponer medidas adicionales a los viajeros con este certificado, como el respeto de cuarentenas al llegar a destino o la realización de una segunda PCR, aunque no se fija una directriz obligatoria porque se trata de competencias nacionales.
Finalmente, la Eurocámara no ha logrado el objetivo de que todas las PCR que se realicen vinculadas al certificado sean gratuitas pero sí se contempla que puedan destinarse fondos adicionales para costearlos y que estas pruebas deberán ser "asequibles" para los europeos.
Ya existía un acuerdo entre las instituciones para destinar unos 100 millones de euros del instrumento de emergencia para apoyar a los países en la compra de test PCR y de antígenos, pero con el acuerdo se contempla que se puedan destinar más recursos más adelante, sin precisar una cifra.
Todas las instituciones de la UE, además, dejaron claro que este certificado no debía ser entendido como un documento de viaje o pasaporte que otorgue derechos en materia de libre circulación entre otras razones, sino de un certificado con información médica básica para facilitar los desplazamientos.
El reglamento diseñado para su funcionamiento, en todo caso, está vinculado a la pandemia y se prevé una aplicación de doce meses, plazo tras el que quedará en suspenso.
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