La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un expediente sancionador contra Bélgica por no transponer correctamente a su legislación nacional los artículos que acotan los supuestos por los que un Tribunal puede rechazar la ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por un país socio.

Bruselas realiza una revisión continúa de la aplicación de la decisión marco que rige las euroórdenes y en ese contexto ha constatado problemas por la "transposición incorrecta y no comunicación" de algunas de las cláusulas de este reglamento.

En concreto, fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que las irregularidades tienen que ver con los artículos que se refieren a las causas por las que un Tribunal nacional puede rechazar la ejecución de una euroórden, ya que deben quedar acotados a los previstos en el marco europeo y no es el caso en la legislación belga.

El margen de maniobra de las autoridades judiciales de un país de la UE para rechazar una euroorden está tasado en el reglamento para agilizar el proceso y porque se basa en el principio de confianza mutua entre Estados miembro.

De este modo, un Tribunal debe rechazar la entrega de un sospechoso por una serie de motivos "obligatorios", como por ejemplo si el reclamado ya sido juzgado por el mismo delito o si se trata de un menor. Pero también "puede" denegar la entrega en base a una serie de motivos "opcionales" a los que el juez puede recurrir.

Es en el caso de los supuestos opcionales en donde Bélgica incurre en una aplicación indebida del marco europeo, explican las fuentes consultadas, que aseguran que el expediente no está vinculado a ninguna causa judicial concreta y lo desvinculan así del caso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers.

Una docena de países con problemas

El procedimiento de infracción activado este miércoles por la Comisión contra Bélgica tiene la forma de una carta de emplazamiento a las autoridades belgas para alertar de las irregularidades y darles un plazo de dos meses para solucionarlo.

Es el primer paso en un expediente sancionador que, en última instancia, puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Ejecutivo comunitario considera que tras agotar el diálogo con Bélgica para enmendar la transposición no se han resuelto las irregularidades notificadas.

Con todo, no es el único caso en que la Comisión Europea actúa contra un Estado miembro por la mala aplicación del marco del sistema de euroórdenes y, de hecho, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha comprometido a abordar una reforma del sistema si tras la evaluación en curso de la situación en cada país detecta fallas importantes que exijan la revisión de la norma.

Desde el pasado año, el Ejecutivo comunitario también ha iniciado dossieres contra Austria, República Checa, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Chipre, Alemania y Suecia y todos ellos siguen abiertos. Este mismo miércoles, junto a Bélgica han sido expedientados por distintos problemas en la transposición de la Decisión marco España, Grecia, Países Bajos y Hungría.