La cooperante española Juana Ruiz, detenida por Israel en Cisjordania en abril del año pasado, saldrá en libertad este martes, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

Ha sido su homólogo israelí, Yair Lapid, el encargo de informarle de la puesta en libertad de la española, condenada a 13 meses de cárcel por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones en Cisjordania, según ha informado en su Twitter.

"Agradezco al ministro israelí Yair Lapid su llamada confirmando la puesta en libertad mañana de la cooperante española Juana Ruiz", ha señalado Albares, después de que la semana pasada la Junta de Libertad Condicional diera el visto bueno para este paso.

El ministro también ha aprovechado para agradecer "a los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores que han trabajado para prestar asistencia consular a lo largo de estos meses" a la cooperante.

Tras la decisión de las autoridades penitenciarias aún cabía la posibilidad de que la Fiscalía apelara la decisión, cosa que finalmente no se ha producido, a tenor de la decisión de que Ruiz salga en libertad este martes.

La española, coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) -organización considerada ilegal por parte de Israel-, fue detenida en abril de 2021 en su casa en Beit Sahur, cerca de la ciudad cisjordana de Belén.

Defensa y acusación llegaron en noviembre a un acuerdo por el que la cooperante fue condenada a 13 meses de cárcel. Inicialmente había cinco cargos en su contra, tres en relación con su trabajo en HWC, así como por haber introducido dinero en los territorios palestinos y haber recibido fondos con falsas pretensiones. En virtud del acuerdo con el fiscal, solo se mantuvieron dos de ellos, por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones.

Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, y aseguran que la ONG para la que trabajaba Ruiz desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.

Además, el acuerdo con la acusación sirvió de argumento al Gobierno israelí para reafirmarse en su denuncia de que otras seis ONG ilegalizadas en 2021 financian las actividades del FPLF, al que tanto la UE como Estados Unidos considera una organización terrorista.