Un año después de las revelaciones sobre Pegasus, el programa de espionaje israelí que ha infectado miles de móviles en todo el mundo y ha sido empleado ampliamente para perseguir la disidencia, poco ha cambiado. No se ha acordado la suspensión global de la venta de programas espía y el sector de la vigilancia continúa operando sin control, denuncia este lunes Amnistía Internacional.

A lo largo del último año, el Laboratorio sobre Seguridad de la organización de derechos humanos internacional ha detectado nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia. Además, ha confirmado por su cuenta que, en numerosos casos, se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.

La investigación de Forbidden Stories, publicada hace un año por Amnistía y periodistas de 17 empresas de comunicación, procedentes de una decena de países, desveló con total crudeza cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el invasivo programa espía Pegasus, creado por la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes y lideresas políticos, periodistas y profesionales del derecho.

“Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, denuncia Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech. La organización denuncia ahora que los llamamientos abogando por la regulación del sector de la vigilancia apenas han dado frutos.

Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital

“El Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con carácter de urgencia para regular un sector que carece de control. Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital", agrega.

La organización recuerda que toda persona que haya sido atacada con el programa espía de NSO Group tiene derecho a un recurso efectivo. "La falta de medidas de calado por parte de los gobiernos de todo el mundo supone un insulto para quienes han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software", desliza.

Un año sin avances

En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales en curso contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México, Polonia y España. El pasado marzo el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa. En las últimas semanas ha trascendido, además, la posibilidad de un cambio de manos del programa espía. L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del software.

En noviembre de 2021 Estados Unidos incorporó a NSO Group a su Lista de Entidades por “realización de actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior”. Ese mismo mes, el gigante Apple presentó una demanda contra NSO Group para reclamar responsabilidades por la vigilancia y los ataques que habían sufrido sus usuarios.

Hace un año el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía llevó a cabo análisis periciales digitales y metodologías de investigación de última generación para confirmar indicios de ataques e infecciones de numerosos teléfonos en todo el mundo. La investigación desveló la identidad de decenas de víctimas en todo el mundo. "La vigilancia selectiva e ilegítima de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil es un instrumento de represión. Ha llegado la hora de someter a control a este sector, que continúa operando en la sombra", reclama Ingleton.

Hablan las víctimas

La vigilancia ilegítima, subraya Amnistía, viola el derecho a la intimidad, y puede vulnerar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica. Según la organización, mensualmente se confirman nuevos casos de personas que están siendo atacadas con Pegasus.

“Es una lástima que un instrumento tan potente para combatir la delincuencia se utilice para atacar a periodistas independientes y a defensores o defensoras de los derechos humanos. Qué pena que no tengamos ni idea de quién se escondía tras los ataques", lamenta Julia Gavarrete, periodista salvadoreña víctima del programa. "Resulta imposible no sentir rabia cuando toda tu vida está en manos de otra persona, y no hay respuestas sobre quién es el responsable de ello".

"Ser objeto de vigilancia me ha llevado a cambiar la manera de comunicarme y los sitios a los que voy, y a pensar dos veces el tipo de información que quiero compartir con otras personas, no sólo por mi propia seguridad, sino para proteger la integridad de quienes se comunican conmigo", indica. "Debo tener cuidado con los lugares que visitamos, y estar muy alerta cada vez que tenemos nuestros dispositivos cerca.  Como periodista, tengo que proteger mis fuentes, pero como mujer, tengo que proteger a mi familia y a mis amistades. La vigilancia constituye un atentado contra la dignidad de nuestra vida profesional y privada". 

Ése es su objetivo: que te vuelvas paranoico, aislarte de la gente y encerrarte en una prisión

Otro de los damnificados es Hicham Mansouri, periodista marroquí afincado en Francia, asegura que los ataques son “una forma muy violenta de censura, porque nos privamos a nosotros mismos de expresar nuestras opiniones sobre muchos temas, tanto a nivel profesional como personal”. “Ése es su objetivo: que te vuelvas paranoico, aislarte de la gente y encerrarte en una prisión”.

Desde Amnistía siguen exigiendo "la suspensión mundial de la venta, transferencia y empleo de programas espía mientras no se instauren salvaguardias de derecho humanos que regulen sus empleo”. “Es preciso oponerse a cualquier maniobra de NSO Group para modificar su modelo empresarial con el fin de eludir la rendición de cuentas. Todo el sector de la vigilancia ha quedado incapacitado y necesita una reforma urgente”, concluye Ingleton.