"Nuestra nación vive tiempos oscuros. Nada de esto ha ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos". Donald Trump se lamentaba así en un comunicado después de que el FBI registrara su residencia en Mar-a-Lago en busca de pruebas de un supuesto delito de sustracción y eliminación de documentos de la Casa Blanca. Trump tiene razón en que su caso no tiene precedentes. Nunca antes un ex presidente de EEUU había tenido tantas investigaciones pendientes. 

Aún así los republicanos, especialmente los más conservadores, siguen respaldando a Trump y no pocos confían en que se presente como candidato a la nominación. El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, ha prometido investigar al jefe del FBI y del Departamento de Justicia si los republicanos ganan las elecciones de medio mandato. Un grupo de republicanos cenan este martes con Trump en su residencia de New Jersey para mostrar su solidaridad. La Casa Blanca niega que supiera algo del registro del FBI.

Es posible incluso que su anuncio pueda darse en breve con el fin de que sea más difícil frenar sus aspiraciones. Ya tiene lema: "Salva América" y acaba de difundir un video que huele a campaña electoral. Los demócratas, que encaraban una buena semana gracias a la aprobación de su programa social y de medio ambiente, además de la victoria del sí al aborto en Kansas, no es una buena noticia que Trump vuelva al foco informativo con su mensaje victimista y divisivo. 

En realidad, nada impide que pueda ser juzgado por ser candidato. Pero los juristas se ponen de acuerdo sobre si una inhabilitación por haber sustraído documentos de la Casa Blanca le impediría presentarse porque en la Constitución no se especifica tal caso. 

Además de la investigación del Departamento de Justicia, por la que su residencia en Florida ha sido registrada, también Trump está en el punto de mira de los congresistas, de un fiscal estatal y de varios fiscales locales. Los casos abiertos hasta el momento son los siguientes:

1. Las 15 cajas que se llevó a Mar-a-Lago

El FBI ha registrado la residencia del ex presidente en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, conocida como la Casa Blanca de invierno. Allí se retiró Trump junto a su esposa Melania cuando, tras días de resistencia, dejó la Presidencia, después de perder frente al demócrata Joe Biden. Trump acusó a los demócratas de fraude y no fue a la toma de posesión. En febrero pasado el Archivo Nacional y Administración de Registros informó al Congreso que había recuperado 15 cajas de documentos que se había llevado el ex presidente a su residencia de Florida. Había material clasificado. Los abogados de Trump argumentaron que se trataba de recuerdos y regalos. Entre los papeles estaba la carta que Obama le dirigió al traspasar el poder y sus mensajes con el líder norcoreano Kim Jong-un. El Comité de Supervisión del Congreso también sigue este caso. 

Una ex colaboradora de Trump asegura que vio cómo el ex presidente se deshacía de algunos documentos

La sospecha sería, tras la actuación del FBI, que el ex presidente no entregó todos los registros y que habría eliminado algunos. Una ex colaboradora de Trump Stephanie Grisham ha asegurado que vio ella misma cómo se deshacía de algunos papeles. Grisham también testificó ante el Congreso; según su versión, tuvieron que pararle para que no se sumara a los asaltantes del Capitolio. En las redes sociales y medios estadounidenses se han publicado fotos de documentos con la firma o la letra de Trump en inodoros de la Casa Blanca. Al saber del registro, Trump lo calificó de “asalto” y acusó a la izquierda más recalcitrante que quiere impedir a toda costa que vuelva a ser presidente. 

Eliminar documentación clasificada es un delito federal, si bien como caso penal es difícil de demostrar. Habría que probar que el ex presidente o sus asesores destruyeron información intencionadamente. Resulta curioso que Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump en la campaña de 2016 fue acusada de manejar inadecuadamente información clasificada por usar un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. No se presentaron cargos contra ella, pero se convirtió en un tema de campaña. El caso es que Trump lo revertirá en su favor al presentarse como víctima de una caza de brujas. 

2. Ataque al Capitolio de Estados Unidos: doble frente

Una comisión de investigación del Congreso está investigando el ataque del 6 de enero al Capitolio, perpetrado por seguidores de Donald Trump, que poco antes les había arengado en una concentración cerca de la sede del Legislativo en Washington. En el Congreso ese día se contaban los votos de los electores y estaba presente el vicepresidente Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado. Trump apeló a Pence para que no reconociera la victoria de Biden. El ex presidente mantiene que las elecciones fueron fraudulentas. 

Los fiscales han de probar que Trump actuó con intención corrupta el 6 de enero, o incluso pueden acusarle de "conspiración sediciosa"

Los congresistas determinarán si violó la ley en su intento de impedir que Joe Biden asumiera la Presidencia. La comisión ha de presentar al Departamento de Justicia, dirigido por el fiscal general Merrick Garland, sus conclusiones para que desde ahí se proceda a acusarle, si procede, de delitos federales. Los fiscales tendrían que demostrar que Trump actuó con intención corrupta. 

Han comparecido cientos de testigos, desde asesores de Trump o miembros de su gobierno a los guardias que presenciaron el asalto, y se está estudiando muchísima documentación. Varios de los participantes en el ataque han sido acusados de "conspiración sediciosa", es decir, tener intención de derrocar al gobierno ilegalmente. Trump puede ser acusado de este cargo. 

A su vez, el Departamento de Justicia también investiga la participación de Trump en el asalto al Capitolio, según ha revelado The Washington Post, así como lo ha hecho con los líderes de Proud Boys y Oath Keepers, o incluso algunos republicanos que firmaron a favor de la victoria de Trump en contra de la decisión de los electores. Hay dos ex asesores de Trump acusados de desacato: Steve Bannon, ya condenado que va a apelar, y el ex asesor comercial Peter K Navarro, que comparece en noviembre. 

Aunque el fiscal federal ha prometido que “todo aquel que interfiriera, sea cual sea su cargo, en el traslado de poder ha de responder por ello”, la investigación avanza lentamente. Ningún presidente ha sido inculpado por un delito en la historia de EEUU.Ni siquiera se siguió adelante en los casos de Richard Nixon o Bill Clinton. 

3. Manipulación electoral en Georgia

La fiscal de distrito Fani Willis ha presentado documentación a un gran jurado especial, designado en mayo, sobre los presuntos esfuerzos de Trump para influir en los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. La clave es una llamada telefónica de Trump a Brad Raffensberger, secretario de Estado republicano de Georgia, el 2 de enero de 2021. Trump le presionó para que “encontrara los votos necesarios” para anular su derrota electoral. 

La investigación se centra en una llamada telefónica de Trump en la que presionaba a un alto funcionario para "encontrar los votos necesarios" para anular su derrota en Georgia

La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo a Brad Raffensperger, secretario de Estado republicano de Georgia, el 2 de enero de 2021, según un audio obtenido por The Washington Post. También habría llamado a la responsable del recuento electoral, al gobernador Brian Kemp y al final general Chris Carr. Los expertos legales señalan que Trump puede haber violado tres leyes electorales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional con el desempeño de las funciones electorales. El argumento de Trump se basa en la libertad de expresión. Asegura que su intención no era influir en el resultado. 

4. Los chanchullos empresariales del magnate

La Fiscalía de Manhattan y la oficina del fiscal de Nueva York siguen la pista de las prácticas empresariales del magnate inmobiliario. Tratan de averiguar si falseó el valor de sus activos para lograr créditos, y también para obtener exenciones de impuestos. El caso parece estancado desde que en primavera renunciaron los dos principales finales, aunque aún el fiscal de distrito, Alvin Bragg, aún no ha cerrado el caso. 

Bragg también se ocupa de un caso penal contra la Organización Trump y su ex director financiero Allen Weisselberg, acusados de llevar a cabo un sistema de evasión de impuestos durante 15 años. La vista puede tener lugar a finales de año. 

A su vez, hay una investigación civil paralela a cargo de la fiscal general Letitia James. En abril un juez declaró a Trump en desacato por no cumplir con la orden de entregar sus registros a la oficina de la fiscal. La sanción se levantó después de pagar 110.000 telares y prestar declaración jurada. Puede presentarse una demanda solidando sanciones económicas. Hay nuevos interrogatorios pendientes. 

Hay otro caso sobre impuestos relacionados con la propiedad de uno de sus clubs de golf, Westchester, en los alrededores de Nueva York.  La Organización Trump ha impugnado la valoración de la propiedad del club desde 2015; ese proceso implica probar que vale menos que su valor tasado. 

5. Fraude electrónico. 

Los demócratas denunciaron en una de las comparecencias de la comisión del asalto al Capitolio que Trump había recaudado unos 250 millones de dólares para hacer frente a las reclamaciones de fraude electoral. Sin embargo, no dedicó el dinero a este fin. De este modo, puede ser acusado de fraude electrónico, es decir, obtención de dinero con “pretextos falsos o fraudulentos”, según The Guardian.

6. Causa por difamación. 

Elizabeth Jean Carroll, ex colaboradora de la revista Elle, acusó a Trump de haberla violado en los años 90 en unos grandes almacenes en Nueva York. El ex presidente dijo que era mentira y solo perseguía vender su libro. Carroll presentó en 2019 una demanda por difamación en un aso que ve el tribunal de apelaciones del segundo circuito de Manhattan. La defensa de Trump argumenta que quienes trabajan para el Gobierno están protegidos contra las demandas por difamación.