Alaa Abdelfatah lleva desde el lunes sin beber agua ni probar alimento. Ha pasado nueve años entre rejas por su participación en protestas pacíficas y prodemocráticas. Pero el régimen egipcio, anfitrión de la cumbre del clima, mantiene su puño de hierro, que ha extendido también a la familia del opositor, que a contrarreloj trata de salvar a Alaa.

La última en padecer la persecución de las autoridades egipcias es Sanaa, la hermana menor de Alaa. El miércoles ofreció una rueda de prensa en la cumbre en la que suplicó la liberación de Alaa. Un diputado egipcio, Amr Darwish, trató de boicotear el acto, denunciando que Alaa “no es un preso político”. Tuvo que ser expulsado por agentes de seguridad. Ahora la justicia egipcia, brazo ejecutor de la represión en el país, ha recibido una demanda contra Sanaa.

Sanaa está acusada de “conspirar con agencias extranjeras hostiles al Estado egipcio y de recurrir a fuerzas de fuera de Egipto en busca de apoyo, y de incitación contra el Estado egipcio y sus instituciones y de difundir deliberadamente noticias falsas”. La acusación de propagar noticias falsas es precisamente por la que cumple condena Alaa y ha sido ampliamente usada contra la disidencia local.

“Cualquiera puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General y es él quien decide si procede o no”, explica la familia. “Pero, por la experiencia que tenemos en nuestra familia, suele ocurrir que las denuncias que presentamos sobre delitos cometidos contra nosotros son ignoradas, mientras que las denuncias que presentan contra nosotros personas al azar que no conocemos suelen ser la forma que tiene el Estado egipcio de iniciar un nuevo caso contra uno de nosotros. Así que hay una gran posibilidad de que esto sea lo que están preparando para Sanaa”.

Los parientes de Alaa, que llevan días sin saber nada del joven, advierten de que “todo el mundo debería recordar que la última vez que Sanaa acudió a la Fiscalía General, con el cuerpo totalmente magullado, para grabar una denuncia después de haber sido agredida en el exterior de la prisión de Tora con su familia, fue secuestrada por agentes de la seguridad del Estado en el exterior de las instalaciones, llevada a la fiscalía de la seguridad del Estado y, en consecuencia, pasó un año y medio en prisión, de la que no salió hasta el pasado mes de diciembre”.

La familia de Alaa está logrando llamar la atención internacional sobre uno de los rostros juveniles de las manifestaciones que derrocaron a Hosni Mubarak en 2011. Alaa, de 40 años, pertenece a los movimientos seculares que reclamaron un país democrático desde la plaza Tahrir de la capital egipcia. Desde entonces, salvo breves períodos de libertad, ha pasado la última década entre rejas por diversas sentencias relacionadas con su activismo.

Feroz represión

Egipto es hoy una de las mayores cárceles de periodistas del mundo y el tercer país en aplicación de la pena capital. Decenas de miles de personas han sido arrestadas y encarceladas por su activismo político desde la asonada militar de 2013. Los espacios de libertad que sí hubo en la última época de Hosni Mubarak en el poder han sido convenientemente clausurados. El acceso a cientos de medios de comunicación se halla bloqueado y la vigilancia policial de las redes sociales es ubicua.

La impunidad policial, la pobreza, la corrupción o los abismos sociales, algunas de las razones que llevaron a las revueltas hace 11 años, siguen plenamente vigentes e incluso se han exacerbado. «Egipto es un país con un historial de derechos humanos atroz y pésimo. Se aterroriza a la población incluso ante la perspectiva de protestar. Los egipcios han sufrido violencia masiva en los últimos nueve años. En 2013, 1.000 personas murieron en la calle en cuestión de horas. El espacio cívico está completamente cerrado», denuncia un activista en declaraciones a este diario.

Esta semana la ONU alertó de la situación en la que se halla Alaa, confinado en la prisón de Wadi Natrum. “Insto al gobierno egipcio a que libere inmediatamente a Alaa de la prisión y le proporcione el tratamiento médico necesario", exigió Volker Turk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Su huelga de hambre y sed pone su vida en grave riesgo y en gran peligro”, alertó.