En un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania y el cambio de posición en el litigio del Sáhara Occidental, el Gobierno español ha optado por abstenerse en la votación de un comité clave de la ONU que exige a la Corte Internacional de Justicia que emita urgentemente su dictamen sobre las consecuencias jurídicas de negar al pueblo palestino el derecho a la autodeterminación como consecuencia de las acciones de Israel desde la guerra de 1967.

La votación en la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General ha salido finalmente adelante, con 98 síes frente al rechazo de 17 países y 52 abstenciones, entre ellas las de España o Francia. Portugal y Polonia, entre otros, han votado a favor, mientras que Italia o Alemania lo han hecho en contra. La resolución debe pasar ahora a la asamblea de 193 miembros para una votación final antes de finales de este año, cuando es prácticamente segura su aprobación.

Israel se ha opuesto, alegando que su aprobación destruiría cualquier posibilidad de reconciliación con los palestinos. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, advirtió a los países miembros de la ONU que podían elegir entre apoyar las negociaciones o "ser cómplices de la destrucción de cualquier esperanza de reconciliación" y perpetuar el conflicto palestino-israelí. "Involucrar a un órgano judicial en un conflicto de décadas solo para dictar las demandas de una parte sobre la otra garantiza muchos más años de estancamiento", amenazó.

Resolución no vinculante

El proyecto menciona la violación por parte de Israel de los derechos palestinos a la autodeterminación "por su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén, y por su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas".

En 2004, el tribunal dijo que el muro que Israel había construido era "contraria al derecho internacional"

Reclama al tribunal internacional que se pronuncie sobre cómo estas políticas y prácticas israelíes "afectan al estatuto jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de este estatuto para todos los Estados y las Naciones Unidas". La Corte Internacional de Justicia es uno de los principales órganos de la ONU y se encarga de resolver las disputas entre países. Sus dictámenes no son, sin embargo, vinculantes.

En cualquier caso, no es la primera vez que se la corte adopta una resolución a propósito de conflicto palestino-israelí. En 2004, el tribunal dijo que una barrera que Israel había construido, principalmente dentro de la Cisjordania ocupada y Jerusalén oriental -que, junto con la Franja de Gaza, son territorios que los palestinos reivindican para su futuro Estado- era "contraria al derecho internacional". Ahora, el proyecto aprobado en el comité de la ONU exige a Tel Aviv que cumple aquella decisión y detenga la construcción del muro, lo desmantele y repare todos los daños causados por su construcción, "que ha afectado gravemente a los derechos humanos" y a las condiciones de vida de los palestinos.

Las autoridades palestinas agradecieron a los países que apoyaron la votación y otras cinco resoluciones. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, recordó el discurso del presidente palestino Mahmud Abbas en la Asamblea General anual de septiembre, en el que instó a movilizar "todos los componentes de nuestro orden basado en el derecho internacional, incluida la justicia internacional". "Nada justifica estar al lado de la ocupación y anexión israelíes, su desplazamiento y desposesión de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene derecho a la libertad. Esta ocupación debe terminar", agregó.