"Obviamente habrá una condena". La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner da por hecho que este martes el Tribunal Federal 2 dictará un veredicto en su contra en la primera causa por corrupción que sienta en el banquillo a una mandataria en ejercicio en Argentina. El fiscal Diego Luciani ha pedido 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por liderar una asociación ilícita y por administración fraudulenta. La defensa reclama su absolución y el principal sindicato de funcionarios amenaza con "parar el país", si la vicepresidenta es condenada. En su alegato final el 29 de noviembre, Kirchner acusó a los tres jueces de actuar como “un pelotón de fusilamiento". Su estrategia se ha basado en presentar la causa como un juicio político.

Y para enturbiar más al estamento judicial el presidente Alberto Fernández anunció en cadena nacional, poco más de 24 horas antes de conocerse el veredicto contra Cristina Kirchner, "un perverso juego de cohechos" que implicaría a un grupo de magistrados, políticos y empresarios que habrían compartido viaje a la mansión del empresario Joe Lewis, con intereses en la Patagonia. Aludió a "promiscuidad antirepublicana" y a los que "buscan ventajas indebidas, mientras que otros propician la persecución de aquellos que los enfrentan". Entre los señalados por el presidente argentino estarían, entre otros, Julián Ercolini, juez federal que instruyó la causa de Vialidad y los casos Hotesur y Los Sauces; Juan Bautista Mahiques, jefe de fiscales de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño; y Jorge Rendo y Pablo Casey, directivos del Grupo Clarín.

La presión contra el poder judicial es obvia. En la causa que se decide este martes los tres jueces, a los que calificó como "pelotón de fusilamiento", son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Empezaron muy jóvenes en la carrera judicial y no se les conoce militancia política. De hecho, fueron nombrados durante su gobierno, según La Nación. Cuando la citaron a juicio, ya no estaba en el poder y anunció que seria candidata a vicepresidenta con Alberto Fernández como aspirante a la Presidencia poco antes de que empezaran las audiencias.

Néstor Kirchner fue presidente entre 2003 y 2007. Cristina Fernández le sucedió entre 2007 y 2015. "No es asociación ilícita un gobierno elegido democráticamente tres veces", remarcó en su alegato. Reitera que ya ha sido condenada por el "partido judicial". 

Una sentencia puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad... Es corrupción o justicia"

fiscal diego luciani

Contundente fue el fiscal Luciani en sus conclusiones. "Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país", dijo el fiscal al demandar condenas para los 13 acusados. "Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, éste es el momento. Es corrupción o justicia", añadió. 

Norma Morandini, periodista y ex senadora, señala cómo lo que desvela este caso y otras causas de corrupción en las que está señalada la vicepresidenta, es "un modus operandi. Lo que nos ha llamado la atención es que fuera tan obvio. Se enriquecen los secretarios privados, que no tienen empresas ni nada, a la vez que los Kirchner llegan al poder. Es difícil creer que un país soporte tal grado de corrupción. Ella hace una respuesta política: no sabes que eso estaba pasando. Y ataca a los jueces. Cree que por haber sido elegida tiene vía libre para todo". 

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay explicaba en Radio Mitre que "en función del alegato de los fiscales, es casi imposible pensar que no habrá condena… No hay antecedentes de que una vicepresidenta sea condenada por delitos tan graves. No irá presa porque tiene que haber sentencia firme". 

Sería la primera vez que es condenada una vicepresidenta en ejercicio. Previamente los ex presidentes Carlos Saúl Menem, que llegó a estar preso, y Fernando de la Rúa afrontaron juicios por corrupción, pero cuando ya no estaban en el poder. También el ex vicepresidente de CFK Amado Boudou tiene condena firme por corrupción.

Asociación ilícita y defraudación al Estado

El diario argentino La Nación también publicaba este lunes que Cristina Fernández de Kirchner será condenada pero la duda es si será por asociación ilícita, con una pena de 12 años, o defraudación al Estado, delito con una pena menor, de tres años y medio a seis. Aunque haya que esperar la sentencia firme, primero en Casación, y luego en el Supremo, y la inhabilitación precise un juicio político, la condena tendría un significado simbólico. 

La causa, que se conoce como Vialidad, trata sobre cómo se favoreció la concesión de obra pública (viales) de la provincia argentina de Santa Cruz, de donde proceden los Kirchner, al empresario Lázaro Báez, que será su socio. La vicepresidenta asegura que Báez era amigo de su marido, pero que no hicieron negocios juntos. El proceso se inició en diciembre de 2016, pero el juicio oral no arrancó hasta mayo de 2019. 

Otras tres conocidas como Dólar futuro, Memorándum con Irán y HoteSur-Los Sauces fueron elevadas a juicio pero la vicepresidenta logró su sobreseimiento antes de empezar las audiencias orales. Estos tres casos están pendientes de revisión en tribunales superiores. La causa llamada Cuadernos de la corrupción lleva en manos de un tribunal oral desde 2019, pero el juicio no tiene aún fecha de inicio. 

En declaraciones publicadas este lunes al diario brasileño Folha de Sao Paulo, la vicepresidenta argentina se presenta como víctima de la Justicia. “Todas mis garantías constitucionales fueron violadas. Y todo lo dicho es mentira”, asegura Cristina Fernández de Kirchner, en lo que supone una demoledora crítica al poder judicial. Y lo hace la número dos del gobierno de Argentina, quien aprovecha para comparar su situación con la del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. “Las mismas personas que lo metieron en la cárcel luego fueron a buscarlo y revirtieron lo que habían hecho porque llegó Bolsonaro, una persona que hizo mucho daño al país”. 

La oposición reaccionó escandalizada a las palabras de la vicepresidenta con las que descalificaba a los jueces. "Decir que un Tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque más de la vicepresidenta a la Justicia. Acá hay un fiscal que presentó las pruebas, un tribunal que tiene que juzgar de forma independiente. No hay que meterse", dijo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, en la oposición al gobierno kirchnerista. 

Los funcionarios amenazan con "parar el país"

El veredicto va a conocerse vía zoom, como se ha desarrollado el juicio. La presencia de la vicepresidenta en Comodoro Py haría necesario un dispositivo de seguridad especial, sobre todo, después del intento de atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre. Ninguna de las partes ha pedido que sea presencial. Aún así, la Policía Federal va a reforzar la seguridad del edificio donde se concentran los jueces. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un paro para el martes 6 de diciembre. "Los estatales estamos con Cristina. Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y de persecución política", decía el comunicado de ATE. Daniel Cantalano, dirigente de la ATE, denunció "la justicia corrupta, fascista, corporativa" y pidió una movilización a favor de la "urgente reforma judicial". Luis D’Elia, de la agrupación FTV-Miles, anunció un "corte de ruta en todo el país hasta que cese la persecución a Cristina". 

En todo caso, es una incógnita cuál será la reacción del oficialismo, ya que la creciente inflación está haciendo que el kirchnerismo esté cada vez más cuestionado en las calles. Esta causa también supone una prueba para el kirchnerismo. 

Aunque Cristina Fernández de Kirchner, puede apelar en caso de condena, y la sentencia no será firme hasta que no se pronuncie el Supremo, lo que le permitiría presentarse en 2023, si es declarada culpable habrá en el oficialismo quienes vean ocasión para una renovación. Como va a cumplir pronto 70 años, en el peor de los casos cumplirá pena en su domicilio. 

"En la psicología colectiva hay una vinculación simbólica entre el juicio que condena el terrorismo de Estado y el que condena la corrupción de la obra pública. En 1985, como se retrata en la película sobre el juicio a las Juntas, se termina con la impunidad de la violencia política. Si hay condena, puede ser el principio del fin de la impunidad por corrupción. Habría esperanza de poder restituir el sistema político", concluye Morandini.