Josep Borrell ha iniciado 2023 en tierras marroquíes, en su primera visita al país como jefe de la diplomacia europea. Un dato simbólico y controvertido en plena investigación en Bélgica por el bautizado como Qatargate, el escándalo de corrupción que tiene al Parlamento Europeo como epicentro y que implica a Marruecos y Qatar. El socialista español ha pasado de puntillas por la coyuntura tras referirse al régimen de Rabat como un "socio fiable, sólido y estratégico".

"Estamos preocupados por esas noticias de las que se ha hecho eco la prensa. Son inquietantes y las acusaciones graves", ha señalado escuetamente en una rueda de prensa sin preguntas que ha mantenido con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita. "Evidentemente he hablado con el primer ministro y Burita la investigación en curso por presunta corrupción de miembros del Parlamento Europeo", ha indicado.

"La posición de la UE es clara: cero tolerancia con la corrupción. Debemos esperar a los resultados de la investigación en curso de las autoridades judiciales, que arrojarán luz completa sobre todo esto. Tienen la plena colaboración de todo el mundo en este asunto", ha agregado sin proporcionar más detalles ni abordar la implicación marroquí. Borrell ha leído de principio a fin una intervención escrita, sin salirse del guión.

Ha sido todo lo que ha manifestado el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad sobre el escándalo que hace un mes cimbreó los cimientos del Parlamento Europeo. Apenas unos segundos finales tras dedicar su comparecencia a celebrar el "dinamismo" de Marruecos y el deseo de Bruselas de "ahondar" en la asociación de la Unión Europea con la monarquía alauí. Tampoco ha abordado, en ningún momento, la creciente represión contra periodistas, activistas e intelectuales que vive el país.

Una de las iniciativas lanzadas con motivo de su visita está relacionada con la seguridad, ha avanzado. Ha citado, entre las razones para reforzar los lazos, los seis millones de marroquíes que residen en suelo europeo. Unas alabanzas bien recibidas en la capital marroquí. El primer ministro, Aziz Akhannouch, muy próximo a Mohamed VI, ha subrayado el nivel de intercambios comerciales entre ambas partes, que ha llevado a Marruecos posicionarse como primer socio económico y comercial de la Unión Europea en África. Los intercambios superaron los 45.000 millones de euros en 2021, lo que supone triplicar los cosechados hace una década.

Borrell tiene previsto cerrar su visita este viernes impartiendo una conferencia en Fez, siguiendo la estela de lo que hiciera José Luis Rodríguez Zapatero el pasado noviembre. En el contencioso del Sáhara Occidental, Borrell ha asegurado que la posición europea es la de abogar por una resolución del conflicto "mutuamente aceptable" y en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Desde su oficina aseguran que "por el momento no hay pruebas" de las irregularidades que en diciembre forzaron la destitución de la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, actualmente en prisión preventiva, tras destaparse la trama de corrupción orquestada por el ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri con la supuesta implicación de Qatar y Marruecos a cambio de influir en decisiones políticas.

"Nadie ha dicho oficialmente desde el punto de vista judicial que Marruecos sea culpable ni que Marruecos deba ser evitado en los contactos internacionales", insisten desde su equipo en un momento marcado precisamente por las investigaciones en Bélgica para esclarecer las conexiones de los acusados.

En los registros policiales se han hallado hasta 1,5 millones de euros en efectivo, que podrían corresponderse a sobornos con la intención última de influir en las resoluciones del Parlamento. La diplomacia europea ciñe el asunto a la justicia belga. «Está en su manos y confiamos plenamente en su labor», agregan. Grecia e Italia también han abierto sendas investigaciones.

Hasta cuatro personas están en estos momentos detenidas por el Qatargate. Además de Kaili, se encuentra su pareja y asesor parlamentario, el italiano Francesco Giorgi; Pier Antonio Panzeri; y Niccolo Figa-Talamanca, responsable italiano de una ONG bajo sospecha de realizar pagos a eurodiputados. Están acusados de «organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero».