El Supremo Tribunal ha dicho "basta" a los bolsonaristas que llevaban acampados frente al Cuartel General del Ejército desde la derrota de su líder en las presidenciales. El magistrado Alexandre de Moraes ha ordenado que se desmantele el campamento después de que sus integrantes, unidos a otros miles de bolsonaristas, asaltaran las sedes de los tres poderes, el Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal el domingo. "Nada justifica que se mantengan en pie estas acampadas", ha sentenciado Alexandre de Moraes. También las fuerzas de seguridad han de despejar cualquier vía o edificio en Brasil. Más de 300 personas han sido detenidas por este intento de golpe contra la democracia brasileña. Y como consecuencia del desalojo del campamento en Brasilia hay otro millar bajo custodia.
A su vez, ha apartado del poder durante 90 días al gobernador de Brasilia, el opositor Ibaneis Rocha, a quien se considera responsable del caos. Rocha pidió perdón a Lula por el descontrol. Los medios brasileños están de acuerdo en que era un asalto anunciado, debido a que los bolsonaristas en ningún momento ocultaron sus intenciones. La Policía Militar los dejó hacer, por lo que la Fiscalía General también ha procedido contra el jefe de la Seguridad en Brasilia, Anderson Torres, que se encuentra en Estados Unidos. Rocha destituyó a Torres antes de ser suspendido.
Con el fin de recuperar el control sobre las sedes de los poderes del país, ocupadas durante unas cinco horas por miles de bolsonaristas, Lula da Silva decretó la intervención federal, es decir, la fuerza nacional se hizo cargo de la situación. Todos los policías y militares en el Distrito Federal fueron movilizados. El decreto estará vigente hasta el 31 de enero. Lula aseguró en su primera intervención tras el asalto que "los vándalos fascistas" pagarían "por esta barbarie". Este lunes el presidente se reúne con las principales fuerzas políticas y con los gobernadores de toda ideología.
Tras su encuentro con la presidenta del Supremo, Rosa Weber, y el presidente del Senado en ejercicio, Veneziano Vital do Rêgo, y el Congreso, Arthur Lira (aliado de Bolsonaro), emitieron un comunicado de condena del asalto. "Rechazamos los actos terroristas, vandálicos, delictivos y golpistas". A la reunión se sumó el ministro de Defensa, José Múcio, y los altos cargos de las Fuerzas Armadas.
"Buscaremos a todos los responsables y quienes los hayan financiado", dijo Lula, que apuntó a la responsabilidad del expresidente Jair Mesías Bolsonaro, que se fue a Estados Unidos y así evitó asistir al traspaso de poder, que tuvo lugar el 1 de enero. "Todo el mundo sabe que hay varios discursos del ex presidente alentando esto. Es su responsabilidad y de los partidos que lo apoyaron", dijo en su cuenta de Twitter Lula da Silva.
Lula se refirió a la connivencia de muchos policías con los manifestantes. "Estaban guiando a los bárbaros. Quienes hayan participado no quedarán impunes". Calificó de inédito en la historia de Brasil lo sucedido el domingo 9 de enero en Brasilia. "Esto no tiene precedentes en la historia de Brasil", remarcó, una semana después de asumir el poder. Lula, que se encontraba en Araraqua, en el estado de Sao Paulo, por unas inundaciones, regresó urgentemente a Brasilia.
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