El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una condena histórica de la represión de periodistas en Marruecos en mitad de la implicación marroquí en el escándalo del Qatargate y entre presiones del régimen alauí, que ha desplegado su diplomacia en Estrasburgo para tratar de impedir sin éxito una moción histórica. Unos esfuerzos que, en el caso de los parlamentarios del PSOE en la Cámara, ha surtido efecto: los 17 socialistas españoles han votado en contra del texto consensuado, entre otros, por el grupo socialdemócrata, tras amenazar Rabat con suspender la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos prevista para principios de febrero.

Han quedado solos junto a una docena de eurodiputados de ultraderecha y varios no inscritos, mientras que Iratxe García, jefa de la delegación socialista se ha sumado al voto general de Socialistas y Demócratas. La resolución ha sido aprobada por 356 de los 430 diputados que han participado en la votación. El 'no' solo ha cosechado 32 apoyos. Se han producido 42 abstenciones.

La resolución -promovida por Socialistas, la liberal Renovar Europa, Verdes/ALE, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y La Izquierda- recrimina al país árabe "el continuo deterioro de la libertad de prensa en Marruecos, que ha descendido hasta el puesto 135 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2022" y denuncia el acoso judicial, el espionaje y el encarcelamiento al que somete a reporteros locales y extranjeros.

Amenaza de suspender la RAN

La presión de las autoridades marroquíes ha sido enorme en los últimos días. Partidos hermanos en el país han llegado a escribir a sus homólogos europeos para denuncia la supuesta campaña de difamación que vive la monarquía de Mohamed VI y una delegación se ha desplazado a Estrasburgo para labores de lobby.

Fuentes bien conocedoras de las relaciones hispano-marroquíes también han informado de las presiones recibidas por la diplomacia marroquí sobre el ministro de Exteriores español José Manuel Albares para condicionar el voto de la representación española en el grupo socialista de la Cámara, amenazando incluso con suspender la Reunión de Alto Nivel prevista para los próximos días 1 y 2 de febrero en Rabat.

Desde Human Rights Watch denunciaron hace semanas en conversación con El Independiente haber documentado “decenas de condenas de periodistas y activistas por cargos relacionados con la libertad de expresión, en clara violación de sus derechos”. “Estos juicios continúan y las autoridades han perfeccionado un enfoque diferente para los críticos más destacados, procesándolos por delitos no relacionados con sus declaraciones, como blanqueo de dinero, espionaje, violación y agresión sexual, e incluso trata de personas”, agregan desde la organización.

La resolución del Parlamento Europeo se centra en Omar Radi, un periodista espiado primero con programas como el israelí Pegasus y luego procesados y encarcelados en virtud de acusaciones falsas de delitos sexuales. Ha sido condenado a seis años de prisión. El grupo de trabajo de la ONU las tilda de “detenciones arbitrarias” de Radi y sus colegas Soulaiman Raissouni y Taoufik Bouachrine y y reclama su liberación inmediata y sin condiciones así como una indemnización por los daños ocasionados. También se cita el caso de hostigamiento al periodista española Ignacio Cembrero.

Condena enérgica al espionaje marroquí

Otras demandas del Europarlamento, en detalle

  1. Insta a las autoridades marroquíes a que pongan fin a la vigilancia de periodistas, incluso mediante el programa espía Pegasus de la NSO, y a que promulguen y apliquen legislación para protegerlos; insta a los Estados miembros a que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos, de conformidad con el Reglamento sobre productos de doble uso.
  2. Pide la liberación inmediata e incondicional de Nasser Zefzafi, finalista del Premio Sájarov 2018; pide la liberación de todos los presos políticos; condena las violaciones de los derechos de los manifestantes pacíficos y los activistas del exilio; deplora los juicios viciados y las condenas de 43 manifestantes de Hirak, así como su tortura en prisión.
  3. Pide que la UE y sus Estados miembros sigan planteando a las autoridades marroquíes los casos de los periodistas y presos de conciencia detenidos y asistan a sus juicios; pide que la UE utilice su influencia para lograr mejoras concretas en la situación de los derechos humanos en Marruecos.

El texto adoptado insta a Rabat a "respetar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación; garantizar los periodistas encarcelados, en particular a Omar Radi, Souleiman Raissouni y Taoufik Bouachrine, un juicio justo con todas las garantías procesales, asegurar su inmediata puesta en libertad provisional y poner fin al hostigamiento de todos los periodistas" además de "cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en consonancia con el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos".

La Cámara subraya "la condena enérgica al uso indebido de las acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de cumplir con su deber" y advierte de que "este uso indebido pone en peligro los derechos de las mujeres". También expresa su preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han intentado corromper a diputados al Parlamento Europeo.

Precisamente esta repulsa se produce apenas unas semanas después de la polémica visita a Rabat del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Desde su oficina se insistió en que "por el momento no hay pruebas" de las irregularidades que en diciembre forzaron la destitución de la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili tras destaparse la trama de corrupción orquestada por el ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri con la supuesta implicación de Qatar y Marruecos a cambio de influir en decisiones políticas.

En los registros policiales se han hallado hasta 1,5 millones de euros en efectivo, que podrían corresponderse a sobornos con la intención última de influir en las resoluciones del Parlamento. La diplomacia europea ciñe el asunto a la justicia belga. «Está en su manos y confiamos plenamente en su labor», agregó el equipo de Borrell. Grecia e Italia también han abierto sendas investigaciones.