El Gran Hermano venezolano extiende su mirada desde los altos cargos de las Fuerzas Armadas hasta su ciudadano más humilde. El sistema de espionaje está orquestado desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y tiene en su cima, como máximo responsable de la vigilancia y la persecución al presidente de la República, Nicolás Maduro, según el informe anual del Instituto CASLA, que dirige la abogada defensora de Derechos Humanos Tamara Sujú.

Todos son sospechosos: la imposición de un sistema delator para el control social. La represión sistemática en la sombra es el título del sexto informe que ha presentado Tamara Sujú en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Instituto CASLA ha logrado el Manual de operaciones especiales de la DGCIM, también conocido como la Constitución, donde queda en evidencia cómo la represión obedece a una planificación y sistematización, argumento de peso para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional.

La sociedad civil y los miembros de las Fuerzas Nacionales son "el enemigo interno a vencer", en alusión a palabras de Chávez, y por ello se ha establecido un "sistema de Inteligencia y Contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos y oficiales de las Fuerzas Armadas, incluso a los funcionarios de los cuerpos de seguridad de los que sospechan, así como a sus amigos y conocidos".

El Manual de operaciones especiales señala que será sometida al nivel de aprobación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Maduro, "cualquier medida de Contrainteligencia Militar) que se ejecute sobre oficiales, generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, la dirección del PSUV, partidos opositores, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional, así como los respectivos familiares y funcionarios de confianza de las diferentes personas señaladas". De esta manera, Maduro sabe todo lo que hace el DGCIM y el mayor general Hernández Dala, un incondicional.

También alude a las operaciones sobre oficiales coroneles, generals y equivalentes y las que comprometan las relaciones internacionales. En el siguiente nivel de aprobación estaría el director general de la Contrainteligencia Militar, el mayor general Iván Hernández Dala.

Maduro es quien ha dado las órdenes para perseguir y encarcelar "a los mejores oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, contra diputados de la Asamblea Nacional, líderes de partidos políticos de oposición, gobernadores y alcaldes electos, y sus familias".

Cualquier acción ciudadana en contra de la represión es considerada subversiva y traidora"

El manual señala "cualquier acción ciudadana en contra de la revolución como subversiva y traidora". De esta manera, como ha apuntado Sujú, el régimen chavista puede perseguir a los sindicalistas que ahora piden en las calles un nivel de vida digno. "No se salva nadie de la estructura represiva", dice el informe anual de CASLA. El académico Héctor Schamis, que ha introducido a Tamara Sujú, ha señalado que el informe "contribuye a fortalecer el informe que la secretaría general de la OEA presentó en mayo de 2018, base de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, al identificar la cadena de mando, es decir, al establecer responsabilidades individuales".

Como la KGB o la Stasi

Tamara Sujú ha insistido en que "nada ha cambiado en Venezuela en cuando a la comisión de crímenes de lesa humanidad". En 2022, según confirma el informe, ha aumentado la lista de presos políticos, entre los que hay sindicalistas, militares, periodistas o extranjeros a los que se acusa de conspiración. "El gobierno venezolano, encabezado por Maduro, ha planificado y ejecutado el terrorismo de Estado para controlar a la sociedad civil".

Sujú se ha referido a la persecución a los periodistas y los medios de comunicación, que sufren acoso incluso en el exilio. En 2022 se cerraron 79 emisoras de radio por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el mayor número desde que llegó Hugo Chávez al poder, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.

El sistema de espionaje recuerda, según Tamara Sujú, al de la KGB soviética o la Stasi alemana. De acuerdo con la investigación de CASLA, todas las instituciones públicas, incluidas las Fuerzas Armadas, cuentan con infiltrados que se encargan de identificar a todos los considerados contrarrevolucionarios.

"¿Cuántos venezolanos están en esta cadena de reclutamiento sin saber para quién trabajan?"

tamara sujú, directora del instituto casla

Para realizar estas actividades, se recluta por varias vías: ideológica (están de acuerdo con el régimen); dependiente (reciben un pago); o comprometedora (son coaccionados). Para cumplir estas tareas de espionaje incluso pueden actuar bajo una identidad falsa (incluso hacerse pasar por miembros de delegaciones extranjeras). "¿Cuántos venezolanos están en esta cadena de reclutamiento sin saber para quién trabajan? Cualquiera puede tener en su casa a un espía del DGCIM", señala Tamara Sujú.

"El control de los ciudadanos para vigilar el malestar social o cualquier disidencia tiene vida propia: cualquier persona puede ser sospechosa para los intereses de la revolución. Pueden ser presos sin pruebas. Especialmente sospechosos son quienes trabajan en el sector minero, petrolero o en la siderurgia. También los que emplean las redes sociales para la subversión. O quienes tienen familia en el extranjero. Es decir, nadie se libra", apunta Sujú.

En la presentación del informe anual del Instituto CASLA han recordado cómo el régimen chavista aplica la represión sistemática mediante torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay quienes, como la hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado y su marido, que están encarcelados porque el régimen no ha podido apresar a un familiar al que persiguen.

Torturas físicas y 'tortura blanca'

Lejos de la imagen que pretende trasladar a la comunidad internacional, la Venezuela de Maduro sigue siendo un país donde hay celdas de tortura. Después de que comenzara la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el régimen blanqueó algunas instalaciones. Sin embargo, el informe de CASLA apunta que las celdas de los sótanos de la DGCIM en Boleíta, tras ser maquilladas, han vuelto a ser utilizadas.

Ha vuelto a habilitarse la llamada celda de los locos, con material aislante y forrada de negro y cámaras ocultas, y otras dos conocidas como la casa de los sueños, tapizadas de negro y con cámaras de vigilancia. Están destinadas a presos políticos a los que se aísla del exterior. Sus gritos caen en el vacío.

Los métodos de tortura son físicos y psicológicos. El instituto que dirige Sujú ha documentado métodos escalofriantes como desprendimiento de uñas de las manos y de los pies, extracción de piezas dentales, cortaduras de las plantas de los pies, descargas eléctricas, azotes con látigos o cables de electricidad, ahogamientos, fracturas en el rostro con patadas.... También hay quienes han sido arrastrados desnudos o arrojados por precipicios con arbustos, o se les ha colgado y golpeado sin piedad.

Otro forma de hacer sufrir a los arrestados es con carencias graves de salubridad y vejaciones, o falta de atención médica. Y hay casos de simulaciones de ejecuciones. La tortura blanca, o aislamiento de hasta seis meses, es una práctica ya documentada en otros informes anteriores de CASLA. Pero, como ha dicho Sujú, las peores torturas son las que hacen pasar a las familias. "Las más crueles no dejan huella física: son las amenazas de detención a la familia, o su arresto y tortura. O bien la escucha de los daños a otros", ha dicho la abogada.

Son prácticas que afectan gravemente la salud mental de los presos. El estadounidense Matthew Heath ha intentado suicidarse dos veces. Son varios los detenidos que han revelado conductas suicidas.

En al menos seis casos de los documentados este año los testigos han denunciado que habían intervenido extranjeros: cuatro hablaban de colombianos y en otros casos eran cubanos.

Venezuela no se arregló ni Maduro cambió... No podemos entrar en una fiesta electoral con esta estructura criminal"

tamara sujú, i. casla

"Venezuela no se arregló. Ni Maduro cambió. Hay intimidación, acoso y persecución, y el poder judicial está implicado. Maduro continúa cometiendo crímenes y por ello llamamos la atención a los gobiernos democráticos que ahora le lavan la cara", ha remarcado Tamara Sujú, quien ha apelado al fiscal de la Corte Penal Internacional que continúe la investigación en curso. Para Sujú, la acción internacional debería centrarse en "la Justicia, en encerrarlo dentro de Venezuela".

En un alegato final, Sujú ha dicho: "Pedimos a la comunidad internacional que no caigan en el juego de que Venezuela se arregló. La mejor prueba son las protestas de los sindicalistas que piden un salario digno. Y son perseguidos por ello. No podemos entrar en una fiesta electoral con esta estructura criminal. En Venezuela los crímenes continúan de forma silente ante la opinión púbica internacional que cree que Maduro es más amable. No, es igual de criminal".