Un continuado ejercicio de hostigamiento. Años de acoso gubernamental que le han costado ahora el empleo. El periodista e historiador marroquí Maati Monjib ha iniciado una huelga de hambre para denunciar el último episodio de su hostigamiento: su expulsión de la Universidad Mohamed V de Rabat, donde trabajaba de profesor. Una restricción que se suma a otras y que le impide trabajar en su país como represalia a su activismo político.

“Altas personalidades del Estado me han atacado durante años debido a mis publicaciones, mi defensa de los derechos humanos, mi activismo civil y mis críticas al poder en los medios internacionales, especialmente cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos”, ha explicado Monjib en la serie de tuits en las que anunciado su decisión.

En declaraciones a El Independiente, el periodista y académico ha denunciado “las enormes presiones” que el régimen marroquí ha ejercido sobre el ministerio de Educación Superior para lograr la suspensión de su empleo como profesor universitario, amparándose en la condena de “ser una amenaza para la seguridad interna del estado” dictada por una corte marroquí hace dos años en base a su disidencia política, perseguida y asfixiada sistemáticamente al otro lado del Estrecho.

Se da la circunstancia de que Monjib figura entre el grupo de víctimas marroquíes de Pegasus que se constituyó a finales de febrero como colectivo y que se ha personado como acusación particular en el proceso judicial abierto en Bélgica contra los responsables del bautizado como Qatargate, la trama de corrupción protagonizada por miembros del Parlamento Europeo y en el que Marruecos desempeñó un destacado papel. También se han sumado a la demanda presentada por Meta, la matriz de Facebook y WhatsApp, contra la empresa fabricante de Pegasus, el software espía que Rabat ha empleado vorazmente para vigilar desde la disidencia local hasta los mandatarios extranjeros.

Años de persecución

A juicio de Monjib, de 61 años, la cúpula que detenta el poder en Marruecos ha mostrado por enésima vez “su desprecio hacia su pueblo con el arresto de periodistas que expusieron la corrupción y la tiranía del poder, como Omar Radi, Soulaiman Raissouni y Tawfiq Bouachrine. Los tres reporteros cumplen penas de prisión por su compromiso con el periodismo independiente en un país en el que los medios de comunicación públicos y privados se hallan controlados por el todopoderoso aparato de seguridad.

Monjib es una de las voces más críticas con la deriva de Marruecos y de un Estado que ha ahogado la libertad de cátedra y expresión en las universidades, el último reducto de oposición. En 2015 el periodista fue acusado de “amenazar la seguridad nacional” junto a otros seis periodistas y activistas. Desde entonces tiene prohibido abandonar el país. A finales de diciembre de 2020 fue arrestado por “lavado de dinero y fraude”, en base a la supuesta malversación de los fondos aportados por ONGs internacionales que las organizaciones nunca denunciaron.

Entonces otra huelga de hambre y el deterioro de su salud acabaron en marzo de 2021 en libertad condicional. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo han exigido el cese del hostigamiento y el fin de los cargos fabricados que han servido para incrementar su acoso.  

En octubre de 2019 precisamente una investigación de Amnistía Internacional reveló que Monjib había sido víctima de vigilancia digital ilegítima con software espía de Pegasus, del israelí NSO Group, desde al menos 2017. Estos ataques incluían mensajes SMS con enlaces maliciosos que, de ser abiertos, tratarían de instalar software espía en el teléfono de la víctima. Antes de su detención en 2020, Monjib denunció ante Amnistía Internacional que había estado bajo vigilancia permanente, que la policía vigilaba su casa y que cada vez que salía lo seguían agentes vestidos de civil.

Una represión al alza

Marruecos ha recrudecido su persecución a cualquier manifestación de disidencia. El rápido deterioro de la situación política, con un monarca ausente y un majzén -el círculo más cercano al monarca- obsesionado con erradicar cualquier espacio de libertad, ha llevado al régimen a aumentar la represión, con tácticas cada vez más difamatorias.

Desde Human Rights Watch aseguran a este diario haber documentado “decenas de condenas de periodistas y activistas por cargos relacionados con la libertad de expresión, en clara violación de sus derechos”. “Estos juicios continúan y las autoridades han perfeccionado un enfoque diferente para los críticos más destacados, procesándolos por delitos no relacionados con sus declaraciones, como blanqueo de dinero, espionaje, violación y agresión sexual, e incluso trata de personas”, agregan desde la organización.

Uno de los casos más notorios es el del ex ministro de Derechos Humanos marroquí Mohamed Ziane, que permanece en prisión desde finales del pasado noviembre por pedir la abdicación de Mohamed VI y denunciar la crisis que atraviesa el país. En una carta a este diario, Ziane, de 80 años, denunció las prácticas estatales que han domesticado los medios de comunicación y la universidad y advirtió de que la actual coyuntura en Marruecos supone una amenaza de inestabilidad para los países vecinos. Esta semana el tribunal de apelaciones ha desestimado la petición de puesta en libertad por su avanzada edad.