Los partidos gubernamentales Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en el país a lo largo de esta semana, con graves disturbios entre manifestantes y policía.

Tras varios días de manifestaciones e incidentes en contra de esta legislación, inspirada en una ley prácticamente idéntica aprobada en Rusia en 2012 y que ha servido para perseguir a organizaciones civiles desde el régimen de Moscú, los impulsores de la medida han procedido a su retirada a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara.

Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley dadas "las diferencias provocadas en el seno de la sociedad", según han explicado en un comunicado.

La propia presidenta de la República, Salomé Zurabishvili, había apoyado a los manifestantes y asegurado que la polémica norma iba contra la Constitución georgiana e impedía el camino de acceso del país a la Unión Europea, una integración que apoya el más del 85% de la población.

La ley sobre influencia extranjera obligaba a registrarse como 'agentes extranjeros' a cualquier organización, medio de comunicación, ONG, cooperativa, etcétera, que recibiese más de un 20% de su financiación desde fuera del país, con un régimen sancionador muy duro que la oposición preveía que podría usarse para perseguir a ciertas organizaciones.

La Unión Europea había declarado que la ley era inaceptable y que supondría un obstáculo insalvable en el acceso de Georgia a la UE. "Celebro la retirada del proyecto. Georgia puede seguir contando con nuestro apoyo en su camino a la Unión Europea", ha reaccionado este jueves el Comisionado de la UE para su ampliación, Olivér Várhelyi.

El contexto político en Georgia

Georgia está gobernada desde el año 2012 por la coalición de centro-izquierda Sueño Georgiano, fundada por el multimillonario Bidzina Ivanishvili, que construyó su fortuna durante la era de las privatizaciones en Rusia hasta regresar a Georgia en el año 2003. Aunque la coalición se fundó con un espíritu europeista, y el país pidió su integración en la Unión Europea en 2022, tras la invasión de Ucrania, los últimos movimientos del gobierno georgiano se han interpretado como favorables a la órbita del Kremlin.

Una postura poco popular en un país con un 85% de población que apoya la integración europea, y que sufrió en el año 2008 las guerras separatistas en Osetia del Sur y Abjasia, apoyadas precisamente por Rusia. Ambos territorios siguen a día de hoy en un limbo legal, el gobierno no los controla y han provocado miles de desplazados internos en el país. Georgia, pese al rechazo de su población a la invasión, ha sido muy reticente a apoyar las sanciones internacionales contra Moscú.