Israel vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En palabras de su primer ministro está "en una encrucijada peligrosa". El gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu, un superviviente nato, quería aprobar la polémica reforma judicial antes del receso de Semana Santa, que empieza el domingo 2 de abril. Pero la presión popular le ha forzado a posponer las votaciones con el fin de buscar una salida. El fin, según el primer ministro, sería "promover el diálogo", un empeño en el que va a remover cielo y tierra. Netanyahu busca ganar tiempo con este gesto que ha sido bien recibido por el presidente, Isaac Herzog, que había pedido a primera hora que parase el proceso "por responsabilidad". A sus socios de coalición los ha convencido para que tengan paciencia, y prueba de ello es que este lunes ha logrado la luz verde para el presupuesto en el Parlamento.

En una intervención este lunes, Netanyahu ha dicho que no está dispuesto a que el país salte en pedazos y ha tendido la mano para buscar una salida a la crisis. Sin embargo, ha culpado a "una minoría extremista" de ese riesgo de escisión, cuando las movilizaciones han sido masivas y pacíficas. De este modo, a sus socios les ha convencido porque no ha retirado la reforma y a algunos de los detractores les muestra su voluntad de diálogo al retrasar su aprobación. Gana un tiempo precioso cuando el primer ministro parecía al borde del abismo.

Las protestas en las calles, muy concurridas desde que se anunció la medida hace varias semanas, se intensificaron el domingo por la noche, cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se jugó su cargo por no seguir respaldando la reforma, una demanda de los ultranacionalistas y ultrarreligiosos judíos que no figuraba en el programa del Likud, el partido del jefe del gobierno.

Más de medio millón de israelíes volvieron a clamar "democracia", la palabra más escuchada en las manifestaciones, y fueron secundados por la llamada a la huelga del presidente de Histadrut, el principal sindicato del país, Arnon Bar David. Ha suspendido el paro tras el anuncio de Netanyahu.

Está librándose un pulso entre quienes ven amenazado los pilares del Estado de derecho y quienes defienden una visión ultranacionalista y ultrarreligiosa que está por encima de la división de poderes.

Hay quienes consideran que la situación es tan crítica que puede derivar en el fin de la era Netanyahu, aunque de momento ha ganado tiempo en una maniobra que demuestra su talento para el equilibrismo político. Veamos por qué el gobierno se ha empeñado con esta reforma judicial, en qué consiste y las razones que llevan a sus detractores a plantar cara al gobierno con una firmeza y una convicción que ha despertado la atención del mundo.

¿Por qué defiende el gobierno la reforma judicial?

Benjamin Netanyahu ganó las elecciones de noviembre pasado al frente de su partido Likud. Obtuvo 32 escaños, y como es habitual en Israel, para gobernar tuvo que buscar aliados. Este sexto mandato de Netanyahu se ampara en la coalición con otros cinco partidos ultranacionalistas y ultrareligiosos judíos, como el Judaísmo Unido de la Torah (11 diputados), los ultraortodoxos de Shas (79, los colonos del Partido del Sionismo Religioso (7), Poder Judío (6) y Noam (1). Es el gobierno más derechista de la historia del país. Para los socios de Netanyahu, el Tribunal Supremo de Israel, que ejerce el equilibrio institucional ya que no hay Cámara Alta ni Constitución escrita, se escora hacia la izquierda y es demasiado intervencionista a favor de las minorías.

El gran defensor de poner fin al poder del Supremo es el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del ultraderechista Poder Judío. "No debemos rendirnos a la anarquía", ha dicho Ben-Gvir en su cuenta de Twitter. Junto a Ben-Gvir también se aferran a los cambios el ministro de Justicia, Yariv Levin y el sionista Simcha Rothman. Para que aceptara una demora en el proceso, Netanyahu ha permitido que Ben-Gvir se haga cargo de una "guardia nacional" civil. Según Noa Landau, número dos del diario Haaretz, la situación va a peor. "Lo que faltaba: Ben Gvir tendrá ahora unas fuerzas armadas privadas...".

¿En qué consiste la reforma judicial?

Son tres proyectos de ley que requieren tres votaciones en la Knesset para entrar en vigor. El proceso avanza en paralelo para los tres casos y ya ha superado la primera aprobación.

Uno de los tres proyectos de ley se refiere al comité de selección de los jueces, formado por nueve miembros. Hasta ahora se requería un consenso entre jueces y políticos. Ahora el gobierno pretende que sea necesaria solo una mayoría simple, y así impondría su criterio.

Según los otros dos proyectos, el Supremo no podría invalidar las Leyes Básicas, que funcionan como leyes fundamentales. A su vez, solo podría impugnar las otras leyes si contradicen un principio consagrado en las Leyes Básicas y con apoyo de 12 de los 15 jueces. Ahora precisan solo una mayoría simple.

A su vez, serían suficientes 61 diputados para volver a promulgar leyes impugnadas por el Supremo. Es lo que se denomina cláusula de anulación. También hay medidas para evitar que el Supremo pueda inhabilitar a ministros del gobierno, para que no pueda declarar al primer ministro no apto para el cargo, o revisar planes del gobierno que puedan albergar dudas sobre su aplicación.

¿Cómo intenta la coalición aprobar la reforma?

La idea inicial era promover un proceso exprés para el que cuentan con la mayoría suficiente. Ahora han echado el freno pero no han renunciado a ponerla en marcha. Hasta este mandato Netanyahu siempre había defendido la independencia del sistema judicial. Pero, aunque el primer ministro no es de los promotores de la reforma, sí que puede ser uno de sus beneficiados más directos, ya que hace frente a cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Tiene un proceso por corrupción en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020. Con un Supremo con una acción limitada por el Parlamento y el gobierno, Netanyahu se blindaría.

¿Qué efectos económicos se aprecian?

Las compañías tecnológicas, un sector que supone un 15% del PIB en Israel, están en contra de la reforma judicial. Algunas, como Riskified, han empezado a localizar sus actividades en otros Estados. El Banco de Israel ha remarcado los riesgos de este giro. La incertidumbre también ha provocado una depreciación del shekel frente al dólar (fue de un 6% en febrero). Este lunes han cerrado sucursales bancarias y el aeropuerto Ben Gurion ha suspendido sus operaciones.

¿Cómo lo ve la comunidad internacional?

Es muy significativa la reacción de Estados Unidos, el gran aliado de Israel. El presidente de EEUU, Joe Biden, ha hablado con Netanyahu y se ha expresado "de forma clara", según el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Hay preocupación. La portavoz de Seguridad Nacional de EEUU, Adrienne Watson, dijo el domingo: "Las sociedades democráticas se fortalecen mediante controles y equilibrios, y los cambios fundamentales de un sistema democrático deben perseguirse con la base más amplia posible de apoyo popular". El cónsul en Nueva York, Asaf Zamir, dimitió por su compromiso con un Israel, que "siga siendo un faro de democracia y libertad en el mundo".

¿Qué trascendencia tiene este pulso?

En vísperas de que se cumpla el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel, tiene lugar esta crisis que puede derivar en un choque institucional sin precedentes. Si la reforma se aprueba, el Supremo puede invalidarla, y a su vez el Parlamento, en virtud de sus nuevas prerrogativas, puede anular la decisión de la Corte. Y este pulso irá acompañado de más movilizaciones, más paros y una tensión creciente. Las Fuerzas Armadas han expresado su preocupación por la crisis. Algunos han participado en las marchas. Y Netanyahu ha recordado que los que no cumplan el servicio militar cometen un delito.

La sociedad israelí está dividida, hasta tal punto de que se habla claramente incluso de riesgo de enfrentamiento civil. De ahí los llamamientos del presidente de Israel, Isaac Herzog, una figura que tiene un papel ceremonial pero que se ha visto en la obligación de intervenir en este crucial asunto. Para los críticos con la reforma, como Tzipi Livni, quien comenzó su carrera política en el Likud, la batalla va más allá del poder judicial. "Está en juego nuestra identidad, lo que es Israel. Es una batalla por el alma de Israel como democracia".