Las espadas siguen en alto en Francia. Los detractores de la reforma de las pensiones han salido a las calles en la décima jornada de movilizaciones en más de 250 ciudades del país y el presidente francés, Emmanuel Macron, se mantiene firme en la defensa de la medida. Las manifestaciones han sido menos concurridas este martes, la mitad que la jornada precedente, pero una minoría violenta sigue lidiando enfrentamientos con las fuerzas del orden y dejando a su paso una estela de destrozos y fogatas en las principales ciudades. El jueves 6 vuelven a convocarse nuevas marchas.

El despliegue policial ha sido excepcional este martes: 13.000 efectivos en todo el país, y de ellos, 5.500 en la capital. Han tenido que volver a emplearse a fondo para hacer frente a los vándalos, que arrasan con todo a su paso, y los black bloc, la guerrilla urbana de extrema izquierda contraria al Estado y todas sus manifestaciones.

En París los controles policiales han sido estrictos: unos 10.000 en total. Al menos 200 personas han sido detenidas en todo el país. En la capital, al menos 50. En Burdeos, donde el jueves pasado quemaron la entrada del ayuntamiento, han sido arrestadas una decena de personas. En Valence, han vandalizado la sede de Los Republicanos (conservadores tradicionales). Han resultado heridos 175 miembros de la fuerzas del orden.

Debido al caos imperante en París después de las marchas del pasado jueves, el presidente Macron llamó al rey Carlos III y juntos acordaron retrasar su visita. Habría coincidido con esta décima jornada de protestas. Toneladas de basura siguen sin recoger en la capital por la huelga de los empleados de limpieza y muchos violentos aprovechan la presencia de desperdicios para prenderlos fuego.

La intensidad de las protestas aumentó la semana pasada después de que el gobierno aprobara la reforma por decreto. Abogados, magistrados y hasta el Consejo de Europa llamaron la atención por la represión policial. Muy alarmante fue la situación registrada el sábado pasado en las protestas contra un embalse destinado a la agroindustria en Sainte-Soline, en las que dos manifestantes quedaron en coma.

La líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, ha pedido a Macron que no trate a los franceses que rechazan la reforma como "un adversario al que puedes despreciar o ignorar". Jean-Luc Mélenchon, fundador de la Francia Insumisa, ha insistido en que la primera ministra ha de dimitir, al tiempo que hacía un llamamiento para que la protesta fuera pacífica. "No hablamos de una disputa corriente. Se trata de dos años de vida que roban a los franceses. La señora Borne ha de marcharse. Hagamos demostración de pacifismo frente a las provocaciones del gobierno", ha escrito Mélenchon en su cuenta en Twitter.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, había acusado a la izquierda de "odiar" a la policía por criticar su actuación y consentir la violencia de los radicales. Darmanin ha sido un firme defensor de la actuación policial.

Según los datos del Ministerio del Interior, han acudido a las protestas 740.000 personas, y en París han sido 94.000. El jueves pasado Interior contabilizó más de un millón de manifestantes. Los sindicatos apuntan que han sido 450.000 solo en la capital, algo más de la mitad que sus registros del día 23, y en total se habrían superado los dos millones. Los jóvenes están muy presentes en las marchas, pero también han sido menos este martes.

También las huelgas son menos concurridas, porque pesan las razones económicas. A ello se suma que el día 23 tenía un marcado carácter simbólico: era la primera vez después de la aplicación del artículo 49.3 y de las dos mociones de censura. Los sindicatos y la oposición querían decir claramente al gobierno que no iban a parar aunque la reforma siguiera su curso.

Los sindicatos se han mostrado dispuestos al diálogo con el gobierno. El dirigente sindicalista Laurent Berger ha planteado que se haga una pausa y se busque a uno o varios mediadores para buscar una salida a la crisis por la reforma de las pensiones. Sin embargo, el presidente Macron y el gobierno de Borne rechazan cualquier tipo de mediación y se oponen a paralizar la reforma. Aún así la primera ministra se ha mostrado dispuesta a recibir a los representantes sindicales la próxima semana.

La nueva ley que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años está pendiente de la revisión del Consejo Constitucional, que ha entrado en acción a demanda de la oposición. El Consejo Constitucional, formado por nueve miembros entre ellos Alain Juppé y Laurent Fabius, tiene hasta el 21 de abril para decidir si la ley respeta la Constitución o ha de ser modificado en parte o completamente.

Si echan por tierra la ley, sería un golpe para Macron y una victoria para los franceses que se manifiestan contra la reforma y para la oposición de izquierdas desde los socialistas a la Francia Insumisa y Reagrupamiento Nacional. Si ordena modificar algún artículo, será derogada.

Mientras tanto, la batalla seguirá en la calle. La primera ministra, Élizabeth Borne, ha dicho que no van a volver a recurrir al artículo 49.3, que permite aprobar una ley sin voto en la Asamblea Nacional, pero ni ella ni el presidente Macron van a modificar la reforma de las pensiones a menos que el Consejo Constitucional dictamine en su contra.

Macron ya dijo en su primera entrevista en televisión que estaba convencido de que esta modificación, forzada por el envejecimiento demográfico, era lo que tenía que hacer por responsabilidad en defensa del interés general, aunque le costara la popularidad. Efectivamente cada vez son menos los franceses que defienden su gestión. Según un sondeo de BVA para RTL, solo un 28% de los franceses encuestados tienen una buena opinión de Macron, lo que supone un descenso de seis puntos en un mes. Casi está al nivel, un 26%, de la crisis de los chalecos amarillos, en noviembre de 2018.