La duodécima jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones en Francia se ha celebrado con menos afluencia y la mirada puesta en el Consejo Constitucional que este viernes hará pública su decisión sobre la medida que supone que se eleve la edad de jubilación de 62 a 64 años. De vuelta de Países Bajos, el presidente Emmanuel Macron ha apostado por esta reforma que ha soliviantado a la mayoría de los franceses. Como en otras convocatorias se han registrado choques violentos entre policía y alborotadores tanto en París como en Lyon y Burdeos. Una policía ha resultado herida en la cabeza en la capital.

La entrada de la sede del Constitucional ha amanecido bloqueada simbólicamente con restos de basura. A partir de las seis de la tarde se ha prohibido cualquier protesta en sus inmediaciones. A primera hora, unos huelguistas han invadido con bengalas la sede de la marca de lujo LVMH, propiedad de Benard Anault, el hombre más rico del mundo.

El líder de la Izquierda Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha difundido en su cuenta de Twitter un mensaje con una foto de un gran cordón policial frente al Constitucional. "¿La barricada ha cambiado de bando?", se pregunta Mélenchon, quien añade que la imagen "ilustra el paso de una crisis social a una crisis democrática".

Los sindicatos mantienen que sea cual sea la decisión del Constitucional seguirán en las calles, pero es indudable que si finalmente se da vía libre a la ley y se promulga el riesgo de que la protesta decaiga es elevado.

En París se han concentrado unas 400.000 personas, según la CGT, y 42.000, de acuerdo con la policía. en toda Francia, los sindicatos calculan que han salido a las calles un millón de personas; serían 380.000, según la policía. El pasado 6 de abril fueron 57.000 en la capital, y 570.000 en todo el país, según el Ministerio del Interior.

Las opciones de los 'nueve sabios'

Los nueve sabios del Consejo Constitucional, encabezados por el ex primer ministro Laurent Fabius, han de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, a instancias de la primera ministra, Élizabeth Borne. Pueden considerar que es totalmente contraria a la Constitución, parcialmente contraria, acorde o parcialmente acorde. Determinarán si el procedimiento para aprobar la reforma fue adecuado: Macron lo hizo pasar como ley financiera y así el gobierno pudo invocar el artículo 49.3 y aprobarla sin voto.

Si mantienen la esencia de la medida, aunque introduzcan algunos cambios menores, será promulgada. Macron se apuntaría una victoria, aunque eso no convencería a los detractores. Un 62% de los franceses rechaza la medida.

Si consideran que el fondo es válido pero no la forma, si Macron quiere sacar adelante la reforma habría de volver a la Asamblea Nacional.

El Constitucional, del que forma parte el conservador Alain Juppé y no está formado por una mayoría de juristas, sino por personalidades políticas de renombre, también ha de dictaminar si procede la realización de un referéndum, como ha demandado la izquierda. A esta opción se aferrarían los sindicatos para demandar que se retrase la promulgación. Después habría que lograr unos 4,5 millones de firmas y acordar la pregunta.

Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista, ha dicho que el llamado Referéndum de Iniciativa Compartida sería "la mejor opción para todos". A su juicio, sería "la mejor salida a la crisis".

El tercer escenario sería el peor para Macron: la invalidación de la reforma. En ese caso, el presidente sufriría un duro golpe, ya que ha apostado su capital político con esta medida, que considera fundamental para evitar un mayor endeudamiento debido al envejecimiento de la población.

Macron, que ganó la reelección como presidente en abril de 2022 frente a Marine Le Pen, vería fracasar su principal apuesta. Su mandato no termina hasta 2027, pero su partido, Renacimiento, y sus aliados, no cuentan con la mayoría en la Asamblea Nacional. Por ello, a punto estuvo de perder una de las mociones sobre la reforma: salió adelante por nueve votos. El gobierno había aprobado esta polémica iniciativa con el recurso al artículo 49.3, que permite que no haya voto en el Legislativo.

El presidente Macron se ha mostrado dispuesto a dialogar con los representantes de los sindicatos, una vez que se conozca la decisión del Constitucional. Cuenta con promulgar la ley y empezar una nueva etapa de mayor apertura.

El secretario general de la CFDT, Laurent Berger, ha sostenido ete jueves que la lucha sindical contra la reforma de las pensiones está "lejos de haber terminado". Prevé retomar las manifestaciones el 1 de mayo, el Día del Trabajo.

La nueva líder de la CGT, Sophie Binet, ha afirmado que el presidente Macron "no podrá gobernar el país mientras no retire esta reforma". Sobre un encuentro con Macron ha insistido en que "si el orden del día es cómo retirar la reforma, iremos. Pero si es 'yo promulgo y luego me reúno, entonces no será posible".

La distancia entre Macron y los ciudadanos parece mayor que nunca antes, aunque atravesó malos momentos antes de la pandemia con la crisis de los chalecos amarillos. Según la encuestadora Ifop, solo el 18% de los franceses cree que Macron entiende sus preocupaciones. Sin embargo, un 58% ve a Marine Le Pen, líder de Reagrupación Nacional, próxima a sus intereses. La diferencia es llamativa.

Es posible que, pese a la lucha sindical y de la izquierda, quien rentabilice electoralmente esta crisis sea Marine Le Pen, quien ahora cuenta con una fuerza parlamentaria fuerte, la primera de la oposición con 89 diputados. Le Pen se opone a la reforma de las pensiones y se plantea echarla abajo si llegara al Elíseo en 2027. Queda una vida.