El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos es desde este lunes historia. Los barcos europeos que faenaban en aguas del Sáhara Occidental han cesado su actividad. A la espera de un recurso que podría dirimirse antes de fin de año, la sentencia del Tribunal General de la UE que consideró ilegal el pacto ha abortado cualquier renovación. Rabat y Bruselas, sin embargo, han mantenido encuentros en los últimos días en busca de alternativas que el Frente Polisario denuncia como intentos de “mantener la piratería marroquí”.

España ha sido uno de los países que con más entusiasmo ha apostado desde hace meses por buscar vías para renovar un acuerdo con Marruecos a pesar de que los tribunales de la UE lo consideran ilegal al carecer del consentimiento del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario. Su recién estrenada presidencia del Consejo de la UE ofrece un nuevo marco para relanzar las negociaciones. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, España “apoya que la Unión Europea y Marruecos concluyan un nuevo protocolo para los próximos 4 años” y “continuar los trabajos, sobre todo en materia de investigación y en materia técnica, para avanzar”. “Soy optimista al respecto y espero que este tiempo de parón dure lo menos posible”, esbozó.

Este lunes y martes Vigo alberga el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), un encuentro informal centrado en el sector pesquero que, entre otros asuntos, abordará la expiración definitiva del acuerdo marroquí.

Un protocolo infrautilizado por España

El ya extinto protocolo entró en vigor en 2019, un año después de que lo rubricaran negociadores de la UE y Marruecos. Permitía faenar, en su mayoría, en aguas del Sáhara Occidental y ofrecía licencias a 128 barcos europeos, entre ellos 93 españoles. Con una vigencia de cuatro años, el fallo de septiembre de 2021 del Tribunal General de la UE declaró nulo el convenio y el acuerdo de asociación con el país -que afecta al comercio de alimentos como los tomates- alegando que se había pactado sin el consentimiento del pueblo saharaui y de su representante, el Frente Polisario, en violación del derecho internacional. Además de España, beneficiaba a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia dedicados principalmente a especies pelágicas (sardina o arenque) para la fabricación de harinas.

A cambio de permitir el acceso de la flota, Marruecos se embolsaba una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon que pagan los armadores, de alrededor de 12 millones. A pesar del número de licencias, apenas una veintena de barcos hacía uso del acuerdo en estos momentos por la pandemia o el elevado coste del gasóleo. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han consumido entre el 21 y el 50 % de las posibilidades de pesca para España. Los principales perjudicados, detalla a este diario Javier Garat, secretario general de Cepesca, son los barcos gaditanos y canarios. El sector reclama ayudas y recuerda que la suspensión del acuerdo entre 1999 y 2007 del protocolo condujo a un plan de reconversión de la flota española.

Presión de Rabat para un acuerdo "con más valor añadido"

En la última semana, la cercanía del fin programado del protocolo ha animado los encuentros entre la UE y Rabat. El jueves se reunió en Bruselas una comisión mixta de pesca entre autoridades europeas y marroquíes para evaluar el acuerdo hasta ahora vigente. La víspera el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, aseguró que la renovación depende de una “nueva visión de asociación” con Europa, “no tradicional, sino que tenga más valor añadido”. "¿Es el modelo de asociación de venir a pescar y pagar al que aspira Marruecos? En el marco de la visión del rey Mohamed VI y de la política exterior de Marruecos, la asociación no se ve así. Está superada", arguyó.

¿Es el modelo de asociación de venir a pescar y pagar al que aspira Marruecos? No

NASER BURITA, MINISTRO DE EXTERIORES DE MARRUECOS

“Hay que precisar que el acuerdo de pesca firmado en 2019 no tiene una fecha de expiración, sino que es el protocolo pesquero el que tiene una duración de cuatro años. Entonces su expiración es programada y esperada, y no forzada”. Rabat busca un pacto que impulse su sector pesquero, que contribuye al PIB marroquí con un 2,3 % y genera 220.000 empleos directos. Sobre la mesa, se halla además su propuesta de captar inversores europeos que se instalen en el país e incrementen sus exportaciones, una vía indirecta para que las capturas en aguas saharauis lleguen a la mesa del continente.

Según la Comisión Europea, se están registrando “estrechas consultas” para lograr una decisión final que tenga en cuenta "el interés compartido de ambas partes". Subrayan que el acuerdo marco sigue vigente. El Consejo Europeo recurrió la sentencia del Tribunal General de la UE que en septiembre de 2021 anuló el acuerdo. Es el Tribunal de Justicia de la UE el que debe pronunciarse.

El Polisario estudia ofrecer licencias de pesca

El equipo de abogados del Frente Polisario que logró la anulación confía en su resolución favorable tras la contundencia de la resolución inicial. “Estos últimos cuatro años el acuerdo ha sido testimonio de una flagrante violación de los derechos del Pueblo saharaui a su autodeterminación y del principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales que la Corte Europea de Justicia ha declarado ilegal. Fue una autorización del saqueo de los 1200 kilómetros de costas saharauis, violando toda norma jurídica y sin el consentimiento del pueblo saharaui y de sus autoridades”, señala el representante del Polisario ante la UE, Omar Mansur.

La organización saharaui que administra los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) y que la justicia comunitaria considera como representante de la población de la ex colonia española sostiene que los Estados miembros de hallan ante una disyuntiva: o continuar trabajando bajo “la piratería de Marruecos” u optar por “legalidad que ofrece el único y legítimo representante del pueblo saharaui”.

Fue una autorización del saqueo de los 1200 kilómetros de costas saharauis, violando toda norma jurídica

“No estamos en contra de cualquier acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Marruecos dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, pero nos opondremos, con la ley en la mano, a todo intento de forma directa o sibilina de firmar acuerdos que afecten al suelo, al mar territorial o al espacio aéreo del Sahara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui, a través de su representante único y legítimo como también combatiremos cualquier conversión o continuidad de estos acuerdos en lo tocante a nuestro territorio”, advierte.

El Polisario mantuvo hace dos semanas una reunión con pescadores canarios para explorar la posibilidad de conceder licencias con las que faenar en las aguas del Sáhara Occidental. El movimiento insiste en estar “dispuesto a estudiar con la UE un mecanismo para poder llegar a acuerdos que respeten nuestros derechos y garanticen en un ambiente de respeto mutuo y de franca cooperación los intereses de ambas partes”. “Somos muy sensibles a los intereses de los pescadores y daremos un trato favorable a ese sector. Solo hay que acordar el mecanismo necesario para ello”, deslizan. Sus letrados sostienen que Bruselas ha hallado vías de cooperación con otros territorios ocupados por Rusia o Turquía respetando el derecho internacional.