Twitter fue una de las principales herramientas empleadas en 2011 por quienes desafiaron en las calles el yugo de los regímenes árabes. Un refugio al principio seguro que recibió aquel mismo año la inversión de un príncipe saudí, convertido hoy en el segundo accionista de la compañía que Elon Musk ha rebautizado como X. Apenas tres años después de la irrupción en su capital, la monarquía saudí logró acceder a los datos de miles de cuentas anónimas que llevaron a sus servicios de seguridad a detener y torturar a críticos con las autoridades, condenados más tarde a abultadas penas de cárcel.

La rápida operación que convierte a STC, la empresa de telecomunicaciones propiedad del fondo soberano saudí PIF (Public Investment Fund), en el primer accionista de Telefónica conduce a los opositores saudíes consultados por El Independiente al caso de Twitter, que aún se halla en los tribunales estadounidenses. Y proyecta densas sombras entre quienes han pagado el alto precio del exilio y la cárcel por exigir reformas democráticas en los confines que administran con mano de hierro la familia real Al Saud.

"Los reguladores españoles deben examinar cuidadosamente este acuerdo y asegurarse de que se establecen las salvaguardias adecuadas para proteger a los usuarios y los intereses españoles"

El antecedente de Twitter

“La inversión de STC en Telefónica se vería únicamente como una expansión global de un gigante de las telecomunicaciones respaldado por el Estado, pero dado el historial de Arabia Saudí de infiltrarse en Twitter, donde una empresa saudí es el segundo mayor accionista, y robar datos privados para desenmascarar y castigar a disidentes anónimos, los reguladores españoles deben examinar cuidadosamente este acuerdo y asegurarse de que se establecen las salvaguardias adecuadas para proteger a los usuarios y los intereses españoles”, explica en conversación con este diario Jalid al Jabri, uno de los rostros más destacados de la oposición saudí.

Su padre Saad al Jabri fue durante años uno de los funcionarios clave del aparato de inteligencia de Arabia Saudí, curtido en la lucha antiterrorista e interlocutor fiable de las agencias de espionaje occidentales. Hasta que su jefe, el ex príncipe heredero y ministro de Interior Mohamed bin Nayef cayó en desgracia ante el fulgurante ascenso de su primo, el actual heredero Mohamed bin Salman.

“Independientemente de los méritos financieros de este acuerdo, las inversiones saudíes en infraestructuras europeas críticas proporcionan al reino una importante influencia política que empleará para inmunizarse frente a las críticas por su pésimo historial en materia de derechos humanos y su represión de la libertad de expresión”, agrega.  

Visión 2030, el plan urdido por Bin Salman para diversificar una economía hasta ahora dependiente del petróleo, ha alentado la llegada del capital saudí a grandes tecnológicas del mundo. Príncipes a título particular como Alwaleed bin Talal o el fondo soberano han invertido en Apple, Uber, Twitter, Lyft y otras startups. Kingdom Holding, la empresa de Alwaeleed con un 16,9% en manos del fondo soberano saudí, posee alrededor del 4% de Twitter, ahora X, y se mantiene como el segundo inversor de la compañía desde la toma de control por parte de Musk.

Condena a muerte a un tuitero saudí

La presencia de los petrodólares saudíes en X ha estado jalonada por la controversia y las demandas judiciales. En 2019 EE.UU. acusó a tres saudíes de actuar como “agentes ilegales de un gobierno extranjero” proporcionando datos sobre usuarios de la red a autoridades saudíes. Dos de ellos eran empleados de la empresa estadounidense y la información suministrada -de hasta 6.000 cuentas anónimas- provocó el arresto de sus usuarios en Arabia Saudí en el marco de una campaña de persecución contra la disidencia recrudecida desde la designación de Bin Salman y que incluye el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en octubre de 2018.

El hostigamiento no ha cesado. El pasado julio el tribunal penal especializado de Arabia Saudí condenó pena de muerte a Mohamed bin Naser al Ghamdi, un profesor jubilado, por su actividad en Twitter y Youtube. Mohamed es hermano de un destacado opositor en el exilio y, tras su detención un año antes, fue acusado de “traicionar su religión”, “perturbar la seguridad de la sociedad”, “conspirar contra el gobierno” e "impugnar al reino y al príncipe heredero". Su actividad se limitó a  retuitear contenidos críticos con el régimen a través de dos cuentas de Twitter, que sumaban juntas una decena de seguidores.

En el mundo occidental se habla de derechos humanos pero el dinero saudí termina valiendo mucho más

“Los países europeos tienen un problema: sus valores son menos importantes que las ganancias financieras. Francia, Reino Unido y hasta cierto punto Alemania están cediendo en sus posiciones hacia Arabia Saudí a pesar del horrible historial en materia de derechos humanos y la alocada actitud de Mohamed bin Salman”, señala a este diario Saad Al Fagih, un histórico disidente saudí afincado en el viejo continente.

Una percepción que comparte Marzoq al Otaibi, un disidente exiliado en España. “En el mundo occidental se habla de derechos humanos pero el dinero saudí termina valiendo mucho más que los derechos humanos”, denuncia. “Me pregunto si Telefónica va a terminar participando en la opresión y los crímenes perpetrados por el Gobierno del príncipe heredero saudí”, agrega. La otrora empresa pública española, con una posición de dominio en el mercado nacional e importantes contratos con la administración, también destacados negocios en Reino Unido y Alemania, dos de los países en los que residen la mayor de los disidentes saudíes en territorio europeo.

“La llegada de STC no es solo un riesgo para los opositores sino para periodistas y activistas de derechos humanos extranjeros. Hay antecedentes del hackeo de móviles”, evoca Al Otaibi. La monarquía saudí -advierte en conversación con este diario el opositor Ghanem al Dosari- dispone de “un amplio aparato de vigilancia”. “Arabia Saudí tiene un historial de empleo de tecnologías avanzadas de vigilancia para controlar el tráfico de internet, las plataformas de medios sociales y las comunicaciones en línea. Agencias gubernamentales, como el Ministerio del Interior saudí, han participado en estos esfuerzos de vigilancia”, alega.

Twitter y otras empresas de propiedad saudí han sido utilizadas para cometer crímenes y proteger a los criminales de las leyes estadounidenses. Lo mismo ocurrirá en España

Historial de cibervigilancia

STC -controlada al 64% por el Gobierno saudí a través de un fondo soberano que engorda su portfolio internacional con los beneficios de la petrolera estatal Aramco- ha participado en las numerosas restricciones que sufre internet intramuros del país. “El gobierno saudí ha establecido una estricta normativa que regula los contenidos en línea y ha aplicado medidas para restringir el acceso a sitios web y plataformas que considera una amenaza para la seguridad nacional o las normas sociales. Este marco normativo se ha utilizado para controlar y censurar los contenidos en línea, especialmente los que critican al gobierno”, recuerda Al Dosari.

“Las empresas de telecomunicaciones que operan en Arabia Saudí, incluida STC están obligadas a cooperar con las autoridades gubernamentales en asuntos de seguridad nacional y aplicación de la ley. Esto puede incluir facilitar el acceso a los datos y comunicaciones de los usuarios cuando lo soliciten los organismos gubernamentales”, añade. Unas prácticas condenadas sistemáticamente por las organizaciones de derechos humanos.

Ali al Ahmed no titubea cuando se le interroga sobre la última adquisición saudí en suelo español. Fue en la década de 1980 el preso más joven de Arabia Saudí tras ser condenado por su activismo político a los 14 años. “Twitter y otras empresas de propiedad saudí han sido utilizadas para cometer crímenes y proteger a los criminales de las leyes estadounidenses. Lo mismo ocurrirá en España. Poderoso es Don Dinero”, replica Al Ahmed, fundador del Instituto para los Asuntos del Golfo. “Esa propiedad terminará afectando a las vidas y las libertades de muchos millones de españoles. España puede acabar sirviendo a una dictadura extranjera, perdiendo su soberanía y su peso político.Cuando una dictadura posee algo, le impone su carácter y sus creencias”.