Suecia fue el primer país que expuso sus reservas sobre la petición del gobierno español sobre la incorporación del catalán, el gallego y el euskera como idiomas oficiales de la Unión Europea. A Suecia se ha sumado este viernes públicamente el gobierno de Finlandia, que considera que este proceso implicaría cargas administrativas y financieras que no se justifican.

España, que ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE, ha incluido el asunto en la agenda del próximo Consejo de Ministros de Asuntos Generales, que se celebra el próximo martes 19, con la intención de que haya un debate y una eventual votación. A esta reunión de forma excepcional acude el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, para enfatizar la relevancia de la decisión para el gobierno de Pedro Sánchez.

Esta demanda responde a una exigencia del líder de facto de Junts per Catalunya, Carles Puidemont, eurodiputado pero fugado de la Justicia española, para negociar su apoyo a una eventual investidura de Sánchez.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha recordado que ampliar el listado de lenguas oficiales, que ya son 24, puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas, según informa Europa Press. Orpo encabeza una coalición conservadora de cuatro partidos, entre los que está el ultraderechista Partido de los Finlandeses.

El Gobierno de Finlandia asegura que está a favor de fomentar la diversidad cultural y lingüística dentro de la Unión, pero no cree que la propuesta española sea la mejor manera de lograrlo. En Finlandia el idioma oficial es el finés (suomi) y hay una minoría de habla sueca. A su vez el finés también es un idioma minoritario en Suecia.

Será difícil que en la reunión del día 19 el gobierno de Sánchez logre su objetivo, ya que la aprobación de nuevas lenguas oficiales requiere la unanimidad. Suecia y Finlandia ya han expresado explícitamente sus reservas pero otros también han comentado sus dudas en los pasillos comunitarios.

Moncloa teme que Francia, muy reacia a reconocer a los idiomas minoritarios en su propio territorio y donde también se habla en algunas zonas el catalán, también se oponga, aunque si hay otros Estados miembro que llevan la voz cantante el gobierno francés será discreto para no dañar a Sánchez, a quien considera un aliado.