"A Chomhaltaí Onóracha, Laistigh de 300 lá, caithfidh muintir na hEorpa a vóta sa daonlathas uathúil suntasach atá againn". Así empezaba el miércoles 13 su discurso del Estado de la Unión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la versión en gaélico, el último idioma que se convirtió de facto en lengua oficial de la Unión Europea el 1 de enero de 2022. Ya son 24 idiomas oficiales, lo que convierte a la Unión Europea en una Torre de Babel con el servicio de traducción e interpretación más numeroso y complejo del mundo.
La Unión Europea apoya el multilingüismo, de ahí que cada vez que entra un nuevo miembro se incorpora su lengua oficial, a la que se traduce todo el acervo comunitario, los documentos que se generan a partir de ese momento y los representantes nacionales pueden expresarse en su idioma. A instancias de la demanda de Junts per Catalunya para apoyar su investidura, el gobierno español, encabezado en funciones por Pedro Sánchez, pide ahora sumar tres idiomas más, catalán, gallego y euskera, que son cooficiales en comunidades autónomas, pero no en todo el territorio, y que no son lenguas oficiales en otros Estados (el alemán es lengua regional en el norte de Italia pero es idioma oficial en Austria y Alemania). El gobierno español ofrece hacerse cargo de la factura para convencer a los Estados miembros. Supondría incorporar cientos de funcionarios: un proceso largo y costoso.
El gaélico es un caso excepcional aunque difiere del caso del catalán, euskera y gallego. Irlanda, al incorporarse a la UE en 1973, adoptó el inglés, el idioma más hablado en el país, pero en 2005 demandó que se sumara el gaélico, también cooficial en todo el país, aunque apenas cuenta con 1,9 millones de hablantes. Por falta de traductores e intérpretes el estatus de idioma oficial se logró finalmente 17 años después. Hubo que incorporar más de un centenar de traductores e intérpretes. Es el idioma más caro: 42 euros por página. En 2017 el presupuesto se elevó tres millones de euros por la incorporación del gaélico.
En 1958, cuando entró en vigor el Tratado de Roma, eran cuatro los idiomas oficiales (francés, alemán, italiano y neerlandés). Ahora son 27 países y 24 idiomas oficiales, debido a que algunos países tienen en común la misma lengua (Austria y Alemania, por ejemplo). Bélgica tiene tres idiomas oficiales (francés, neerlandés y alemán) pero son comunes con otros Estados. Así son idiomas oficiales: el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.
Las combinaciones se multiplican hasta 552 porque cada lengua se traduce a las otras 23. Son tantas y tan extraordinarias que a veces se hace a través de lenguas pivot: el texto se traduce al inglés, francés o alemán y desde esa lengua a las demás. Si hay una nueva ampliación en esta década, ya que están a la espera Ucrania, Moldavia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía, será otro suma y sigue: ucraniano, moldavo, albanés, bosnio, serbocroata, montenegrino, macedonio... Incluso si Chipre se reunificara se abriría la puerta al turco independientemente de la entrada de Turquía.
Un cambio que exige unanimidad
El Reglamento número 1 fija que los actos jurídicos y resúmenes estén disponibles en todas las lenguas de la UE. Las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo de la UE se interpretan en todas las lenguas oficiales. Los diputados del Parlamento Europeo tienen derecho a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales.
Otra cuestión son las lenguas de trabajo: la Comisión Europea y el Consejo Europeo emplean el inglés, el francés y el alemán; el Banco Central Europeo el inglés y el Tribunal de Justicia el francés. Pero en la Unión Europa hay más de 60 lenguas regionales y es fundamental que ese respeto al multilingüismo sea compatible con la operatividad de las instituciones.
Con la salida del Reino Unido se planteó si también dejaría de ser lengua oficial el inglés (los franceses soñaban con esta opción), pero permanece por Malta e Irlanda, y porque requeriría modificar el Reglamento 1/58. Es precisamente lo que ahora demanda el gobierno en funciones de Pedro Sánchez para incorporar el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales, un cambio que exige unanimidad, de acuerdo con el artículo 342 del Tratado de funcionamiento de la UE.
Esta petición responde a una exigencia del líder de facto de Junta per Catalunya, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española, pero con acta de eurodiputado primero para que Francina Armengol fuera presidenta del Congreso. Armengol ha promovido el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara de los Jerónimos. Y ahora también está en juego la investidura de Sánchez. Los siete votos de Junts son imprescindibles para que Sánchez continúe en Moncloa.
De esta forma, el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, envió a mediados de agosto una carta a la secretaría general del Consejo de la UE para que incluyera esta modificación del reglamento en favor de las lenguas cooficiales en tres comunidades autónomas españolas en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra el próximo martes 19 de septiembre. "Percibimos un espíritu constructivo, ya que se sabe que el caso español es muy específico", mantienen fuentes del Ministerio español de Exteriores. Es el único país donde hay un idioma oficial y otros cooficiales en tres comunidades autónomas que a su vez no son oficiales en otros países de la UE. El gobierno en funciones se ofrece incluso a pagar los costes y argumenta que no serán tan elevados por las nuevas tecnologías, pero los Veintisiete no están nada convencidos, como se ha trasladado en la reunión de embajadores permanentes del viernes.
Primero fue la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, quien dijo a Bloomberg que quería examinar "más a fondo" cuáles serán las consecuencias "legales y financieras" de la propuesta española. "Hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE", apuntaba la ministra sueca.
También expresó sus reservas el gobierno de Finlandia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, que encabeza una coalición conservadora en la que se integran los ultraconservadores del Partido de los Finlandeses, ha recordado que ampliar el listado de lenguas oficiales, puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.
En la reunión de embajadores los Veintisiete pidieron un dictamen de los servicios jurídicos y más tiempo para estudiar el impacto económico y político. Albares intentará trasladar los argumentos a favor a los ministros el 19 y que el pago de la factura a cargo de España les haga reducir sus recelos. Aún así el resto de los Estados miembro no van a tener prisa, como la tiene el gobierno español para atender a las demandas de Puigdemont.
La cuestión puede sentar un precedente y abrir una espita. En Países Bajos pueden demandar lo mismo los frisios"
ignacio molina, r.i. elcano
"La cuestión es que España es el primer país que demanda que sean oficiales tres lenguas de una vez, lenguas que no son oficiales en el territorio español sino cooficiales en comunidades autónomas. Sentaría un precedente y abre una espita. En Países Bajos pueden demandar lo mismo los frisios o los que hablan ladino en Italia", afirma Ignacio Molina, investigador senior del Real Instituto Elcano.
La cuestión es, como apunta Molina, que el catalán tiene más hablantes que muchas lenguas oficiales de la UE, unos nueve millones. "Es la lengua sin Estado más hablada de Europa. Son más que los letones o los estonios, pero a nivel interno es difícil separarlo del gallego y el euskera", añade Molina. "No se puede dar la señal equivocada de que para que el catalán tenga el mismo rango Cataluña ha de ser independiente"
Francia, que de momento mantiene un perfil bajo sobre el asunto, ni siquiera ha firmado el Convenio de Protección de las Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa, así que difícilmente va a dar su visto bueno a que el catalán, que se habla en algunas zonas del país, sea oficial en la UE, cuando rechaza que lo sea en su país. Como se opone a que lo sea el bretón, el occitano o el corso. De todas maneras, tampoco quiere abanderar el rechazo por sintonía del presidente Macron con Pedro Sánchez.
Falta de consenso nacional
Para el eurodiputado Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el gobierno de Sánchez "no lo hace por proteger las lenguas sino para buscar un rédito político y eso lo saben los Estados miembros. Es una aberración absoluta. Lo hacen por esos siete votos clave para su investidura".
Ya es un problema que haya 24 idiomas oficiales. Matamos la agilidad legislativa. No creemos que haya que traducir todo porque al final se daña el proceso democrático"
adrián vázquez, eurodiputado de ciudadanos (REnew)
A juicio del eurodiputado del grupo Renew (liberales), "ya es un problema que sean 24 idiomas oficiales. Matamos la agilidad legislativa de las instituciones. Apoyamos la defensa de las lenguas regionales, pero no creemos que haya que traducir todo porque al final eso daña el proceso democrático. Hay 20 comités en el Parlamento y nos reunimos en jornadas de más de nueve horas. Con documentos de urgencia aceptamos hacerlo en inglés y francés. Es imposible tener las 24 interpretaciones. ¿Lo hacemos también en silbo gomero? Es de locos. Retrasa el proceso y hace daño a las instituciones".
En el Parlamento Europeo la petición cuenta con el apoyo de los progresistas (izquierda, socialistas y verdes), mientras que los conservadores son más reticentes. “Los liberales dijimos que hay que estudiar la viabilidad y el coste, y subrayamos que se hace por cuestiones políticas”.
Obra en contra de la demanda del gobierno de Sánchez que no se trate de una propuesta que cuente con el apoyo de la mayoría del espectro político español. "En otro momento el debate se puede abordar con tranquilidad, pero ahora la demanda está politizada", señala el eurodiputado de Ciudadanos.
La UE sí habla catalán, gallego y euskera
El Parlamento Europeo, cuando era presidente Josep Borrell, actual Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, pidió en 1990 que el catalán fuera una lengua de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Borrell recordaba esta semana cómo fue su voto de calidad lo que lo hizo posible ese primer paso.
El Parlamento Europeo es una institución cercana al ciudadano y es importante que puedan dirigirse en su idioma, y eso ya es posible con el catalán, gallego y euskera"
josep borrell, vicepresidente de la cE y alto representante para politica ext.
"El Parlamento Europeo es una institución cercana al ciudadano, y por eso es importante que los ciudadanos puedan dirigirse a él en su idioma, y eso ya es posible. De ahí a que sea lengua oficial es un paso con implicaciones políticas y presupuestarias. Incluso, como se vio con el gaélico, puede haber dificultades de personal", decía Borrell, en un encuentro con periodistas en Estrasburgo. La oficina del Parlamento Europeo en Barcelona usa el catalán, junto con el castellano, en sus campañas informativas, comunicados, en la página web y en sus redes.
En un paso más, desde 2006 los ciudadanos también pueden dirigirse a todas las instituciones europeas en catalán, gallego y euskera y les responderán en sus lenguas. También los miembros del Consejo y del Comité de las Regiones pueden hablar en estas lenguas, aunque han de avisarlo previamente para tener previstos los servicios de interpretación. España se hace cargo de estos gastos.
No solo es el dinero, es la preparación
Efectivamente, ir más allá del reconocimiento actual conlleva elevar la alta factura de los servicios de traducción e interpretación, que supone unos 1.000 millones de euros al año, cerca del 1% del presupuesto de la UE. Solo en el Parlamento Europeo trabajan unos 660 traductores, 250 asistentes y otros 235 colaborarles; intérpretes funcionarios son cerca de 275 y hay también intérpretes autónomos acreditados.
Por mucho que digan algunos que en 2027 la traducción automática estará al mismo nivel que la humana, aún hay traductores para rato"
Emmanuel pochet, traductor del PE
Requieren una formación muy sólida en varios idiomas comunitarios y conocimientos sólidos en derecho y temas de actualidad. Sus sueldos oscilan entre los 5.000 euros y los 12.000 euros mensuales. Aunque pueden ayudarse de las nuevas tecnologías, su papel es fundamental. "Nuestro perfil es cada vez más técnico, pero también más diversificado. Por mucho que digan algunos que en 2027 la traducción automática estará al mismo nivel que la traducción humana, aún hay traductores para rato", dice Emmanuel Pochet, traductor de francés, en la web del Parlamento Europeo.
Aunque la misión sea imposible a corto plazo, la estrategia del gobierno español en funciones es demostrar que están haciendo todo lo posible por conseguirlo, pero hay imperativos como lograr la unanimidad que quedan fuera de su alcance. Si la propuesta ni siquiera cuenta con el consenso interno, sería milagroso que los Veintisiete entendieran el encaje lingüístico en España cuando aquí se siga usando políticamente por unos y por otros.
Habrá que ensayar vías intermedias como un paso más entre la lengua de comunicación y la lengua oficial. Y no solo para el caso del catalán, el euskera y el gallego, sino para toda una comunidad que puede superar pronto los 30 miembros. Hay que evitar que la Torre de Babel se desmorone.
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