"Hemos dado un gran paso adelante en una cuestión crítica para el futuro de la UE. Con el acuerdo de hoy estamos en mejor posición para alcanzar un acuerdo sobre el Pacto de Asilo y Migración en el Parlamento Europeo antes de que termine el semestre". El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado así en un comunicado el importante paso dado en la reunión de embajadores de la UE. España tiene especial interés en cerrar el Pacto durante su presidencia.

Los representantes de los Estados miembros de la UE han acordado un reglamento de actuación en situaciones de crisis, incluida la instrumentalización de la migración y la fuerza mayor en migración y asilo. Es la posición que servirá de base en las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. Supone un endurecimiento de las condiciones de asilo y una mayor flexibilidad de actuación de los países que son frontera comunitaria.

En situaciones de crisis migratoria, la UE restringe la aceptación de solicitudes de asilo y facilita que se alargue el tiempo de detención de los solicitantes de asilo ocho semanas más de los 18 meses que permite la norma. El registro de solicitud de protección internacional podrá completarse a más tardar cuatro semanas después de su presentación.

Las contribuciones de solidaridad que puede solicitar un país en situación de crisis migratoria pueden consistir en el traslado de solicitantes de asilo o beneficiarios de la protección internacional a otros Estados que asumen la responsabilidad de examinar los expedientes; contribuciones financieras, o medidas de solidaridad alternativas.

De este modo, la UE descarta las cuotas obligatorias de reparto de refugiados entre los Estados miembros, como pedían Italia o España, pero rechazaban categóricamente Polonia o Hungría. La fórmula que se aplicará es la llamada solidaridad a la carta. De todas maneras, Hungría y Polonia han votado en contra. Austria y Eslovaquia se han abstenido.

Lo que sí se ha logrado es la luz verde de Italia, que se consideraba fundamental desde el punto de vista político, ya que es uno de los países donde hay más llegadas masivas de migrantes. La isla de Lampedusa está desbordada. En lo que va de año, hubo 250.000 llegadas irregulares a países de la UE y el mayor aumento se registra en Lampedusa. Ahora se cumplen diez años desde que llegaron los primeros a esta isla del Mediterráneo.

El jueves pasado, cuando se reunieron los ministros del Interior de la UE, se dio un gran impulso al acuerdo con las concesiones de Alemania, pero finalmente Italia pidió más tiempo para estudiar el texto. Roma ponía pegas a las financiación alemana de ONG que prestan ayuda en el Mediterráneo. Y Berlín quería garantizar que se respetaran los derechos básicos de los migrantes.

Italia ha logrado que no sea vinculante un artículo clave sobre el trabajo de las ONG. "Las operaciones de ayuda humanitaria acordes a los estándares europeos no deben considerarse instrumentalización de migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la Unión o a un estado miembro", decía el artículo 1, pero este apunte ya no se incluye, de modo que deja de ser vinculante.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó en su cuenta oficial en X que este acuerdo político entre los Veintisiete supone "un verdadero punto de inflexión" que permite avanzar en las negociaciones finales entre la Eurocámara y el Consejo. El objetivo es aprobarlo en el primer semestre de 2024. El Parlamento Europeo defiende las cuotas obligatorias así que el debate será arduo.

Críticas de las ONG

Varias ONG han alertado que hay un serio riesgo de que se restrinjan derechos de los migrantes. Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado que este acuerdo "no servirá para mejorar la protección de solicitantes de asilo en la UE y con él se corre el riesgo de que estas personas queden atrapadas, detenidas o sumidas en la miseria a lo largo de las fronteras de Europa".

Según Eva Geddie, "negar sus derechos a quienes solicitan asilo es peligroso, y es una respuesta desproporcionada a situaciones que los países podrían abordar perfectamente aplicando las normas existentes. Añade que no se puede aludir a la "instrumentalización" de las personas migrantes para suspender más derechos.

Amnistía Internacional ha documentado los significativos abusos contra los derechos humanos resultantes de estas políticas, como el uso de la detención arbitraria y la negación de acceso al asilo en Polonia, Letonia y Lituania desde 2021.