El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) albergó este lunes la primera de las dos audiencias previstas para dirimir la validez o no del acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos, con reproches cruzados entre la defensa del saharaui Frente Polisario y las del Consejo y la Comisión Europea.

La primera vista quedó marcada por el debate de si el Frente Polisario tiene legitimación jurídica para representar en instancias internacionales los intereses el pueblo saharaui, después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estimara en 2021 dos recursos de nulidad del Polisario contra el acuerdo agrícola y pesquero de la UE y Marruecos.

El TGUE, que actúa como tribunal comunitario de primera instancia, consideró que estos acuerdos debieron haber sido avalados por el Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, ya que contemplan la exportación de productos agrícolas y recursos pesqueros extraídos en territorios del Sáhara Occidental y en sus aguas adyacentes.

La Comisión Europea defiende su trato con Marruecos

La Comisión Europea -el órgano ejecutivo de la UE- y el Consejo Europeo -que reúne a los gobiernos de cada país miembro de la UE- recurrieron la sentencia del TGUE ante el TJUE, que es la última instancia judicial de la Unión, y durante la audiencia de hoy denunciaron el "error de derecho" que, en su opinión, entraña "someter la acción exterior de la UE al consentimiento del Frente Polisario".

El español Daniel Calleja es el letrado de la Comisión Europea en la audiencia

Para el letrado de la Comisión Europea en la audiencia, el español Daniel Calleja, el Frente Polisario es "uno de los protagonistas" en la resolución del conflicto saharaui, pero "no el único representante" de su pueblo, y subrayó que sólo controla alrededor de un 20 % del territorio del Sáhara y que, además, carece de una estructura administrativa para implementar un acuerdo comercial y pesquero.

"Marruecos controla gran parte del territorio donde hay suelo agrícola. Marruecos es el único que puede garantizar las actividades pesqueras y su sostenibilidad (...) Los acuerdos exigen que haya autoridades que puedan certificar el origen de las exportaciones", añadió Calleja, que dirige el servicio jurídico de la Comisión, y representa al Ejecutivo comunitario en los litigios más importantes.

Según el letrado, la suspensión de los acuerdos "llevaría a obstaculizar el desarrollo económico" del Sáhara Occidental, "condenando a esas poblaciones a una situación de aislamiento y letargo".

En este sentido, remarcó que el pacto con Marruecos redundará en el "bienestar" del pueblo saharaui en forma de más empleo y de una mejora de las infraestructuras, además de suponer una fuente de ingresos por los pagos que la Comisión prevé realizar para las licencias de pesca otorgadas para permitir faenar en aguas del Sáhara a 128 buques europeos, 93 de los cuales son españoles.

El Polisario: "El acuerdo financia el proyecto de ocupación"

En cambio, el abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, reprochó que el cobro de estas licencias no resarce al Sáhara Occidental, sino que "se pagan a su opresor, que es Marruecos, para seguir financiando su proyecto de ocupación ilegal y colonial".

A juicio de Devers, los acuerdos sellados entre Bruselas y Rabat son "una injuria al Derecho Internacional" ya que, en su opinión, "barren el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui", reconocido por Naciones Unidas, y quebrantan "el respeto a su soberanía permanente y a sus recursos naturales".

Desde los campos de refugiados y desde las cárceles marroquíes donde están encarcelados los activistas saharauis, hay un pueblo entero que mira a este tribunal

"El análisis de la Comisión Europea omite el hecho de que los productos extraídos en territorios del Sáhara Occidental se importan a la UE como productos originarios de Marruecos, se computan al contingente arancelario marroquí y se cuentan en las cifras de exportaciones marroquíes", expuso el abogado del Frente Polisario.

Devers repasó la historia reciente del Sáhara Occidental, una antigua colonia de España, que fe invadida y ocupada militarmente por Marruecos.

"Desde los campos de refugiados y desde las cárceles marroquíes donde están encarcelados los activistas saharauis, hay un pueblo entero que mira a este tribunal", afirmó el abogado en un alegato dirigido a los jueces del TJUE, que este martes volverán a dirigir una segunda vista.

Acompañando a la delegación saharaui en la sala de audiencias, estaba el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, así como la diputada de Sumar de origen saharaui Tesh Sidi y la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego.

España, que es parte en el procedimiento, también intervino en la vista a través de la abogada del Estado Andrea Gavela, que se alineó con la postura de la Comisión Europea y afirmó que "no corresponde a la UE ni a sus tribunales" dirimir la soberanía del Sáhara Occidental.

"España defiende la centralidad de las Naciones Unidas para la búsqueda de una solución duradera, justa y mutuamente aceptable para el Sáhara occidental", añadió Gavela.

Además, afirmó que el Frente Polisario no está habilitado "para considerarse directa o indirectamente afectado" por el acuerdo comercial de la UE y Marruecos.

En una resolución de 1979, la Asamblea General de la ONU describía al Frente Polisario como "el representante del pueblo del Sáhara Occidental" y recomendó que esta organización "debería participar plenamente en cualquier búsqueda" de una solución al conflicto.

La UE es el principal socio comercial de Marruecos. En 2022, el 56 % de las exportaciones marroquíes fueron al bloque comunitario, mientras que el 45 % de sus importaciones procedían de los Veintisiete. Para la UE, Marruecos también es su principal socio de la ribera sur del Mediterráneo.