Bomba en la política portuguesa. La policía ha registrado este martes la residencia oficial del primer ministro, el socialista António Costa, cercano al español Pedro Sánchez, y los Ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática. Pero la cuestión va más allá. Horas después se sabía que António Costa también está siendo investigado en el caso de los negocios con el litio y el hidrógeno.

"En el curso de las investigaciones, también ha salido a la luz que los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del presidente del Gobierno y que éste ha intervenido para desbloquear procedimientos. Estas referencias se analizarán independientemente en el marco de la investigación iniciada por el Tribunal Supremo de Justicia, ya que es el foro competente", señala el comunicado de la Fiscalía. La corrupción activa y pasiva de un cargo político, el tráfico de influencias y la prevaricación son los delitos imputados en esta investigación, según informa el diario portugués Publico.

A su vez, la policía ha detenido a dos personas muy cercanas a Costa: su jefe de gabinete, Vítor Escária, y el empresario Diogo Lacerda Machado, amigo del primer ministro, que se encargó de la nacionalización de la aerolínea TAP. También han arrestado al alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas. La Fiscalía temía que hubiera fugas y por eso ha procedido a las detenciones.

Son sospechosos formales en la investigación (arguidos) el ministro de Medio Ambiente, Duarto Cordeiro, y el de Infraestructuras, João Galamba, así como el ex ministro de Medio Ambiente João Pedro Matos Fernandes, según cita la agencia Efe.

La investigación, que se remonta a finales de 2019 trata de dilucidar si se produjeron tratos de favor a empresas portuguesas, como Galp y REN, para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, el polo industrial, creado alrededor del puerto. También se están revisando las concesiones para explotar litio en Montalegre.

El primer ministro ha cancelado su agenda en Oporto y se ha reunido con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que también ha recibido a la fiscal general, Lucília Gago.