Desde la crisis migratoria de 2015, la Unión Europea tenía pendiente un acuerdo sobre migración y asilo. La canciller alemana, Angela Merkel, creyó entonces que Europa podía hacer frente unida a lo que fue un enorme desafío. Merkel acuñó su "wir schaffen es" (lo conseguiremos) y Alemania acogió a la mayor parte de los refugiados, la mayoría de Siria y Afganistán. Sin embargo, la Unión Europea no alcanzó una posición común. Con la vista puesta en las elecciones europeas de junio de 2024, los negociadores del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo de mínimos sobre Migración y Asilo. Para las instituciones europeas, es un hito histórico, pero las ONG y los partidos de izquierda consideran que pone en peligro el derecho individual al asilo en Europa.

El acuerdo ha de ser ratificado aún por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Está previsto que se dé este paso bajo la presidencia belga, a principios de 2024, pero ha sido bajo presidencia española cuando se ha dado el empuje crucial.

La agencia de control de fronteras Frontex dijo este mes que el nivel de llegadas indocumentadas en la UE este año es ya la mayor desde 2015. En 2022 se superó el millón de peticiones de asilo en Europa. El estallido de una crisis migratoria con los partidos nacionalpopulistas en ascenso en diversos países de la UE ha facilitado que los partidos de centro derecha, centro izquierda y los liberales forzaran la máquina, aunque el resultado es un acuerdo de mínimos, que endurece las condiciones migratorias.

¿En qué consiste el pacto?

Es un paquete de cinco reglamentos con los que se busca gestionar las llegadas de migrantes, con un endurecimiento de la legislación actual. Los reglamentos tratan sobre el control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras, la tutela judicial, la gestión de las crisis y la atención a los solicitantes de asilo. En palabras de Margaritis Schinas, comisario de Protección del Estilo de Vida Europeo, el pacto es como una casa de tres pisos: el primero es la dimensión exterior, el control de llegadas y retornos; el segundo, los procedimientos en frontera, y el tercero, la responsabilidad de los Estados miembros.

Los países en primera línea, como España, Grecia o Italia, están especialmente afectados y exigían que fuera obligatorio el reparto de los migrantes y solicitantes de asilo. No será así en la práctica, aunque en casos de afluencia extraordinaria, se establecen mecanismos excepcionales de solidaridad. Y, como ha destacado el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, regiones como Canarias, pueden apelar la intervención europea.

¿Por qué es importante el pacto?

Lo más relevante es que haya pacto, más que el pacto en sí, que los propios negociadores reconocen que dista mucho de ser perfecto. "Si no hubiéramos llegado a este acuerdo, habría sido un golpe muy duro para la causa europea", ha reconocido López Aguilar. "Los reglamentos europeos obligan a los Estados miembros a cumplirlos. Las políticas migratorias, que estaban en manos de los Estados, se europeizan, como el control de fronteras", afirma Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora senior del área de migraciones en el Cidob.

¿Qué implica el acuerdo?

Los Veintisiete establecen un mecanismo de "solidaridad obligatoria para los países de la UE reconocidos como sometidos a presión migratoria", pero otros Estados miembros podrán "elegir entre reubicar a los solicitantes de asilo en su territorio o hacer contribuciones financieras (20.000 euros por cada rechazo)". También pueden colaborar de otras formas o combinar la acogida y el pago. De esta manera, salvan las objeciones de Hungría, por ejemplo, pero la distribución de la responsabilidad entre Estados miembros era una línea roja, y ahora se ha cambiado por la solidaridad a la carta.

El compromiso es reubicar en otros países a un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo, refugio o protección internacional. No incluye a los migrantes económicos.

Otro elemento clave del acuerdo es que "las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE serán sometidas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá la identificación, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad, durante un máximo de siete días". Es decir, será más rápido este procedimiento, común en toda la UE. Y la tramitación de solicitudes de asilo será de seis meses para la primera decisión y límites más cortos para quienes tengan menos posibilidades. Será más difícil acceder al asilo.

De este modo, en frontera se van a crear espacios de detención. Por un lado, los países o regiones que son frontera de la Unión Europea no van a lidiar solos con las llegadas, pero sí que los migrantes quedarán confinados en esos espacios hasta que se defina su destino. Ahora, por ejemplo, hay reubicaciones desde Canarias a otras zonas de España.

¿Qué papel desempeñan los terceros países?

Es uno de los puntos débiles del pacto, a juicio de Blanca Garcés-Mascareñas. "Esta política migratoria común depende de terceros países, que se convierten en pieza clave para reducir las llegadas. Europa se pone en manos de estos terceros países, que suelen usara la migración para conseguir intereses bien económicos (Túnez) o bien políticos (Marruecos con el Sáhara)", afirma la investigadora. El retorno de los rechazados dependerá de estos terceros países y generalmente no colaboran, de ahí que haya tantas decisiones que no se ejecutan finalmente. Además, muchos de estos países tienen estándares poco aceptables de respeto a los derechos humanos. "El pacto asume cuestiones que no están en manos europeas", subraya Garcés-Mascareñas.

¿Quiénes critican el acuerdo?

Los Verdes y la Izquierda en el Parlamento Europeo han sido críticos, mientras que socialistas, populares y liberales han elogiado lo logrado. Los Verdes han dicho que el pacto es "inviable y consolida prácticas que socavan los derechos humanos". El eurodiputado belga Philippe Lamberts, copresidente del grupo de Los Verdes, ha señalado que consolida "ideas anticuadas sobre cómo abordar la migración y no tiene en cuenta la realidad de las fronteras de la UE, tanto en tierra como en el mar".

¿Qué dicen las ONG relacionadas con la migración?

Su diagnóstico es demoledor. Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, mantiene que "casi seguro provocará la detención de facto de más personas en las fronteras de la UE". Además, sostiene que "se reducirán las salvaguardas para quienes solicitan asilo en la UE". Según esta responsable de Amnistía, "en lugar de priorizar la solidaridad a través de reubicaciones y reforzar los sistemas de protección, los Estados podrán pagar para reforzar las fronteras exteriores o financiar a países fuera de la UE para impedir que las personas lleguen a Europa".

Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, asegura en un comunicado que el texto "supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional". Critica la "ficción jurídica de no entrada", contraria al derecho internacional, y cómo se consolidan las fronteras como "espacios de no derecho". CEAR lamenta que no se haya contemplado la creación de vías legales y seguras, y en lugar de ello, se centra en impedir que las personas lleguen y en su caso fija las pautas para que sean expulsadas lo más rápidamente posible.