El rumbo de Donald Trump hacia la Casa Blanca, imparable en las encuestas, está sorteado por los obstáculos legales que plantean sus procesos, si bien no son insalvables, aunque llame la atención. Es tan insólito su caso que no hay precedentes a los que aferrarse y la Constitución se limita a señalar que el candidato ha de ser mayor de 35 años y ciudadano de EEUU con 14 años de residencia en el país. Trump afronta cuatro causas penales diferentes y el primer juicio será el 4 de marzo. Es el juicio por intentar subvertir las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, a quien parece que se volvería a enfrentar en noviembre de 2024. Es justo la víspera del Supermartes, la fecha clave en las primarias en las que se elige el candidato de cada partido a la Presidencia.

Este miércoles el ex presidente ha sufrido un revés por la decisión del Supremo de Colorado de inhabilitarle para ocupar un cargo público y en consecuencia ser candidato en este estado por haber participado en la "insurrección" del 6 de enero de 2021. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son en realidad 50 elecciones, tantas como estados. Podría no presentarse en Colorado en las primarias y que el candidato republicano allí no fuera el ex presidente pero sí en otros estados. La cuestión es que hay otros juicios pendientes. Tendrá que entrar a decidir el Tribunal Supremo. La clave es cómo se interpreta la 14ª enmienda, sección tercera.

Qué dice la 14ª enmienda, sección tercera

Entre 1865 y 1870 se aprobaron tres enmiendas constitucionales con la intención de proteger a los esclavos liberados y garantizar las libertades conquistadas en la guerra civil. La decimocuarta enmienda se refiere a la igualdad de protección y otros derechos. El objetivo de la sección tercera, relativa a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, era impedir que los rebeldes confederados pudieran gobernar el país que habían intentado partir en dos. La decimocuarta enmienda, sección tercera, adoptada en 1868, dice lo siguiente:

"No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector de presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo alguno, civil o militar, en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de la legislatura de cualquier estado, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, eliminar tal inhabilitación". Es decir, precisaría una amnistía del Congreso.

Qué ha pasado en Colorado

La demanda contra Trump alega que incitó y participó en una rebelión, en alusión al asalto al Capitolio, y por esta razón no podría ser candidato a la Casa Blanca. Un juez de distrito en Denver entendió que no había razones suficientes para impedirle ser candidato, porque interpretó que el texto no se refiere a presidentes, aunque reconocía que había participado en una insurrección contra EEUU. La sentencia fue recurrida y el Supremo de Colorado decidía el 19 de noviembre por cuatro votos a tres que al presidente le afectaba la enmienda, en su calidad de "officer" (funcionario o cargo público) de EEUU, y que claramente se rebeló contra el Estado. Curiosamente no está juzgado por insurrección. Trump hará que el Supremo tenga que pronunciarse, y en el caso de Colorado tiene que dar una respuesta antes del 4 de enero, fecha límite para inscribirse como candidato en este estado.

Cómo se interpreta la enmienda de inhabilitación

Como apunta The Economist, la llamada enmienda de inhabilitación experimenta una especie de resurgir. Hay algún precedente reciente: hace un año, Couy Griffin, entonces comisionado del condado de Nuevo México, fue destituido de su cargo por un juez estatal por participar en el asalto al Capitolio. En agosto, dos juristas conservadores, Will Baude, de la Universidad de Chicago, y Michael Stokes Paulsen, de la Universidad de St Thomas en Mineápolis, sostienen que la 14ª enmienda, sección 3, "inhabilita" a Trump "y potencialmente a muchos otros" que desempeñaron un papel en "el intento de derrocamiento de las elecciones presidenciales de 2020". J. Michael Luttig, juez nombrado por George H. W. Bush, y Laurence Tribe, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, coinciden. Pero otros académicos de izquierda y derecha dudan que las contribuciones de Trump a los disturbios del 6 de enero le impidan automáticamente ejercer su cargo.

¿Qué pasará ahora?

El Tribunal Supremo federal ha de aceptar el caso, en primer lugar. Probablemente lo haga, y entonces habrán de argumentar sobre su inhabilitación en función de esta décimocuarta enmienda, sección tercera. En el Supremo hay nueve jueces, seis de ellos conservadores, y tres nombrados directamente por Donald Trump. Son Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy C. Barrett.

"Todo el mundo espera que admitan el recurso y se inventen algún razonamiento jurídico más o menos creativo que mantenga al ex presidente en la papeleta. La decimocuarta enmienda no es ambigua: si hay insurrección, no puede acceder a cargo alguno, sin historias ni excepciones. El Supremo deberá crear una doctrina muy peculiar sobre quién es un 'cargo público' o encontrar alguna pirueta exótica (exigir una sentencia en firme) para darle la razón a Trump", señala Roger Senserrich, en su newsletter Four Freedoms. Senserrich añade que "la probabilidad de que en este Supremo decidan ser leyenda y se carguen a Trump es minúscula, pero no es cero".

¿Sentará un precedente el caso de Colorado?

Como señala The New York Times, dependerá de lo que suceda en el Supremo federal. Al menos otros 16 estados tienen actualmente impugnaciones legales pendientes contra la elegibilidad de Trump para el cargo en virtud de la 14ª Enmienda, según una base de datos realizada por Lawfare, especializado en seguridad nacional. Cuatro de estas demandas -en Michigan, Oregón, Nueva Jersey y Wisconsin- se han presentado en tribunales estatales. Once de ellas -en Alaska, Arizona, Nevada, Nueva York, Nuevo México, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming- dependen de tribunales federales de distrito. Los casos de dos de estos estados, Arizona y Michigan, fueron inicialmente desestimados por un tribunal inferior, pero han sido recurridos. También se ha presentado otro recurso en Maine.

Hasta ahora Trump ha sabido presentarse como víctima de una conspiración política de modo que ni ha perdido apoyo electoral ni donantes. Una encuesta de Reuters/Ipsos de principios de diciembre refleja que un 52% de votantes republicanos votarían por el ex presidente aunque fuera declarado culpable en alguno de sus juicios, y un 46% lo haría aunque tuviera que ir a la cárcel. Según Senserrich, "cualquier cosa que no sea una inhabilitación del Supremo o una sentencia increíblemente chusquera no cambiará la campaña demasiado".