El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado este martes el decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, afectando a más de 5.000 trabajadores.
Esta era una de las medidas anunciadas a principios de mes dentro del 'plan motosierra' con el que el ultaderechista pretende reducir el gasto púbico. El Gobierno deja así de ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.
La medida afectará a aquellos trabajadores de la Administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas púbicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Fuentes consultadas por el diario argentino Clarín aumentan la cifra hasta los 7.000 los contratos afectados.
Habrá algunas excepciones, como las de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de aquellos que precisan mantener en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.
El Gobierno argentino también revisará más de un millón de planes sociales para detectar supuestas irregularidades, según anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El Ejecutivo iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
Una parte de las organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como 'corralito' bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
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