La suspensión de la ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos decretada por nueve países por la supuesta implicación de una docena de sus miembros en los ataques de Hamás es un “castigo colectivo” a la población de Gaza camino de cuatro meses de guerra con 1,9 millones de desplazados internos, más de 26.000 muertos y el riesgo de hambruna en la Franja.

Así lo ha denunciado la propia UNRWA. Para Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, cortar “la línea de vida” de 2 millones de personas en Gaza “es un castigo colectivo”. “Insto a los países que han suspendido su financiación a que reconsideren sus decisiones antes de que UNRWA se vea obligada a suspender su respuesta humanitaria. La vida de la población de Gaza depende de este apoyo y también la estabilidad regiona”, ha solicitado en las últimas horas.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Reino Unido, Finlandia, Suiza y Escocia han paralizado la financiación a la UNRWA mientras la ONU investiga la acusación israelí de que una docena de sus miembros -UNRWA tiene más de 13.000 empleados en la Franja- participaron en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos. Otros países como Irlanda o Noruega han comunicado su intención de mantener la asistencia financiera.

A esa llamada de auxilio a la agencia se ha sumado este domingo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien ha instado a reanudar la ayuda. “La ONU está adoptando medidas rápidas tras las acusaciones extremadamente graves contra varios miembros del personal de la UNRWA. Estos presuntos actos abominables deben tener consecuencias. Pero resulta necesario satisfacer las necesidades humanitarias de las poblaciones desesperadas a las que sirve la UNRWA", explica el portugués.

Nueve empleados despedidos

“De las 12 personas implicadas, nueve fueron inmediatamente identificadas y despedidas por el comisionado general; se ha confirmado la muerte de una de ellas y se está aclarando la identidad de las otras dos”, explica Guterres.  “Cualquier empleado de la ONU implicado en actos terroristas tendrá que rendir cuentas, incluso mediante acciones penales. La secretaría está dispuesta a cooperar con una autoridad competente capaz de procesar a los individuos en línea con los procedimientos normales de la Secretaría para dicha cooperación”.

A mediados de enero la UNRWA anunció una revisión completa e independiente de la organización. La agencia recuerda que dos millones de civiles en Gaza dependen de su ayuda crítica pero advierte que la financiación actual “no le permitirá cumplir con todos los requisitos para apoyarlos en febrero”. “Aunque comprendo sus preocupaciones -yo mismo me sentí horrorizado por estas acusaciones-, hago un llamamiento enérgico a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones para que, al menos, garanticen la continuidad de las operaciones de UNRWA”, subraya Guterres.
 
“Los abominables presuntos actos de estos miembros del personal deben tener consecuencias. Pero las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para UNRWA, muchos de ellos en algunas de las situaciones más peligrosas para los trabajadores humanitarios, no deben ser penalizados. Deben satisfacerse las terribles necesidades de las poblaciones desesperadas a las que sirven”, agrega.

Desde la UNRWA, se insiste además que, en mitad de intensas operaciones militares israelíes en Jan Yunis, muchos gazaties “tienen hambre mientras el reloj avanza hacia una hambruna inminente”. “La agencia gestiona refugios para más de 1 millón de personas y proporciona alimentos y atención primaria de salud incluso en el punto álgido de las hostilidades”, aclara.

“En el fallo del viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó que “'srael debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza'. Estas medidas tienen como objetivo evitar daños irreparables a los derechos de los palestinos”, señala Lazzarini.

“La única manera de lograrlo es mediante la cooperación con socios internacionales, especialmente UNRWA como el mayor actor humanitario en Gaza. Unos 3.000 miembros del personal básico de los 13.000 que hay en Gaza siguen presentándose a trabajar, dando a sus comunidades un salvavidas que puede colapsar en cualquier momento debido a la falta de financiación. Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos criminales contra algunas personas, especialmente en tiempos de guerra, desplazamiento y crisis políticas en la región”, denuncia.

La agencia asegura, además, que “cada año la lista de todo su personal con los países anfitriones, incluido Israel”. “La agencia nunca recibió ninguna preocupación sobre miembros específicos del personal”, desliza.