¿Es legal que el ex presidente figure en las papeletas después de su papel en el asalto al Capitolio? En Colorado tienen serias dudas. Desde las apuradas elecciones de 2000, en las que el Tribunal Supremo acabó dando la victoria al republicano George Bush hijo frente al demócrata Al Gore, el máximo órgano judicial de Estados Unidos no afrontaba una decisión tan trascendental para el presente y futuro de la democracia. Este jueves los nueve jueces del Supremo han escuchado los argumentos a favor y en contra: todo indica que se inclinarán por darle vía libre.

Excesivo poder de los estados

"¿Por qué un solo estado decide quién puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Por qué debería tener la capacidad de tomar esta determinación para sus ciudadanos y para el resto de la nación?", son las preguntas que ha puesto sobre la mesa la juez Elena Kagan, que fue propuesta por el demócrata Barack Obama. "En otras palabras, esta cuestión de si un ex presidente está inhabilitado por insurrección para volver a ser presidente me suena terriblemente nacional. Así que cualesquiera que sean los medios para hacerla cumplir, sugeriría que tienen que ser medios federales, nacionales".

Si esa es la visión de una juez designada por un demócrata, es razonable pensar que el Supremo no pondrá obstáculos al ex presidente. De los nueve jueces del Supremo, seis han sido designados por presidentes republicanos, de ellos tres por el propio Donald Trump, y tres por demócratas.

Otro de los designados por demócratas, Ketanji Brown Jackson, ha sido escrupuloso al referirse a si esta 14ª enmienda afecta a los presidentes. "¿Por qué no se incluyó la palabra 'presidente' en la propia lista de la sección tercera? Lo que realmente me preocupa es que entiendo perfectamente su argumento, pero estaban enumerando las personas que estaban excluidas, y el presidente no está ahí... Tal vez no se estaban centrando en el presidente".

La décimocuarta enmienda

Durante las dos horas en las que se han planteado los diferentes argumentos la tesis que más se ha repetido aludía al papel de los estados sobre la candidatura de un aspirante a la Presidencia. Han dejado de lado el fondo del asunto de la demanda: si el ex presidente debería quedarse fuera por haber participado en "una insurrección". Así lo dispone la tercera cláusula de la décimocuarta enmienda de la Constitución de EEUU.

El pasado 21 de diciembre el Supremo de Colorado inhabilitó a Trump para ocupar un cargo púbico y en consecuencia le impedía ser candidato en este estado. La razón: haber participado en la "insurrección" del 6 de enero de 2022. Trump, cuya carrera a la candidatura parece imparable tras imponerse claramente en Iowa y New Hampshire y quedarse solo frente a Nikki Haley, podría no competir en Colorado y hacerlo en otros estados. Pero si el Supremo federal diera la razón al de Colorado sería una señal para otros estados. En Maine también han dado el mismo paso que en Colorado.

El caso, Donald J Trump contra Norma Anderson y otros, surgió después de que seis votantes de Colorado presentaran una demanda el año pasado alegando que Trump no era elegible para presentarse a la presidencia en virtud de una disposición poco utilizada de la 14ª enmienda de la Constitución.

La clave de la evaluación del Supremo se suponía que era la interpretación de la tercera cláusula de la décimocuarta enmienda de la Constitución. Su objetivo era proteger a los esclavos liberados tras la guerra civil estadounidense.  La decimocuarta enmienda, sección tercera, adoptada en 1868, dice lo siguiente:

"No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector de presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo alguno, civil o militar, en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de la legislatura de cualquier estado, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, eliminar tal inhabilitación". Es decir, precisaría una amnistía del Congreso.

Temor al caos

Sin embargo, los jueces del Supremo apenas han abordado la cuestión de si Trump participó o no en una insurrección y en consecuencia puede presentarse. Está más preocupado por si los estados actúan cada uno por su cuenta a la hora de evaluar las candidaturas presidenciales.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha dicho que el "objetivo" de la 14ª enmienda era restringir el poder de los estados tras la Guerra Civil en un intento de alinear a los estados confederados y cuestionó por qué daría a los estados la capacidad de expulsar a un candidato presidencial de la papeleta electoral. Con una visión similar, el conservador Brett Kavanaugh ha destacado que el Congreso es el que tiene "un papel principal" frente a los estados. Para el juez conservador Samuel Alito sería "inmanejable" que los estados llegaran a conclusiones diferentes.

A su vez el juez Brett Kavanaugh ha dicho que el Congreso ha promulgado un mecanismo para prohibir que los insurrectos ocupen cargos públicos. Es la Ley de Insurrección, que fue aprobada décadas antes de que se ratificara la 14ª Enmienda en 1868. Aunque Trump está siendo procesado penalmente por sus presuntos esfuerzos para subvertir el traspaso de poder tras las elecciones presidenciales de 2020, no está acusado de violar la Ley de Insurrección. El ex presidente se ha declarado inocente de los cuatro cargos que le imputa el abogado especial Jack Smith.

Para el juez John Roberts si se da luz verde a la demanda de Colorado se sembraría el caos en el país. Los estados republicanos tratarían de descartar a Joe Biden como candidato y sería el acabóse. Como si la participación de un ex presidente que ha puesto en duda las bases del sistema democrática, no fuera de por sí una señal de caos.