Dictamen de alcance para las aspiraciones del Frente Polisario como previa al recurso presentado por la Comisión Europea por la anulación de acuerdo pesquero con Marruecos. Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recomendado este lunes que anule la decisión en la que se basa el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos al no considerar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como "separados y distintos" de Marruecos.

"El Consejo (Estados miembros) no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo de Sáhara Occidental", ha señalado la abogada general, la croata Tamara Capeta, en unas conclusiones publicadas este jueves. Su opinión del abogado general no es vinculante, pero el Tribunal de Justicia la valora en la mayor parte de los casos.

"Al no tratar el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes al mismo como separado y distinto del Reino de Marruecos, el Consejo no respetó el derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
El Sáhara Occidental es un territorio del noroeste de África que limita al norte con Marruecos, al noreste con la República Argelina Democrática y Popular, al este y sur con la República Islámica de Mauritania y al oeste con el Atlántico". establece el documento de la abogada publicado este jueves.

La opinión de la letrada es un varapalo a las aspiraciones de Bruselas y Rabat. En 2021 la sentencia del Tribunal General de la UE consideró ilegal el pacto que expiró el pasado julio y abortó cualquier renovación. La justicia comunitaria consideró ilegal el acuerdo al carecer del consentimiento del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario.

El acuerdo pesquero expiró en julio

El ya extinto protocolo entró en vigor en 2019, un año después de que lo rubricaran negociadores de la UE y Marruecos. Permitía faenar, en su mayoría, en aguas del Sáhara Occidental y ofrecía licencias a 128 barcos europeos, entre ellos 93 españoles. Con una vigencia de cuatro años, el fallo de septiembre de 2021 del Tribunal General de la UE declaró nulo el convenio y el acuerdo de asociación con el país -que afecta al comercio de alimentos como los tomates- alegando que se había pactado sin el consentimiento del pueblo saharaui y de su representante, el Frente Polisario, en violación del derecho internacional. Además de España, beneficiaba a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia dedicados principalmente a especies pelágicas (sardina o arenque) para la fabricación de harinas.

Flota española, entre los afectados

A cambio de permitir el acceso de la flota, Marruecos se embolsaba una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon que pagan los armadores, de alrededor de 12 millones. A pesar del número de licencias, apenas una veintena de barcos hacía uso del acuerdo en estos momentos por la pandemia o el elevado coste del gasóleo. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han consumido entre el 21 y el 50 % de las posibilidades de pesca para España. Los principales perjudicados son los barcos gaditanos y canarios. El sector ha reclamado ayudas y recordado que la suspensión del acuerdo entre 1999 y 2007 del protocolo condujo a un plan de reconversión de la flota española.

El equipo de abogados del Frente Polisario que logró la anulación confiaba en su resolución favorable tras la contundencia de la resolución inicial. “Estos últimos cuatro años el acuerdo ha sido testimonio de una flagrante violación de los derechos del Pueblo saharaui a su autodeterminación y del principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales que la Corte Europea de Justicia ha declarado ilegal. Fue una autorización del saqueo de los 1200 kilómetros de costas saharauis, violando toda norma jurídica y sin el consentimiento del pueblo saharaui y de sus autoridades”, señala a El Independiente el representante del Polisario ante la UE, Omar Mansur.