El año 2023 registró la cifra más alta -1153- de personas ejecutadas por pena de muerte de los últimos ocho, lo que supone un aumento del 31% respecto a 2022. Así lo expone Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena capital. Publicado hoy, sus datos revelan, no obstante, un aspecto positivo: cada vez hay menos países que la aplican, factor que confirma la tendencia regresiva de los últimos años. Los cinco que más la emplearon fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia -donde las ejecuciones se multiplicaron por seis- y Estados Unidos.

Sin embargo, el organismo explica en su informe que la cifra real es, probablemente, mucho más elevada, puesto que varios países donde la pena de muerte todavía se utiliza como método de castigo no publican información sobre el uso que hacen de ella. China, que es el que más personas ejecuta (se estima que son miles cada año), no hace pública ninguna cifra. Es un asunto clasificado como secreto de Estado. Lo mismo ocurre en Vietnam, Corea del Norte o Bielorrusia, lugares donde obtener información es sumamente complicado. Además, en varios países con datos disponibles, como Irak o Yemen, Amnistía Internacional considera que puede haber habido más ejecuciones de las que se han podido confirmar.

Irán, responsable del 74% de todas las ejecuciones

El aumento de los números globales es, principalmente, atribuible a Irán, que ha incrementado las penas de muerte aplicadas por delitos de drogas, que representan más del 56%. Además, al menos 545 de las 853 ejecuciones que Amnistía Internacional ha podido confirmar fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena capital según el derecho internacional, como los delitos ya mencionados de drogas, u otros como el robo o el espionaje. 22 personas fueron ajusticiadas por adulterio.

Según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, las autoridades de la teocracia iraní mostraron en 2023 "un total desprecio por la vida humana". Las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder tras el levantamiento “Mujeres Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2023.

Por sí sola, Irán fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas a nivel global, y Arabia Saudí, del 15%. “Pese a los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados” afirma la secretaria en el informe.

"Joe Biden tiene que cumplir su promesa"

En Estados Unidos, que desde hace años es la única democracia liberal del mundo donde la pena de muerte sigue vigente, se produjeron 24 ejecuciones, seis más que en 2022, aunque es una cifra baja si se compara con la serie histórica. Todavía se utiliza todavía en 27 de los 50 estados, y en algunos de ellos se produjeron eventos preocupantes.

En Idaho y Tennessee se presentaron leyes para que las ejecuciones fueran realizadas por fusilamiento. La asamblea del estado de Montana estudió la ampliación de las sustancias que se emplean en la inyección letal. En Carolina del Sur, se promulgó una ley en virtud de la cual se oculta la identidad de las personas y entidades que participan en la preparación de una ejecución, o la llevan a cabo.

“Un número selecto de estados mostró una escalofriante adhesión a la pena de muerte, así como su despiadada intención de invertir recursos en arrebatar vidas humanas. También se empezaron a llevar a cabo ejecuciones mediante el cruel nuevo método de la asfixia por nitrógeno, y Alabama usó ignominiosamente este método no probado para matar a Kenneth Smith apenas 14 meses después de haberlo sometido a un intento de ejecución fallido”, explica Callamard. “El presidente Biden debe dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal.”

No tiene un efecto disuasorio

"No hay una relación directa en ningún caso entre la aplicación de la pena de muerte con la disminución de los delitos, con cualquier tipo de delito" explican a El Independiente responsables de Amnistía Internacional en España. Algunos de sus defensores argumentan que ésta es necesaria "para dar ejemplo", y consideran que su presencia en los códigos penales reduce el número de infracciones. Sin embargo, los hechos desmienten sus postulados: "Más allá de la evidente inmoralidad que supone matar a un ser humano, tampoco sirve para nada, porque el tráfico de droga, por ejemplo, no se reduce".

El balance de los datos de 2023 invita a ser optimistas en algunos aspectos, como destacan desde el organismo: "Hacemos una valoración relativamente positiva en el sentido de que han disminuido de 20 a 16 los países ejecutores, y también ha habido avances significativos en Asia y en el África Subsahariana. En ese sentido, sí que lo resaltamos. Los países ejecutores cada vez están más aislados". En Pakistán y Malasia se suprimieron la pena de muerte por delitos de drogas, así como la pena de muerte preceptiva. En el África subsahariana, los órganos legislativos de cuatro países Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue tomaron medidas hacia la abolición.