No son Imelda Marcos, la todopoderosa mujer del dictador filipino Ferdinand Marcos, conocida por su extraordinaria colección de zapatos, ni Suzanne Thabt Mubarak, la musa del rais egipcio, implicada en una red de asignación de proyectos megalómanos a familia y amigos, pero muchas primeras damas de mandatarios y políticos de países democráticos se han visto envueltas en problemas judiciales por abuso de poder, fraude o enriquecimiento ilícito. Begoña Gómez, esposa del jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, investigada formalmente por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ni es la primera ni será la última.
Como señalaba un informe de Transparencia Internacional de 2014, en relación al caso de Nadine Heredia, casada con Ollanta Humala, "el peligro potencial con las esposas de los jefes de Estado y de gobierno tiene que ver con el hecho de que no tienen que rendir cuentas (accountability)".
Hay un problema de falta de definición del papel de primera dama o primer caballero. Pocos países estipulan qué puede y qué no puede hacer la pareja de quien ocupa el gobierno, aunque se da por hecho que sabe que no puede cobrar por un cargo que no realiza, como fue el caso de Penelope Fillon, esposa de quien fuera primer ministro francés, François Fillon (2007-2012). "Como los primeros cónyuges no son elegidos democráticamente y no pueden ser destituidos, se puede abusar fácilmente del poder de esta posición".
Hay algunos países, como es el caso de Albania, donde se exige a los políticos, sus cónyuges y sus hijos, que declaren cualquier conflicto de intereses. Pero no en todos los casos hay estos mecanismos, hoy en día tan necesarios. Es habitual que los cónyuges de los mandatarios estén exentos de restricciones que sí se imponen a los titulares de cargos públicos.
En el Reino Unido, las instituciones y los medios llevan a cabo un escrutinio estricto a las parejas de sus primeros ministros. La esposa de Rishi Sunak, Akshata Murty, hija de una de los hombres más ricos de la India, se libró de pagar unos 20 millones de libras en impuestos en el Reino Unido al mantener su condición de no domiciliada. Eso le permitía librarse de pagar por los ingresos en el extranjero. Akshata Murty recibe alrededor de 11,5 millones de libras al año en dividendos de una participación en una empresa india, unos ingresos por los que no pagaba al fisco británico.
También violó el código de conducta de su cargo por no haberse dado cuenta de que una empresa en la que su esposa tiene acciones, dedicada al cuidado de niños, se había beneficiado una ayuda presupuestaria. En el caso de los Sunak, es tanto el dinero y las empresas que manejan, ya que su fortuna es superior a la de Carlos III, que ni saben dónde han invertido, pero figurar como "no domiciliado" en el país para pagar menos cuando se nada en la abundancia deja mucho que desear como ciudadano.
En los últimos años se han dado varios casos llamativos ligados a "primeros cónyuges", es decir, primeras damas en general porque de momento hay pocos "primeros caballeros". En México acaba de acceder al cargo Jesús María Tarriba, ex director de riesgos del Banco Santander, segundo marido de Claudia Sheinbaum, presidenta electa.
Hay algún caso en el que los manejos de él han dado al traste con la carrera política de ella, como es el caso de Hans Kopp, abogado de Zúrich, que formaba parte del consejo de administración de varias empresas, que fue acusado de participar en una operación de blanqueo de dinero. Su esposa, Elisabeth Kopp, vicepresidenta de la Confederación Suiza e 1989, tuvo que dimitir. Había sido la primera mujer en ser elegida al Consejo Federal Suizo en 1984.
Veamos una selección de los casos más llamativos:
Bajo la lupa de la Corte Penal Internacional
Simone Gbagbo, ex primera dama de Costa de Marfil, fue la primera mujer acusada por la Corte Penal Internacional por haber participado en los disturbios de noviembre de 2010, un intento a la desesperada de su marido Laurent Gbagbo de aferrarse al poder. Es sospechosa de crímenes de lesa humanidad. Aunque no tenía ningún cargo en el gobierno de Costa de Marfil, formaba parte del círculo íntimo de Gbagbo. Participó activamente en el plan para atacar brutalmente a los opositores a su marido. También fue acusada de cometer malversación y robo de fondos públicos.
En 2015, un tribunal de Costa de Marfil la condenó a 20 años de prisión por socavar la seguridad del Estado. Los jueces de apelación de la Corte Penal Internacional consideraron que no son los mismos delitos, así que Costa de Marfil tiene la obligación de entregarla a La Haya.
El 'Penelopegate' en las presidenciales de 2017
El llamado Penelopegate, por el nombre de la esposa de François Fillon, quien fuera primer ministro conservador francés entre 2007 y 2012, estalló en plena campaña de las presidenciales en Francia en 2017. Fue la publicación satírica Le Canard Enchaîné, la que reveló que Penelope Fillon había estado cobrando durante años por un trabajo que no había realizado como asesora de su marido en la Asamblea Nacional. También había cobrado por escribir en una publicación literaria de una familia millonaria cercana a su marido. El delito no era que tuviera el puesto, sino que no hubiera desempeñado esa función. Y este medio francés recabó pruebas de que efectivamente Penelope Fillon cobró 831.440 euros brutos entre 1988 y 2013.
Fillon era el favorito en los sondeos en las presidenciales hasta que saltó a la luz este escándalo. A pesar de que fue imputado a 40 días de la convocatoria a las urnas, concurrió como candidato de Los Republicanos, los herederos de De Gaulle, pero fue desbancado por Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Finalmente, ganó Macron, que se convirtió en el presidente más joven de la historia del Hexágono.
Fillon y su esposa, que negaron las irregularidades, fueron condenados en mayo de 2022 en apelación. El ex primer ministro recibió una pena de cuatro años de prisión, uno de obligado cumplimiento, 375.000 euros de multa y diez años de inhabilitación. En el caso de Penelope fueron dos años con suspensión de pena, 375.000 euros y dos años de inhabilitación.
La todopoderosa Sara Netanyahu
En 2018, Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue acusada de recepción fraudulenta de bienes, fraude y abuso de confianza ante el Tribunal de Magistrados de Jerusalén. Usó fondos estatales para recibir comidas en la residencia oficial. Habría gastado entre 2010 y 2013 unos 85.000 euros en comidas de lujo, elaboradas por chefs de primera fila. Cuando hay cocinero en la residencia oficial, no está permitido este gasto. El caso implicó al exvicedirector general de la oficina del primer ministro, Ezra Saidoff, que declaró falsamente que no había cocinero.
El primer ministro, que también se ha visto involucrado en una serie de investigaciones por corrupción, calificó las acusaciones contra su esposa de absurdas e infundadas. "Por primera vez en Israel y en todo el mundo, la esposa de un mandatario es procesada por comida para llevar", indicaron los abogados defensores Yaakov Weinroth, Yossi Cohen y Amit Hadad.
La Fiscalía pidió a Netanyahu que aceptara devolver el dinero al Estado, pero el equipo jurídico aconsejó a Sara que no aceptara la responsabilidad. Argumentaron que "no era consciente de que podía estar cometiendo algún delito". Según la defensa, "la esposa del primer ministro, que no es una funcionaria pública, ni siquiera conocía los procedimientos".
La acusada también fue interrogada en relación al Caso 4000, conocido como Caso Bezeq, en el que Benjamin Netanyahu también se ha visto implicado y que estudia la hipótesis de que el mandatario hubiera comprado los favores del medio de comunicación Walla para que este hiciera de él una cobertura favorable a la imagen del primer ministro.
La primerísima dama peruana
Nadine Heredia, ex primera dama, esposa de Ollanta Humala, se sentó en el banquillo por presunto delito de lavado de activos. Los dos estaban acusados de recibir dinero del gobierno de Venezuela en la campaña presidencial de 2006. Habrían recibido el dinero por valijas diplomáticas en la embajada venezolana. También estaban implicados en el caso Odebrecht en la financiación de la campaña de 2011. Según las declaraciones de Jorge Barata, la pareja habría recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña.
La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó que paguen una reparación civil de 422.900.376 soles y 1,8 millones de dólares en caso sean hallados culpables de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos, en el proceso penal por la presunta licitación irregular del Centro de Convenciones de Lima a la empresa brasileña OAS. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa intermedia y los investigados afrontan el proceso en libertad.
Un bolso conectado a Corea del Norte
Como si se tratara de una telenovela-K, un bolso de Dios fue el objeto de deseo que llevó a la primera dama surcoreana, una fashionista irredenta 12 años más joven que su marido, a ocasionar una crisis política mayúscula a principios de este año. El revuelo comenzó con una reunión entre el pastor coreano-americano Choi Jae-young, cercano a Corea del Norte, y Kim Keon Hee, esposa del presidente Yoon Suk Yeol. El pastor dijo que le motivaba el deseo de «compartir consejos» sobre asuntos relacionados con la unificación. Se vieron a solas en 2022 poco después de que Yoo Suk Yeol llegar a la Presidencia.
En una segunda cita, Choi le regaló un bolso de Dior valorado en más 2.000 euros. Y grabó el momento de la entrega. Voice of Seoul publicó el vídeo a finales de noviembre. En declaraciones a medios de comunicación extranjeros, Choi dijo que sólo le movía el derecho del público a conocer la presunta corrupción. Afirma que envió un mensaje a Kim con antelación, notificándole que le llevaba el bolso y que no hubo intentos de rechazarlo o devolverlo más tarde. "El bolso de Dior es la proverbial aguja que rompió la espalda del camello", decía Cho Hee-kyoung, profesor de Derecho de la Universidad Hongik de Seúl, a la CNN, en alusión a los continuos escándalos que rodean a Kim. "Pero con el bolso de Dior, existe esta poderosa prueba visual".
La ley anticorrupción de Corea del Sur prohíbe a los funcionarios públicos y a sus cónyuges recibir obsequios valorados en más 750 dólares en relación con sus deberes públicos.
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