Las proyecciones del Gobierno para el déficit público de España han convencido a la Comisión Europea. Este miércoles, el ejecutivo comunitario ha publicado su paquete de primavera, en el que se incluye un análisis de los países miembros de la Unión Europea que tuvieron un déficit público superior al 3% en 2023. España está en el informe, junto a otros 11 países, pero no se abrirá un procedimiento de déficit excesivo para corregirlo.

La expectativa del Ejecutivo y también de Bruselas es que España cierre este año con un déficit del 3% y que se reduzca por debajo de esa cifra en 2025. Este ha sido uno de los factores que la Comisión ha tenido en cuenta para no incluir a nuestro país en este 'castigo' que obliga a reducir en al menos medio punto del producto interior bruto (PIB) el déficit estructural, así como a una revisión más detallada por parte de la institución comunitaria.

Además, España, igual que Francia y Portugal, "ya no experimentan desequilibrios ya que las vulnerabilidades han disminuido en general. Los riesgos para la sostenibilidad fiscal se estudiarán con arreglo a las nuevas reglas fiscales", justifica la Comisión.

No han tenido la misma suerte Bélgica, Francia -sin riesgos macroeconómicos, pero con un déficit superior al permitido-, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, países para los que la Comisión sí ha considerado necesario abrir estos procedimientos.

Fuentes del Ministerio de Economía han justificado la decisión de la Comisión Europea de no incluir a España en los procedimientos de déficit excesivo, así como la salida del grupo de países con desequilibrios macroeconómicos, por la consolidación del modelo de crecimiento económico que se ha conseguido con las reformas de los últimos años.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicando que "estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas". "Una vez más, que nuestro modelo de crecimiento es fuerte, equilibrado y compatible con la responsabilidad fiscal", ha reiterado el titular de Economía, Carlos Cuerpo.

Bruselas ha tenido en cuenta las perspectivas macroeconómicas y el hecho de que el déficit supere el 3% de forma temporal. No obstante, las nuevas reglas fiscales también establecen un límite a la deuda pública del 60% del PIB. Pero la deuda pública superará el 100% del PIB español en los próximos años, por lo que en otoño, cuando España remita su plan a cuatro o siete años para la consolidación fiscal, Bruselas deberá evaluar también la reducción del endeudamiento.

Con todo, desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo confían en ese plan y descartan que en el próximo año la Comisión sí incluya a España en este procedimiento por superar el límite establecido para la deuda pública. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre Madrid y Bruselas explican que la Comisión ha primado la estrategia de reducción del déficit, por encima de la situación de la deuda pública. Justifican que el procedimiento de déficit excesivo no tenía un "propósito sólido" puesto que España ya tiene previsto reducir el déficit en los próximos dos ejercicios.

Los próximos intercambios de recomendaciones y evaluaciones entre los gobiernos de los estados miembros y la Comisión Europea tendrán lugar en otoño. Ahora comienzan las conversaciones técnicas para que cada país elabore un plan de consolidación fiscal a medio plazo que debe remitir a Bruselas el 20 de septiembre. A continuación, en octubre, deberán enviar sus programas presupuestarios de cara a 2025 y será a principios de noviembre cuando la Comisión publique sus previsiones económicas de otoño. También en noviembre, el ejecutivo comunitario hará públicas sus evaluaciones sobre los planes y los presupuestos de los estados miembros.