Dos investigaciones judiciales en paralelo que se refuerzan si ambas continúan, pese a la carrera de obstáculos que dibuja el horizonte. En Francia la reapertura de la investigación de Pegasus por la Audiencia Nacional, fruto de la remisión de nuevos datos por parte de la justicia gala, se ve con optimismo, como señal de que la investigación propia avanza pese a la falta de resultados concretos.

“Es una investigación sin precedentes. No hay ningún otro caso abierto sobre un programa de espionaje como Pegasus. Es una investigación muy compleja que puede llevar años”, advierten a El Independiente fuentes conocedoras de las pesquisas en el país vecino. El más absoluto sigilo ha marcado hasta ahora el procedimiento en Francia desde que en julio de 2021 una investigación desvelara que el presidente francés Emmanuel Macron, su ex primer ministro Edouard Philippe y 14 de sus 20 ministros habían sido seleccionados por los servicios secretos de Marruecos como potenciales objetivos de la vigilancia con el software de fabricación israelí.

La revelación llevó al Elíseo a abrir una serie de investigaciones y colocar bajo revisión sus lazos con Rabat. En julio de 2022 la fiscalía de París entregó a un juez de instrucción la investigación por el uso de Pegasus en suelo francés, en la que figuran también periodistas del país. La ONG Reporteros Sin Fronteras se personó como parte civil en el proceso en representación de una veintena larga de periodistas procedentes de una decena de países. “El juez ha estado investigando de un modo muy técnico y discreto”, reconoce a El Independiente Antoine Bernard, representante legal de Reporteros Sin Fronteras. Ni siquiera la organización ha podido acceder hasta ahora al sumario.

Tres años de investigación en Francia

“No tener acceso al expediente de investigación puede resultar a veces sospechoso, pero en este caso existe una razón legítima. Se ha estado trabajando. El envío de material a la Audiencia Nacional, que dio lugar a la reapertura de la investigación en España, es una prueba”, desliza Bernard. En base a esas informaciones el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reabrió la causa sobre la infección del software de Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

A punto de cumplirse dos años de su designación, el juez galo ha mantenido el hermetismo en torno al caso. La información proporcionada a Madrid es uno de sus contados “deslices”. Un silencio que ha abonado el recelo en algunas de las víctimas del ciberespionaje en territorio galo. Hasta tres personas afectadas por el software consultadas por este diario han mostrado su frustración por la falta de avances públicos, en mitad de la voluntad de París de descongelar las relaciones con Marruecos que se resintieron tras el estallido del escándalo y una tensa conversación entre Macron y Mohamed VI.

La ansiedad de Francia por salir de las crisis diplomáticas con Marruecos no es un argumento a favor de un procedimiento judicial que llegue hasta el final

“La Fiscalía francesa abrió una investigación judicial el 1 de julio de 2022, pero todo indica que está en proceso de ser enterrada”, señala con pesar a este diario Rosa Moussaoui, periodista del diario galo L'Humanité. “Fui interrogada durante la investigación preliminar por agentes de policía especializados en ciberdelincuencia, pero desde entonces no ha ocurrido nada. No he tenido ningún contacto con el juez de instrucción. Está claro que lo que falta aquí es voluntad política. La ansiedad de Francia por salir de las crisis diplomáticas de los últimos años con Marruecos no es un argumento a favor de un procedimiento judicial que llegue hasta el final”, arguye la reportera, víctima de Pegasus por su cobertura sobre las violaciones de derechos humanos en Marruecos.

“La implicación de una empresa israelí vinculada al Ministerio de Defensa israelí (NSO, que desarrolló y comercializó Pegasus) es también una vergüenza para las autoridades francesas, dada su complacencia con el gobierno israelí, incluso en sus peores abusos contra la libertad. No soy muy optimista sobre el resultado jurídico de estas denuncias”, agrega Moussaoui.

Temor al carpetazo judicial

Para Reporteros Sin Fronteras, ese temor al carpetazo judicial no es descabellado a sabiendas de las presiones que se han ejercido por terceros países, pero consideran que existen motivos para un optimismo lleno de cautelas. “Es un temor plausible, procedente no solo de Marruecos sino de Israel, del que Francia ha tratado de lograr el compromiso de que no venda productos que puedan ser usados contra teléfonos con el prefijo francés. Entiendo a quienes son pesimistas, pero yo diría que estamos vigilantes al respecto. Nuestra propia apreciación es que hay voluntad del juez instructor de avanzar. La ha habido y la hay. Es importante porque es la única investigación judicial que queda en el mundo sobre Pegasus, unida a la de España”, recalca Bernard.

Desde la ONG centrada en la defensa de la libertad de prensa se reconoce que el contexto, altamente politizado, no ayuda a que las víctimas confíen en que la violación será castigada. “Francia y Marruecos tienen intereses económicos, diplomáticos y políticos entrelazados. Para París y las empresas francesas, Rabat es también una antesala para la defensa de los intereses franceses en África Occidental, en un momento en la presencia de Francia en África se ve amenazada: París necesita recuperar apoyo en la región, lo que explica el deseo de pasar página a estas crisis”, arguye la periodista. “Aunque ello implique hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en Marruecos, las injerencias marroquíes en Francia y en las instituciones europeas, y el alineamiento francés con las ofensivas marroquíes para enterrar el derecho internacional en el conflicto de descolonización del Sáhara Occidental. En este contexto, parece muy probable que el asunto Pegasus acabe siendo enterrado bajo el silencio”, denuncia.

Bélgica renuncia a enjuiciar el Marogate

Hace una semana el precedente fijado por Bélgica no contribuye a esa fe en la justicia y su reparación. La justicia belga renunció a investigar la trama marroquí del caso bautizado como Qatargate sobre presuntos sobornos de Qatar, Marruecos y Mauritania para tratar de influir en el Parlamento Europeo. En un movimiento ampliamente criticado, los tribunales del país han optado por ceder a la justicia marroquí la iniciativa para enjuiciar a sus dos ciudadanos sospechosos de estar implicados en el escándalo tras archivar la parte marroquí de la investigación y en pleno acercamiento del Gobierno belga al régimen alauí.  Los dos ciudadanos marroquíes que la justicia belga sospechaba que fueron presuntos corruptores en el Qatargate -también apodado Marocgate- son el actual embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, y Mohammed Belharache, un funcionario de los servicios de inteligencia del reino magrebí, la DGED. Ambos fueron acusados de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal.

La justicia belga sospechaba que Atmoun y Belharache recompensaron a los eurodiputados socialdemócratas Antonio Panzeri y Andrea Cozzolino, así como a su antiguo asistente, Francesco Giorgi, a cambio de trabajar en secreto a favor de Marruecos dentro del Parlamento Europeo. La renuncia belga eleva la inquietud entre quienes se vieron afectados por el espionaje y la percepción de impunidad que proyecta el aparato policial marroquí. Los más escépticos recuerdan que, a nivel de la Unión Europea, el Ejecutivo de Macron ha torpedeado cualquier disposición para proteger a los periodistas del espionaje y del uso de programas espía en nombre de “la seguridad nacional”. “En estas circunstancias, es difícil ver cómo podría fomentar una investigación precisamente sobre estas cuestiones”, advierten.

En el caso de Pegasus, como se ha visto en España con la investigación judicial, el problema clave es la imputabilidad y a quién atribuir el crimen

“En el caso de Pegasus, como se ha visto en España con la investigación judicial, el problema clave es la imputabilidad y a quién atribuir el crimen. Esto puede llevar algún tiempo”, estima Bernard. Ante ese panorama, la representación legal de Reporteros Sin Fronteras confía en que, al aunar esfuerzos, los tribunales español y francés puedan avanzar con más determinación. “Están interrelacionadas y eso significa que la cooperación judicial puede ser productiva. La investigación se cerró en España porque se pudo probar la existencia del spyware, pero no se pudo probar quién lo instaló. Si ahora se ha reabierto la investigación en España, tal vez signifique que es porque el juez francés tiene pruebas al respecto”, agregan desde París.

Uno de los interrogantes que deja el cruce de los datos entre la investigación española y gala es lo que desveló El Independiente hace un año: la misma cuenta de correo (linakeller2203@gmail.com) que accedió al móvil del ministro del Interior y de Defensa espió también a la activista prosaharaui Claude Mangin, de nacionalidad francesa, un alcalde galo, el diplomático del Frente Polisario Oubi Bachir y Hicham Mansouri, periodista marroquí exiliado en Francia. Esa coincidencia refuerza la implicación de Marruecos en el espionaje y también la necesidad de coordinar la investigación entre ambos países. “La única conclusión que se puede sacar de este tipo de hechos es que es realmente importante que los tribunales español y galo trabajen juntos. Hay que aprovechar esa circunstancia”, apuntan desde Reporteros Sin Fronteras.