Una jueza federal ha desestimado el caso de Mar-a-Lago, en el que Donald Trump estaba acusado de haberse llevado documentos clasificados a su mansión de Florida. El expresidente estaba siendo investigado por presuntamente haber cometido delitos contra la ley de espionaje del país y robar documentos del Estado, lo que habría podido provocar su inhabilitación y una condena de cárcel. Era uno de los frentes más importantes que tenía abiertos antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre, y se ha cerrado justo antes de que arranque la Convención del Partido Republicano, que tiene lugar esta semana y donde Trump va a ser designado oficialmente como el candidato de su partido a las elecciones.

La magistrada Aileen Cannon ha decidido que la elección del fiscal especial del caso, Jack Smith, violó la Constitución porque no lo nombró el presidente ni fue confirmado por el Senado, con lo que el caso queda archivado totalmente, en una decisión que ha sorprendido al país. Cannon fue nombrada por el propio Trump y es conocida por haberse salido de la norma en muchas de las decisiones que ha tomado en relación a este caso. "Aun así, casi nadie esperaba que la jueza Cannon matase el caso", dice el New York Times. "Y su elección de los tiempos no podría ser más chocante, porque le da a Trump una enorme victoria en el primer día de la Convención de su partido".

La decisión no tiene impacto en el caso de Trump de Manhattan, donde sus abogados están tratando de cambiar el rumbo tras la decisión del Tribunal Supremo sobre su inmunidad. En una entrevista que el magnate ha dado esta mañana, ha sugerido que el Departamento de Justicia podría estar preparando el archivo de ese caso. Pero Trump todavía tiene por delante el caso de Georgia, en el que se le acusa de tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado y el que se juzga a nivel nacional por los mismos motivos, más el asalto al Capitolio, ambos sin fecha de juicio.

El caso más 'sencillo' de todos los de Trump

El caso de los documentos clasificados al que se enfrentaba Trump, ahora inexistente, parecía el más sencillo de todos aquellos a los que el expresidente se tenía que enfrentar. Estaba acusado de 40 cargos por llevarse ilegalmente algunos de los documentos más sensibles y secretos del país, una vez ya había dejado la Casa Blanca, y por además obstruir los esfuerzos del Gobierno para conseguir ese material de vuelta. Hay que precisar que los papeles fueron recuperados en un registro de la propiedad de Palm Beach.

Esa información tenía que ver con la defensa del país, con su armamento, programas nucleares, posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados en caso de un ataque militar, y posibles represalias. Los fiscales también mantenían que contrató a trabajadores en su mansión de Florida para borrar las grabaciones de cámaras de vigilancia en las que se veía trasladar cajas dentro de la propiedad, para que un juez no pudiera acceder a ellas. También estaban acusados su asistente personal Walt Nauta y Carlos De Oliveira, un trabajador de mantenimiento de la mansión.