La figura del fiscal general del Estado será el foco de las recomendaciones que la Comisión Europea haga a España en su informe anual sobre el estado de derecho de los estados miembros. Fuentes conocedoras del contenido del documento anticipan que tras la reforma acordada por el PSOE y el PP del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bruselas hará hincapié en la independencia del Ministerio Público. 

Ya en el informe de 2023 y también en el 2022, la Comisión alertaba que la coincidencia en el tiempo de los mandatos del Gobierno y del fiscal general del Estado podía suscitar un debate acerca de la independencia del jefe de los funcionarios garantes de la legalidad en España. En 2022, cuando la fiscal general era la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, el documento reseñaba que “la propia fiscal general del Estado ha insistido públicamente en la necesidad de reformar el Estatuto de la Fiscalía”.

En 2023, se insistió en que pese a los cambios legislativos en la Fiscalía, se seguía sin separar los mandatos, algo que “se ha planteado como motivo de preocupación por parte de las partes interesadas. Se está debatiendo si la disociación de estos mandatos requeriría una reforma de la Constitución”, recogía el informe anual. El Estatuto fiscal recoge que el fiscal general del Estado (actualmente Álvaro García Ortiz), sea nombrado por el Gobierno al inicio de la legislatura y cese igualmente cuando el Ejecutivo lo haga. Una de las garantías de independencia sobre esta figura está en que una vez designado, el gobierno de turno ya no puede cesarlo a no ser que él mismo dimita, pero Europa apuesta por intentar desacompasar los mandatos del Poder Ejecutivo el jefe del Ministerio Público para dotar esta figura de más autonomía. 

Por otra parte, el mismo documento menciona que desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) se alertaba de que tampoco se habían tomado medidas “para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa del Ministerio Fiscal”. Cualquier petición de la Fiscalía en lo referente a medios, viajes, actividades o formación tiene que pasar por el aval del Ministerio de Justicia porque esta institución no tiene presupuesto propio como sí lo tiene, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que gobierna a los jueces. Por todo esto, la Comisión consideraba que se había ignorado esta recomendación.

El documento de la Comisión Europea llegará en un momento particularmente complejo para García Ortiz porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) acaba de pedir que sea investigado por revelación de secretos tras la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Él le acusa de revelar datos sobre la investigación abierta en el Ministerio Público por un fraude fiscal que su propio abogado terminó reconociendo. 

García Ortiz fue el último responsable en la distribución de una nota de prensa que detallaba cronológicamente cómo había sido el intercambio de información entre el acusado por fraude y la Fiscalía. La doctrina del Supremo complica el horizonte judicial del fiscal general y deja en manos de Manuel Marchena una imputación que podría llegar después del verano, como informó este medio. Precisamente desde el Partido Popular han denunciado que "García Ortiz lleva demasiado tiempo ejerciendo como el ministro 23 de Sánchez”, una acusación de falta de independencia, con la que puede coincidir la Comisión Europea.

Menciones a la Ley de Amnistía y CGPJ

No se esperan tampoco menciones a la Ley de Amnistía. El Ejecutivo comunitario estaría evitando posicionarse sobre una norma que enfrenta al Gobierno y a la oposición y sobre la cual se puede tener que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si se plantean cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. De esta forma la Comisión logra no anticipar la postura de Europa ante una norma que ha dividido las voces jurídicas en España y no lanzar un mensaje que pueda capitalizar ningún partido político. 

Otra de las recomendaciones que estaban ya siendo habituales en el documento del ejecutivo comunitario era la renovación del CGPJ, pero en esta ocasión, esta medida ya se dará por completada. Las mismas voces indican que el documento se redactó antes de que ambas formaciones políticas presentaran el acuerdo para su reforma, por lo que la Comisión no entrará a evaluar los cambios y los nombramientos acordados por PP y PSOE.

En junio de este año las dos fuerzas políticas pactaron la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, estuvieron de acuerdo en presentar una proposición de ley orgánica para reforzar la independencia del Poder Judicial -otra de las recomendaciones del Ejecutivo comunitario-, así como nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El pacto fue transversal y logra, por ejemplo, evitar las puertas giratorias en materia de Justicia de forma que un juez que quiera volver a la carrera tiene que estar dos años en el “congelador” sin dictar sentencia; o prohíbe igualmente que un fiscal general del Estado venga directamente de la política como ocurrió con Delgado. 

Con este asunto resuelto, la Comisión se centrará ahora en que recomendarle a España que dote de más independencia al Fiscal General del Estado y que lo haga no solo cambiando los mandatos para que no coincidan el nombramiento con la elección de un nuevo gobierno, sino también para garantizar la independencia de esta figura con respecto al poder ejecutivo.