"El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años" dijo Nicolás Maduro en un mitin electoral la semana pasada. Y no le falta razón. Por primera vez en 25 años, desde que Hugo Chávez llegara al poder en 1999, el chavismo afronta unas elecciones donde las expectativas de un cambio de Gobierno son factibles. Lo que está por dirimir es si estas expectativas, en caso de que la oposición gane en las urnas, se traducirán en hechos concretos, en un cambio político real, y si el régimen entregará el poder voluntaria y pacíficamente.

En ese mismo mitin, Maduro afirmó que será en estos comicios donde se decida "si viene una Venezuela de paz, o viene una convulsa, violenta o llena de conflicto. Paz o guerra". También ha augurado un "baño de sangre", producto de "los fascistas" (en referencia a la posición, articulada en torno a la figura de María Corina Machado), si no ganan ellos las elecciones.

No obstante, no está tan claro quién provocaría qué. En 2023, según los datos de la plataforma Encovi, la mitad de la población vivía en un estado de pobreza multidimensional, donde las personas más pobres ganaban entre 30 y 35 veces menos que quienes tenían mayores ingresos. Millones de venezolanos dependen, directamente, de las ayudas del Estado para sobrevivir, que en muchos casos no son suficientes para cubrir los gastos básicos.

Aumento de detenciones arbitrarias

En abril de este año, Amnistía Internacional (AI) denunció la "alarmante escalada de persecución contra voces críticas y disidentes". La entidad señala, entre otras cuestiones, que el sistema público de salud está colapsado, que las fuerzas de seguridad responden con medidas represivas a las protestas pacíficas, y que quienes critican al gobierno son objeto de "detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial". El Ejecutivo chavista ha reconocido 455 casos de desaparición forzada desde 2015.

Precisamente, uno de los síntomas que indica que el régimen llega a estas elecciones más debilitado que en otras ocasiones es el aumento de detenciones injustificadas, al menos 76, que se han producido durante los últimos días, entre las que se incluye el jefe de seguridad de Machado. La ONG venezolana Laboratorio de Paz, en unas cifras recogidas por la Agencia EFE, ha advertido sobre el aumento de detenciones contra la oposición, de la violencia estatal y del uso de portales virtuales públicos para hacer campaña a favor de Maduro.

Además, AI también resalta que en 2023 el número de personas que huían del país era elevado, que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva estaba seriamente afectado y que persiste la violencia sexual contra mujeres y niñas. Los datos de La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela indican que hay 7.774.494 de venezolanos refugiados en el mundo como consecuencia de la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Según las estadísticas del Banco Mundial, la población ha bajado de 30,7 millones en 2016 a 28,3 en 2022.

Por tanto, en caso de que Maduro retenga el poder tras las elecciones, es de esperar que Venezuela continúe por la senda que le ha llevado a ser una de las naciones más pobres de América y a ser considerado, junto a Cuba y Nicaragua, el único país del continente que no es libre.

Precisamente este viernes 26 de julio la delegación del PP, que viajaba a Venezuela para asistir a la jornada electoral de este domingo, fue expulsada por el régimen de Maduro y repatriada a España, mismo caso que el del exdiputado de Vox Víctor González, quien acudía al país como turista "para acompañar" a los venezolanos y poder celebrar "mañana, ojalá, viva Venezuela libre". La oposición venezolana ha denunciado los hechos.

María Corina Machado, líder moral de la oposición

El régimen, como consecuencia de la presión internacional, firmó en octubre de 2023 junto a la oposición los Acuerdos de Barbados, tutelado por Estados Unidos, que recogían una serie de compromisos de corte electoral y político para estas elecciones. Es decir, un pacto para respetar el resultado de las urnas, así como el desarrollo normalizado de la campaña electoral. Sin embargo, pronto empezaron a incumplirlos. Tres meses después, en enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, inhabilitó a Machado en una decisión justificada en su apoyo a las sanciones de EE.UU. contra el régimen y su respaldo a Juan Guaidó, después de que éste se proclamara presidente interino en enero de 2019.

Inhabilitada Machado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tuvo que buscar otro candidato. El elegido fue Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera de corte moderado que ha sido embajador en Argelia y Argentina, al que la mayoría de encuestas le dan como vencedor. González, por tanto, será el presidente si la oposición logra arrebatarle el poder a Maduro en estas elecciones, que van a tener lugar en un contexto muy diferente a las últimas de 2018.

Aquel año, las fuerzas antichavistas optaron por abstenerse por considerar que los comicios eran fraudulentos, como apuntó buena parte de la comunidad internacional, que cuestionó la reelección de Maduro. Para este domingo, la PUD cuenta con 600.000 voluntarios que “defenderán el voto” en cada mesa electoral. Tras el veto del régimen a la observación de una misión de la Unión Europea (en un nuevo incumplimiento de los acuerdos firmados), el peso de la vigilancia del proceso recaerá completamente sobre ellos.

A pesar de las amenazas de Maduro, Machado no ha dudado en hacer campaña por todo el país. "Ya no infunden miedo como antes, más bien al contrario. Va a ser una fiesta cívica donde todos los venezolanos vamos a estar en la calle ejerciendo nuestro derecho y defendiendo nuestro voto". Si finalmente la oposición consigue llegar al poder, en el horizonte venezolano se perfilarán, por primera vez en 25 años, políticas liberales en materia económica y social que tratarán de revertir los efectos de más de dos décadas de intervención estatal, que si bien en un primer momento convenció a una parte significativa de las clases populares, acabaron convirtiendo a Venezuela en un estado fallido sumido en la pobreza, en la corrupción y en su derivada: la violencia política.