Cada vez son más los países concienciados con el efecto del uso abusivo e inapropiado de las herramientas digitales por parte de niños y jóvenes. Este martes, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado en el parlamento que su gobierno tiene intención de prohibir el uso de redes sociales a niños y adolescentes antes de final de año. El proyecto llega pocos meses después de que el gabinete laborista destinara una partida presupuestaria a desarrollar un software piloto de control de acceso por edad a redes sociales, páginas web y servicios online.

El anuncio de Albanese se produce un día después de que el estado de Australia Meridional informara de su propio plan de restricción de acceso a aplicaciones y sitios web para menores de 14 años. Y responde a una promesa electoral ya dada en junio por el líder de la oposición, el liberal Peter Dutton, de cara a los comicios federales que se celebrarán en 2025: prohibir el acceso a redes sociales de los menores de 16 años en los primeros 100 días de mandato.

Pese a las intenciones del gabinete australiano, que todavía no ha decidido si en su proposición de ley fijará la edad límite en 14 o 16 años, no está claro cómo se pueden llevar a cabo estas restricciones de una manera eficaz. La mayoría de los sistemas de control de acceso, como el que ya funciona en fase de pruebas en Reino Unido, están vinculados a la mayoría de edad. De hecho, los métodos de validación están asociados con protocolos de confirmación mediante cuenta bancaria, tarjetas de crédito, proveedores de telefonía móvil o el cotejo de una fotografía del usuario con su documento de identidad.

El problema de la verificación

Empresas como Meta, matriz de Facebook e Instagram, apuestan por la verificación por dispositivo, lo cual obliga a las empresas proveedoras de las aplicaciones de redes sociales –Google y Apple, a través de las respectivas tiendas de Android e iOS– a comprobar la edad de las personas antes de facilitar la descarga e instalación de dichas aplicaciones. Estos procesos de recogida de datos son problemáticos en materia de privacidad. Y pueden exponer a las compañías a demandas por parte de usuarios que se sientan perjudicados por haberse visto expuestos a contenidos inapropiados debido a barreras de control débiles.

En España, el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales presentado en junio por el Gobierno establece que los menores de 16 años no podrán acceder ni registrarse en redes sociales, en consonancia con la normativa europea de protección de datos, que establece una horquilla de entre 13 y 16 años. Para garantizar la verificación de edad, la Agencia Española de Protección de Datos trabaja con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en una herramienta eficaz que debería estar lista antes del final de este verano.