El Consejo de Europa considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña constituye una "gran fuente de preocupación". El organismo opina que aplicar este mandato judicial supone incumplir los compromisos que España asume en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.

"El Comité de Expertos también está especialmente preocupado por varias decisiones judiciales adoptadas por Tribunales Superiores de Justicia (Tribunales Superiores de Justicia a nivel regional, y posteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo español. Algunas de estas decisiones no son compatibles con los compromisos ratificados por España en virtud de la Carta. En este contexto, las autoridades estatales deben adoptar todas las medidas necesarias para necesarias para remediar la situación y garantizar la correcta aplicación de todos los compromisos asumidos", indica el Consejo en el informe.

La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias fue ratificada por España en 2001 y en ella se compromete a promover y proteger lenguas como el catalán, en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña; el Euskera, en el País Vasco y Navarra; el gallego, en Galicia y el aranés en Cataluña. Sin embargo, el organismo apunta que la decisión del TSJC pone en peligro este compromiso.

Además, el informe señala que no es solo una preocupación en Cataluña, sino que la sentencia también puede tener impacto sobre el sistema educativo en Baleares, donde también se puede ver reducido el porcentaje de alumnos que utiliza el catalán. Por otra parte, considera que la reforma educativa de la Comunidad Valenciana, que también reducirá la presencia del valenciano, es otra "gran preocupación".

El documento del Consejo de Europa muestra una perspectiva distinta al que aprobó la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la pasada legislatura. Ese informe es fruto de la misión a Cataluña, llevada a cabo en diciembre de 2023 por una docena de eurodiputados y muestra su preocupación por que el régimen lingüístico catalán limite en la práctica la libertad de circulación europea.

El borrador del texto ya alertaba sobre la "falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial" -la del TSJC sobre el 25%- que empujaría a los ciudadanos a "solicitar una reparación judicial para su propio caso de forma individual"; ahora, mediante una enmienda aprobada, "hace un llamamiento a las autoridades catalanas para que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia".

Compromiso del Govern

El anterior govern de la Generalitat, liderado por Pere Aragonès, recurrió el fallo del TSJC alegando que quien había impulsado la obligatoriedad del 25% del castellano en las aulas no estaba legitimado para ello. Además, añadía que esta obligación no podía ser ejecutada.

El nuevo president, Salvador Illa, no se ha pronunciado recientemente sobre esta sentencia, pero el acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana deja claro que la intención del ejecutivo catalán es la de defender que el catalán es "la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado".

El texto, pactado entre los socialistas y ERC, no hace ninguna mención a la aplicación de esta sentencia pero sí hace hincapié en el impulso del catalán. "El retroceso del uso social de la lengua catalana exige dar continuidad y seguir reforzando con la máxima ambición y consenso la política lingüística, con especial atención a la defensa del modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de la lengua, a su normalización y fomento en todos los ámbitos, y a la garantía de los derechos lingüísticos", reza el acuerdo.