La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) no puede investigar el pago en metálico que recibió Alvise Pérez porque se produjo antes de que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) se convirtiese en eurodiputado. Así lo confirman fuentes de la institución que señalan que excede a sus competencias dirimir si la transacción se produzco de forma ilegal, como él mismo reconoció este jueves.

"Las investigaciones administrativas internas podrán abordar denuncias de faltas graves que afecten al personal y a miembros de las instituciones, órganos y organismos de la UE, infracciones éticas graves o acoso", recoge la descripción de las funciones de la OLAF.

Sin embargo, el cobro de 100.000 euros que el exsocio de Alvise, Álvaro Romillo Castillo, proporcionó al ahora eurodiputado está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que debe decidir si abre una investigación. Así pues, son las autoridades nacionales las que podrán afirmar si se produjo un delito de financiación ilegal durante la campaña de las elecciones europeas.

Desde la OLAF explican a este periódico que si el pago se hubiera producido después de los comicios, sí podrían investigarlo, aunque tampoco estarían obligados a ello. En ese caso, sería una cuestión similar a la que destapó el Qatargate, que acabó con la detención de la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, así como de dos eurodiputados.

Dentro de las competencias de la oficina antifraude está la investigación de declaraciones falsas o la aportación de documentos falsos, los conflictos de intereses o las actividades exteriores no declaradas; el incumplimiento de los deberes de discreción y confidencialidad, el acoso en el lugar de trabajo, las infracciones éticas y la malversación de fondos de la Unión Europea.

Tampoco el Parlamento Europeo tiene ningún mecanismo para penalizar la financiación dudosa del grupo político de Alvise, que logró tres asientos en la Eurocámara, tras las elecciones del pasado 9 de junio. Fuentes del Parlamento subrayan que se trata de un "procedimiento nacional" y que no hacen comentarios sobre casos individuales ni sobre procesos judiciales en curso.

Alvise reconoce el fraude fiscal

Después de las informaciones publicadas, Alvise decidió enviar un vídeo a través de su canal de Telegram en el que reconoce que cobró los 100.000 euros como autónomo y sin facturas. Cabe recordar que los pagos de particulares a formaciones políticas están limitados por ley a los 50.000 euros y, por esta razón, el eurodiputado se enfrenta ahora incluso a penas de cárcel.

En el vídeo difundido este jueves, hace un llamamiento a no pagar impuestos. "Todo impuesto que podáis evitar no lo paguéis, que se acabe la fiesta", anima el líder de SALF.

"Estoy aquí para confesarme ante las millones de personas que me leéis desde hace años. A los más de 800.000 españoles que me habéis votado y a los cientos de jueces, políticos, periodistas, medios y canales de televisión de este país. No necesito ningún juez. Soy culpable", confesó Alvise.

"Me llamarán corrupto por una factura sin IVA, pero ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral, para llegar donde está?" Y, sin reparo, ha llamado a sus seguidores a seguir el ejemplo: "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis", concluyó.

La relación entre Alvise y Romillo

Romillo ha acudido esta semana a la Fiscalía a denunciar el pago que realizó a Alvise y se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación. Ambos intercambiaron mensajes solo unos meses antes de las elecciones europeas y se fraguó una colaboración en la que Alvise recibía dinero que escapaba al control del Tribunal de Cuentas y al fundador del Madeira Investment Club le prometía influencia y lobby si lograba entrar en la Eurocámara.

El Madeira Invest Club era una plataforma de inversión que tocaba desde criptomonedas hasta bienes en República Dominicana, conocidos restaurantes en Madrid, yates, relojes, coches y una larga lista de lujo. Pero todo resultó ser una gran estafa que, según los afectados, puede rondar los 60 millones de euros. La empresa cerró en agosto de 2024 y sospechan que se han vaciado las cajas fuertes de la segunda sociedad donde guardaban el efectivo para que no fuera fiscalizado, Sentinel --la que dio supuestamente el dinero a Alvise Pérez.

El vínculo entre Romillo y Alvise se fue estrechando como se observa en las conversaciones con llamadas y encuentros, y pasan de hablar por WhatsApp a utilizar otros medios de mensajería más seguros. Todo está incorporado a la denuncia a través de pantallazos que el propio Romillo ha llevado a la Fiscalía, como ha publicado este periódico.

La denuncia está en manos del Tribunal Supremo, dado el aforamiento de Alvise tras acceder al Parlamento Europeo. Su declaración de bienes, aportada el 16 de julio como obliga la regulación parlamentaria, sorprendió, dado que, a diferencia de sus dos compañeros de escaño por SALF, Diego Solier y Nora Junco por su actividad privada que venían ejerciendo, Alvise no declara ninguna cifra. Simplemente recalca ingresos por donaciones esporádicas por su papel como asesor en comunicación política. Pero no detalla números.