Después de la recuperación, llegó la competitividad. Conseguir que las empresas europeas puedan desarrollar su negocio en igualdad de condiciones que las estadounidenses o las chinas es el objetivo más repetido por la Comisión Europea. Ya durante la pasada legislatura, la competitividad fue una de las obsesiones del ejecutivo comunitario. La palabra en cuestión entró en la agenda a la sombra del inflation reduction act (IRA), el plan fiscal más ambicioso de la administración de Joe Biden para potenciar los negocios estadounidenses.

A ambos lados del Atlántico, la transición ecológica exige inversiones millonarias. La expansión del coche eléctrico forma parte de la misma, pero son vehículos más caros que los que funcionan con combustibles fósiles y para producirlos, se precisan materias primas críticas que son escasas y caras y por las que compiten empresas en todo el mundo. El IRA, aprobado en agosto de 2022, venía a acelerar estas inversiones, a facilitar la compra de los coches eléctricos y facilitar la provisión de materiales indispensables.

El plan de Biden premia a las compañías que producen sus bienes en territorio estadounidense. La economía más fuerte del mundo viraba así hacia el proteccionismo y anunciaba presupuestos millonarios para atajar la crisis climática y reducir la dependencia de energías contaminantes.

A la vez, el IRA perjudica a las compañías europeas, con ayudas de estado más estrictas y con una entrada más compleja a un mercado inmenso, como es el estadounidense. Los think tanks europeos se pusieron a estudiar los efectos y determinaron que aunque era difícil cuantificar cuántos millones de euros podrían perder las empresas del Viejo Continente, estaba claro que la apuesta de Estados Unidos por ser líder en energías verdes suponía un escenario complejo para ellas.

Estados Unidos decidió tirar de músculo fiscal y proporcionar subvenciones y créditos fiscales, mientras la fragmentada Unión Europea asumía una deuda de 750.000 millones de euros para  financiar los planes de recuperación de los estados miembros. 

El plan de acción estadounidense obligaba a la Unión Europea a reforzar el mercado único y a competir como un solo actor en el tablero de juego internacional. En septiembre de 2023, solo un año después de que el IRA se aprobase y unos meses después de su entrada en vigor, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, encargó al ex primer ministro italiano Mario Draghi un informe para mejorar la competitividad de los 27.

Además, se flexibilizó el marco de ayudas de estado para permitir que los países dotaran de apoyo financiero a determinadas empresas que sufrieran las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Teresa Ribera, candidata a convertirse en la próxima comisaria de Competencia, ya ha anunciado que va a reformar este marco para simplificarlo y para garantizar que los países tienen herramientas suficientes para apoyar al tejido productivo.

Después de las elecciones

Tras las elecciones en Estados Unidos, la Unión Europea continuará trabajando por la competitividad de sus empresas. No solo lo ha expresado así la presidenta de la Comisión Europea, sino que además es la única forma de evitar la “lenta agonía” de la que alertaba Draghi en el documento que presentó ante el Ejecutivo comunitario.

Reforzar la industria, cerrar la brecha de la innovación frente a Estados Unidos y mejorar la autonomía estratégica frente a China, de donde vienen la mayoría de materias primas fundamentales para la transición ecológica y digital, son algunos de los retos identificados en el informe. Si algo se repite en el documento, es que Bruselas tiene que hacer de la transición ecológica un motor de crecimiento económico. 

En cuanto a Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata demócrata, ha expresado las bondades del plan de Biden durante sus mítines de campaña. Si la victoria es para el candidato republicano, Donald Trump, las prioridades de inversión de la Casa Blanca podrían ir en otra dirección, aunque continuarían bajo el lema ‘Make America Great Again’, es decir, protegiendo los intereses de las empresas estadounidenses.