Las autoridades marroquíes han deportado en las últimas horas a dos activistas noruegas que se encontraban en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Investigaban los controvertidos proyectos en energías renovables impulsados por Rabat en la ex colonia española, el último territorio por descolonizar de África.

“Después de que nos detuvieran, tuvimos diez minutos en nuestra habitación para recoger nuestras cosas, antes de que nos dijeran que subiéramos a un taxi que nos traería hasta Agadir”, relata a El Independiente Ingeborg Sævik Heltne, una investigadora de 25 años que que trabaja en el Consejo Noruego para África y es autora de una tesina sobre cómo Marruecos utiliza el sector de las renovables para consolidar cerca de medio siglo de ocupación.

Junto a Vivian Kaulen Nedenes, estudiante y miembro del consejo central de las Juventudes Socialistas de Noruega, Heltne se hallaba desde el viernes en los territorios ocupados del Sáhara para entrevistar con población saharaui. "Llegamos a El Aaiún sobre las 7 de la mañana del viernes en autobús. Fuimos interrgadas por la policía y nos revisaron los pasaportes mientras estábamos en el autobús. No lo hicieron con nadie más", narra la joven. "Cuando llegamos al hotel, nos dijeron que la policía había ido a preguntar por nosotras y que esperáramos que nos siguiera la policía de paisano, como así fue".

Vigilancia estrecha desde su llegada

A mediodía de este sábado fueron detenidas por unos 25 agentes de la policía marroquí de paisano cuando se encontraban reunidas con Sidi Mohammed Daddach, un activista saharaui que permaneció 24 años entre rejas y que es apodado el “Mandela saharaui”. "Cuando ayer salimos del hotel para visitar a Sidi Mohammed Daddach, vimos que la policía nos seguía en moto. Sin embargo, no nos detuvieron ni nos retuvieron hasta hora y media después, cuando empezaron a llamar a la puerta de la casa de Daddach para pedirnos que saliéramos", rememora.

"Cuando salimos, nos recibieron más de 20 hombres de paisano, la mayoría de ellos filmándonos, y nos dijeron que entregáramos nuestros pasaportes. También me registraron el bolso. Cuando preguntamos por qué nos llevaban, nos dijeron que a los turistas sólo se les permitía entrar en el centro de la ciudad, y no en la zona en la que estábamos. Nos metieron en un taxi y nos llevaron al hotel, donde tuvimos diez minutos para hacer las maletas. Después nos registraron los teléfonos y nos dijeron que no podíamos hacer fotos en público sin permiso escrito de Rabat", agrega en conversación con este diario.

La negativa a identificarse y las prisas hicieron que la situación fuera muy incómoda

Las dos jóvenes habían sido sometidas a una estrecha vigilancia desde que llegaron al enclave dos días antes. Dos de los hombres de paisano fueron identificados como el vicegobernador de El Aaiún, y otro era el jefe de seguridad regional marroquí. Los agentes las escoltaron fuera de la vivienda y las trasladaron al hotel para que recogieran sus pertenencias.

"En ningún momento se identificaron, ni siquiera cuando se les preguntó, y las pocas preguntas que respondieron lo hicieron con muy pocas palabras. Nos dijeron que nos habíamos encontrado con gente 'sin autoridad' y que teníamos que irnos. Nos dijeron que volviéramos al taxi y que nos llevaría a Agadir. Cuando preguntamos por qué íbamos en taxi y no en autobús, nos dijeron que no teníamos permiso para coger el autobús. Nos dijeron que íbamos a Agadir y no nos dieron ninguna otra información. Nos siguieron filmando durante todo el proceso", comenta.

Un taxista-espía

"Nunca llegaron a las manos, pero el número de hombres de paisano, la negativa a identificarse y las prisas hicieron que la situación fuera muy incómoda", admite Heltne. "En el taxi, vimos al conductor grabar varias de nuestras conversaciones. Oímos al conductor hablar de nosotros por teléfono varias veces durante el trayecto. Oímos repetir palabras como escandinavo, El Aaiún, Agadir y Daddach. Era un taxi seleccionado por la policía, y tenemos razones para creer que era el mismo coche que nos recogió en casa de Daddach y que nos llevó hasta Agadir. Tenía las mismas pegatinas en el interior. Así que no nos sentimos libres del control policial hasta alrededor de las 21.30, cuando nos bajaron del taxi lejos del centro de la ciudad de Agadir en la oscuridad", señala.

“Mientras los saharauis no puedan expresarse sobre los proyectos energéticos de Marruecos, deberían sonar serias alarmas para los estados y las empresas que invierten aquí. No sólo es un error apoyar la ocupación, sino que los acuerdos con Marruecos también se tambalean en el terreno jurídico si no se respeta el derecho de los saharauis a la autodeterminación. Y a Marruecos no le interesa en absoluto que se respete ese derecho», denuncia Heltne.

A su juicio, Marruecos utiliza la energía renovable, entre otras materias, “para asentar a ciudadanos marroquíes en el territorio ocupado” en una coyuntura marcada por el varapalo propinado por las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbaron los acuerdos pesquero y agrícola suscritos entre Marruecos y la Unión Europea sin el consentimiento de la población saharaui.

No es la primera vez que sucede un episodio como el padecido por las dos investigadoras noruegas. En las últimas semanas la policía marroquí ha hostigado a los reporteros de Equipe Media, una plataforma de periodista independiente en los territorios ocupados. En mayo de 2023 las autoridades del régimen alauí expulsaron del Sáhara Occidental a Roberto Cantoni, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Dos hombres llamaron a la puerta de mi habitación en el hotel en el que estaba alojado. Uno de ellos me dijo que tenía que marcharme de la ciudad enseguida en un taxi que me llevaría a Agadir”, relató entonces Cantoni a El Independiente.

Estas expulsiones se suman a una larga lista de investigadores, observadores, activistas y periodistas que han sido deportados de los territorios ocupados tras reunirse con población saharaui. Las restricciones ha ido en aumento en el Sáhara Occidental. En su informe anual, Amnistía Internacional denunció que las organizaciones de derechos humanos continuaban sin poder acceder al Sáhara, considerado por Reporteros Sin Fronteras como “un agujero negro informativo” ante el bloqueo permanente y las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las autoridades.