El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha empezado a escoger a los miembros de su futuro equipo. A golpe de publicación en Truth Social -su red social- y a las doce de la noche de este lunes, como ya acostumbraba a hacer cuando era presidente, Trump ha anunciado que su "zar de la frontera" será Tom Homan, y la cabeza pensante detrás de su plan de deportaciones masivas será Stephen Miller. La noticia es relevante porque revela que el expresidente planea emplear la mano dura con la inmigración durante esta legislatura, incluso más que en la anterior.

Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses del martes pasado con un amplio margen. La promesa central de su campaña fue que deportará al mayor número de inmigrantes ilegales de la historia del país, decisión que según su futuro vicepresidente JD Vance implicará expulsar a un millón de personas al año. Se calcula que en EEUU viven alrededor de 12 millones de migrantes sin papeles.

Stephen Miller fue asesor de Trump y le escribió discursos durante el mandato anterior, y ahora está organizando lo que el futuro presidente ha calificado como "el mayor programa de deportación en la historia de América", que llevaría a cabo de la mano de los militares y los funcionarios locales, así como del personal federal de inmigración. Junto a Tom Homan, designarán quién hace qué en todo lo vinculado a la migraciones. Este último fue director de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) durante la era Trump y también fue responsable de la política "de tolerancia cero" fronteriza que provocó la separación de miles de niños de sus padres.

Lo de que decidirá quién hace qué será literal, y probablemente no se restrinja solo al terreno migratorio: durante el primer mandato de Trump Miller ayudó a llevar a cabo una purga de altos cargos que no parecían capaces o dispuestos a ejecutar los planes del presidente. A nivel personal, Miller es un supremacista blanco que defiende el nacionalismo y que tiene en contra a grupos de judíos en EEUU.

La cuestión ahora es qué podrá hacer Trump y qué no de todo lo que ha prometido en terreno migratorio. Repasemos algunos de los inconvenientes que se encontrará.

El presupuesto

A Trump ya le costó llevar a cabo las deportaciones prometidas durante su mandato entre 2017 y 2021. Hasta tal punto que en 2023 Joe Biden deportó a más inmigrantes que en ningún año de la Administración Trump: casi 171.000, un 19,5% más que el año anterior. Por eso, el expresidente ha prometido incrementar de forma exponencial esta cifra y ha sugerido que está dispuesto a sacar de Estados Unidos a las 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal de inmigrantes. A menudo los ha llamado "criminales", pese a que los datos oficiales apuntan que los migrantes delinquen menos que los estadounidenses.

"La invasión fronteriza de Kamala es insostenible y ya está rompiendo nuestra sociedad. Las deportaciones masivas de criminales inmigrantes ilegales, y el restaurar un sistema de inmigración ordenado, son las únicas maneras de solventar esta crisis", ha dicho la campaña de Trump en un comunicado enviado a los medios.

Una mujer lleva una pancarta en la que se lee 'Aquí nos quedamos', en una manifestación contra Trump en Nueva York.
Una mujer lleva una pancarta en la que se lee 'Aquí nos quedamos', en una manifestación contra Trump en Nueva York. | EFE/EPA/SARAH YENESEL

El coste de cumplir con su amenaza es lo que más complica que se haga realidad. Según un nuevo informe del American Immigration Council, una firma de investigación en temas migratorios, expulsar un millón de personas del país cada año costaría 88.000 millones de dólares anuales (unos 83.000 millones de euros) y expulsar a 13 millones supondría un gasto de al menos 968.000 millones en total (908.000 millones de euros). Esta cantidad es una estimación, porque todo dependería de qué manera se les expulse, y no tiene en cuenta la pérdida económica que podría suponer para el país que desaparezca toda esa mano de obra.

El personal necesario

Otra estimación del American Immigration Council apunta que para llevar a cabo un millón de deportaciones al año la Administración necesitaría 30.000 nuevos trabajadores, lo que la convertiría en la agencia federal con más personal de todo el Gobierno estadounidense. En caso de que se intente expulsar a más migrantes cada año, el coste subiría al menos hasta los 315.000 millones de dólares anuales, principalmente porque sería necesario contratar personal adicional para llevar a cabo redadas y también construir centros para detenerlos.

Ha sido Miller quien ha mencionado en diferentes ocasiones que el plan es construir centros de detención con capacidad para entre 50.000 y 70.000 personas. ¿Quién los gestionaría? Por el momento se espera que Trump movilice al personal de todo tipo de agencias gubernamentales para conseguir devolver a sus países a un número récord de inmigrantes, pero podría encontrar resistencia en empleados que se opongan por libertad de conciencia, especialmente los que ayudan a los migrantes a solicitar el asilo. Otra opción es reclutar también a militares y diplomáticos para esta tarea.

Según una encuesta de Edison Research, el 39% de los votantes cree que EEUU debe expulsar a la mayoría de inmigrantes ilegales en el país mientras que el 56% cree que deben solicitar un estatus legal. Tom Homan, antes al frente ICE, ya dijo en una entrevista en octubre que el número deportaciones dependerá de personal para llevarlas a cabo y espacio disponible. "Todo depende de cuál sea el presupuesto".

La batalla en los tribunales

Trump planea utilizar una ley de 1798 llamada de Enemigos Alien para deportar rápidamente a aquellos que sean miembros de bandas criminales. Solo se ha utilizado durante la guerra de 1812, la primera y la segunda guerra mundial, con el objetivo de justificar los campos de internamiento de descendientes de japoneses, alemanes e italianos. Sobre el papel, la Alien Enemies Act permite al presidente detener, reubicar y deportar a extranjeros si proceden de un país considerado enemigo de EEUU durante un periodo de guerra.

"Muchos temen que una segunda administración Trump intente usar esta ley para justificar detenciones indefinidas y echar a gente del país rápidamente y sin control judicial", escribió Naureen Shah, de la ONG American Civil Liberties Union (ACLU), y ha reproducido Reuters. Pero por el momento Trump no ha citado países concretos que considere enemigos, con lo que no está claro si realmente usará esta vía.

Si Trump consigue el personal y el presupuesto suficiente para llevar a cabo las deportaciones que promete, los grupos en defensa de la inmigración anticipan una batalla legal para la que ya se están preparando. Es el caso de todos aquellos migrantes que han llegado a EEUU con el permiso de Joe Biden pero que Trump buscará deportar, como aquellos que han usado el CBP One y el programa CHNV, del que se han beneficiado ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En total son más de 1,3 millones de migrantes los que han entrado por esas vías pero aún no han recibido un permiso formal de asilo.

La pérdida de la mano de obra

Otro inconveniente que citan los expertos será la pérdida de mano de obra que provocaría esa deportación masiva. A día de hoy la tasa de paro en EEUU es del 4,1% y lo cierto es que muchos inmigrantes ilegales trabajan en puestos que los americanos rechazan. Aquí cumplir la promesa de la deportación podría llevar consigo que Trump tenga que incumplir otra promesa electoral, la de bajar los precios que asfixian a la población, porque cuanto más difícil les es a las empresas encontrar mano de obra más suben sus costes -intentando así atraer a parados- y, en consecuencia, los precios de sus productos y servicios.