“El campo español está en deuda con los saharauis por demostrar el pillaje de Marruecos”

Entre los agricultores españoles se ha extendido un sentimiento de gratitud al Frente Polisario por haber liderado con éxito la batalla legal contra el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos que durante años han considerado competencia desleal. “Poner en marcha un proceso judicial contra el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos es algo que nosotros no hemos hecho pero siempre hemos denunciado que era un acuerdo ilegal que vulneraba las reglas del comercio”, señala en conversación con El Independiente Andrés Góngora, representante estatal de Frutas y Hortalizas de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Góngora, un agricultor almeriense dedicado al cultivo del tomate, conoce bien las prácticas del país vecino. Las ha denunciado sin descanso. “El campo español está en deuda con los saharauis y con el Frente Polisario”, apunta Góngora. “Son ellos los que se han arriesgado económicamente para iniciar este proceso judicial. De forma indirecta han ayudado al sector agrario español en una reivindicación histórica que es posicionarse en contra del acuerdo de asociación en materia agrícola”, agrega.

De forma indirecta han ayudado al sector agrario español en una reivindicación histórica

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbaron definitivamente el mes pasado los acuerdos agrícola y pesquero suscritos entre los Veintisiete y el régimen alauí al considerar que se firmaron sin el consentimiento del pueblo saharaui y que supone una explotación ilegal de los recursos naturales de la ex colonia española, ocupada desde 1976 por Marruecos y el último territorio de África pendiente de descolonización.

Hace 14 años COAG entabló relaciones con el Polisario con el trasfondo de esta iniciativa que ha terminado en victoria y que, a juicio de Góngora, enseña las costuras de Marruecos y de su opaco sector agrícola. “Demuestra que Marruecos como Estado es un socio desleal con la Unión Europea. Este acuerdo fue una imposición de Marruecos en la negociación a sabiendas de lo que se estaba haciendo y ha llevado a la UE a meterse en una trama en la que jamás tenía que haber entrado. Bruselas se doblegó ante el chantaje de Marruecos”, arguye.

“Lo que queda demostrado es que Marruecos no es el socio fiable que el propio gobierno español quiere deslizar. Todo lo contrario: es un Estado que utiliza todas sus armas para sus intereses propios y le da igual absolutamente todo, incluso las cuestiones que tengan que ver con derechos humanos”, aduce. Según el representante de COAG, el enemigo “no es el pueblo ni el agricultor marroquí”. “Es un asunto de élites, que son un enemigo del agricultor español. De hecho, los acuerdos de asociación no han servido para beneficiar a la clase trabajadora marroquí, todo lo contrario. Son 30 años de acuerdo. El campo marroquí no ha progresado en base al acuerdo”.

Lo que queda demostrado es que Marruecos no es el socio fiable que el propio Gobierno español quiere deslizar

“Nos preocupa que a veces se quiera utilizar demasiado el choque, que nos quieran llevar a un choque entre unos agricultores y otros. Y nosotros tenemos contacto con agricultores marroquí y no son ellos los que tienen acceso al mercado europeo. El acuerdo no está pensado para la población rural marroquí, sino para los grandes poderes económicos, que son los que se han beneficiado del acuerdo. Ese sí es nuestro enemigo”, apostilla.

"Son unos delicuentes"

A su juicio, el acuerdo ya anulado es “un acto de pillaje”. “Se han aprovechado y se siguen aprovechando de eso porque lo que hay detrás de los acuerdos es el incumplimiento de las normas europeas y la evasión de impuestos. Y evidentemente se aprovechan de que la relación con Marruecos es tensa y de que no se quiere tensar por parte de España ni de Europa, y se aprovechan para poder eludir el tema de cumplir con los derechos que en Europa se tienen, tanto laborales como fiscales. Por decirlo en términos coloquiales, han sido los pillos los que se están yendo allí a producir, en este caso, fondos de inversión muy potentes”. “Están defraudando y, por tanto, son unos delincuentes”.

Góngora también sitúa bajo escrutinio a las cadenas de supermercados europeos. “Han visto con buenos ojos esta situación de desregulación y liberalización comercial, porque se aprovechan de tener en el mercado un producto con el que ellos pueden negociar. Lo que el supermercado europeo hace con el producto de Marruecos es presionarnos a nosotros, a los productores europeos, con precio a la baja”.

La corte europea ha concedido una prórroga de un año al acuerdo agrícola. El pesquero, sin embargo, venció en julio de 2023. Desde el anuncio de la sentencia, el ministro de Agricultura y Pesca Luis Planas ha lanzado declaraciones tranquilizadoras. En un viaje a Marruecos el mes pasado, el socialista -ex embajador de España en el país- manifestó que España y Marruecos están analizando las consecuencias de estas sentencias "pero de una forma optimista", para hallar "soluciones de futuro" con "una base constructiva y mutuamente decidida" por la UE y Marruecos.

Unas declaraciones que no comprenden entre los agricultores españoles. “Cuando el ministro dice que 'nadie se preocupe' y que el Gobierno va a trabajar para que la situación no cambie, ¿a quién se lo dice? Se lo estará diciendo a quien se está beneficiando de la situación actual. Y no somos los agricultores españoles, ni mucho menos. ¿Quién puede estar preocupado? Pues efectivamente, los que se han ido a producir, los fondos de inversión, los supermercados, todo el que está metido en este comercio”. Góngora reconoce que, mientras la Comisión Europea sí se ha reunido en las últimas semanas con las asociaciones agrarias para abordar la sentencia, el ministerio no ha establecido contacto alguno.

Temor a un nuevo acuerdo

Las manifestaciones de funcionarios europeos y políticos españoles alimentan ahora el temor de que se busque un atajo para mantener la asociación con Rabat. “A nosotros nos da miedo una nueva negociación porque Marruecos apretará y no aceptará un acuerdo que no incluya al Sáhara Occidental”, desliza. “Estoy convencido de que van a a hacer alguna trampa. No lo tienen fácil pero me temo que alguna sorpresa nos vamos a llevar. Conociendo cómo se las gasta la Comisión y Marruecos, nos podemos esperar cualquier cosa”.

En este contexto, Góngora subraya el papel del consumidor. “Se está hablando más abiertamente del producto que llega de Marruecos”, agrega. Una de las sentencias europeas obliga a etiquetar con origen del Sáhara los tomates y melones procedentes del territorio ocupado por Marruecos. “El consumidor empieza a percibir que hay un producto que viene de un sitio que no genera confianza y es un factor a tener en cuenta”.

Una obligación de precisar el origen que en Góngora suscita recelos sobre su cumplimiento futuro. “Van a tratar de saltárselo con la triangulación de Agadir, la localidad marroquí en la que se encuentran las empresas de tratamiento. La Comisión tiene que exigir que se demuestre la trazabilidad. Hay posibilidades legales, si se quiere, de poder controlarlo. Tenemos muchas dudas de que realmente se vaya a hacer porque para Marruecos es imposible que exista una etiqueta en una caja que ponga origen Sáhara Occidental. Sería el reconocimiento implícito del Sáhara como Estado”, concluye.